El cruel arresto de Yolanda, madre de una joven con cáncer, aumenta la tensión migratoria en California

La cruel ofensiva de Donald Trump contra los migrantes ha puesto bajo los reflectores los nombres de personas como Yolanda Magallón Pérez. Su detención por agentes de ICE se registró hace unos días y fue filmada por vecinos de El Monte, una ciudad al este de Los Ángeles. El arresto, junto a su hijo mayor Jonathan, provocó un efecto dominó que ha roto el frágil equilibro con el que viven miles de familias latinas en Estados Unidos. Yolanda era la principal encargada de cuidar de su hija Xitlali Tejeda, de 21 años, y quien está enferma con un cáncer óseo que la mantiene en una silla de ruedas. La aprehensión ha causado una ola de indignación en California y pequeñas protestas en las calles y frente al centro de detención de inmigrantes donde Magallón está recluida desde finales de febrero.

“Fue una detención de mala voluntad”, señala el abogado David Acalin, quien defiende a la mujer. Esta, una mexicana de 50 años en Estados Unidos desde 2002, fue arrestada cuando salió de su casa a mover su coche. En cuanto puso un pie fuera de su domicilio, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) se bajaron de varios autos sin placas para interrogarla. Ella guardó silencio mientras varios vecinos eran testigos.

- Todo está bien, tú no has hecho nada - le dice uno de sus cuatro hijos mientras graba con su teléfono como su madre es esposada, el pasado 24 de febrero.

- Pero me van a llevar - dice ella.

Yolanda fue escoltada a una camioneta minutos después a pesar de que su expediente criminal está prácticamente limpio. Solo cuanta con un delito menor de robo cometido en 2005, asegura su defensor.

Jonathan Tejeda, hijo de Yolanda y hermano de Xitlali, salió de la casa con todo el ruido. También fue detenido por los agentes. A diferencia de su madre, tiene un “largo y colorido” pasado criminal, de acuerdo a Acalin, quien también lo defiende legalmente. Ya se ha reformado, de acuerdo a la familia, quien argumenta que las autoridades lo buscan por un crimen cometido hace una década y que ya ha sido pagado. Una de sus principales responsabilidades dentro de su nueva vida es ser el principal sustento económico del hogar.

Yolanda es lo que ICE considera un arresto colateral. No era el principal objetivo de los policías de inmigración, pero ha sido arrastrada por la agresiva campaña que Trump puso en marcha tras su vuelta a la Casa Blanca. Magallón se encuentra dentro del centro de detención de Otay Mesa, en San Diego, en la frontera con México, una prisión que sirve de lanzadera para las expulsiones y deportaciones de indocumentados a otros países.

Xitlali asegura que hace un año comenzó a expandirse su osteosarcoma (cáncer de hueso). Ahora se encuentra en su segundo ciclo de quimioterapia. Esto, aunado a una cirugía, la ha dejado postrada en una silla de ruedas. “No puedo caminar ni ir al baño sola”, ha señalado a la prensa. Yolanda la ayudaba a bañarla, a cambiarse y le preparaba la comida. “Ahora que no la tengo todo está difícil, ni he comido bien. Todo lo que pienso es qué va a pasar con ella”, afirma.

Tejeda se ha quedado sin Yolanda y sin Jonathan, que ayudaba a la economía familiar. La familia ha recibido ayuda de la oficina de Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, quien se ha ofrecido a cubrir parte de la renta de la casa para evitar que los tres hijos de Yolanda se queden en la calle. La familia también ha lanzado una petición para recibir ayuda económica. No es para su tratamiento, sino para la batalla legal que la familia enfrenta. “Con ellos en riesgo de ser deportados, mi salud está en mucho peligro. Pido ayuda a la comunidad para que pueda pagar un abogado”, dice Xitlali.

En apoyo a Yolanda

Yolanda ha tenido este jueves su primera audiencia de arraigo frente a un juez, lo que marca el inicio de su caso. Su abogado busca que el togado acceda a que la mujer pueda salir bajo fianza y siga su proceso en libertad. Acalin ha enviado al juez del caso los documentos y el expediente que prueban la dependencia de Xitlali. Aún así, no es demasiado optimista sobre que esto sea suficiente para que Yolanda permanezca en territorio estadounidense. El caso sería diferente si la paciente fuera menor de edad, ya que las normas contemplan estas situaciones con un procedimiento llamado “cancelación de la expulsión”.

Mientras Acalin lleva el proceso legal, hay un grupo de activistas locales y beneficiarios del DACA (conocidos como dreamers) que están ejerciendo presión en las calles. “Exigimos que ICE y los tribunales reconozcan los costos de separar a una madre de su hija, en especial cuando esta hija está luchando por su vida”, aseguró Flor Martínez, una de las organizadoras de la manifestación en favor de Yolanda que se ha realizado a las afueras del centro de detención.