Incertidumbre y miedo en la cooperación al desarrollo ante la congelación de los fondos de USAID: “Es una medida racista”

María tuvo el lunes 90 minutos para cerrar cualquier pendiente en su trabajo antes de entrar en un periodo de incertidumbre y miedo. Envió correos para que los miembros de su equipo pudieran volver a casa cuanto antes desde donde estaban desplegados, de India a Etiopía, envió facturas y gastos a la única persona que se quedaría activa procesándolas, cerró su cuenta de correo electrónico y eliminó la app de la empresa de su teléfono. En menos de dos horas pasó a estar oficialmente de baja administrativa. No tiene claro cuánto va a durar así, ni cuánto le van a seguir pagando, si es que recibirá algo de su salario.

“Se siente completamente dirigido a esta industria. Se siente racista porque, básicamente, estamos ayudando a gente morena, y es como si dijeran ‘que se jodan’”, afirma María con la voz un poco rota a través de una videollamada, prefiere no usar su apellido por temor a represalias por parte de las autoridades. Hasta hace días lideraba un equipo en una empresa de cooperación internacional que depende casi por completo de la financiación del Gobierno estadounidense para el desarrollo internacional. Esa financiación ahora está congelada por orden ejecutiva del presidente Donald Trump.

El efecto dominó que comenzó el día de su toma de posesión con la pluma firmando el decreto que frenó prácticamente todo el gasto en ayuda y apoyo global —en su mayoría administrado por la agencia USAID, con un presupuesto anual de 42.800 millones de dólares— ha desembocado rápidamente en el freno de iniciativas de todo tipo en todo el mundo. Desde la financiación y abastecimiento de programas sanitarios que prácticamente mantienen en pie los sistemas de salud en algunos lugares pobres y remotos del mundo, a otros que apoyan pequeñas y medianas empresas, pasando por un sin fin de programas en medio.

Para millones de personas en el mundo en vías de desarrollo es cuestión de vida o muerte, como han denunciado ya voces dentro y fuera de Estados Unidos; en especial sobre el futuro del programa PEPFAR, que provee medicamentos antivirales para millones de pacientes de VIH y SIDA en todo el mundo y que según el Departamento de Estado ha salvado la vida de 26 millones de personas desde su inicio en 2001. Y para una buena parte de la industria entera que lo hace posible y emplea a decenas de miles de personas en el país es un golpe posiblemente fulminante.

Las voces nerviosas ya se podían oír el lunes 20 de enero, cuando entre un mar de decretos Trump firmó el que mandaba la pausa por 90 días de “la ayuda exterior al desarrollo para evaluar la eficacia programática y la coherencia con la política exterior de Estados Unidos”. Es lo que dice Hanna, que tampoco quiere usar su nombre completo por miedo a repercusiones contra ella o su empresa. “La orden ejecutiva era muy vaga. Todos nos estuvimos preguntando esos días qué iba a significar”, cuenta desde la zona de Washington esta empleada de una firma que trabaja con USAID para hacer extensivos estudios en el terreno sobre sanidad, principalmente en África subsahariana.

Luego llegó el viernes. Los contratistas que ejecutan con el dinero de USAID incontables programas alrededor del planeta recibieron comunicaciones que decían que se frenarían todas las actividades financiadas por la agencia, aunque no se decía cuándo entraría en vigor. El lunes, menos de 24 horas laborables después, llegó la orden. Y con ella, el parón súbito de los programas en todo el mundo, las bajas administrativas, directrices de tomarse vacaciones pagadas y otras interpretaciones de la orden.

De acuerdo a la cadena CBS News, que habló con varias fuentes anónimas y pudo ver algunas comunicaciones oficiales, 60 trabajadores del personal directivo de USAID fueron dados de baja administrativa hasta nuevo aviso, mientras se terminaron los contratos de cientos de contratistas externos. Desde el lado personal, para María, que ahora mismo está de baja administrativa temporal, pero que no sabe si cobrará o no a partir de febrero, la situación es un tobogán que la devuelve al puesto de salida en su carrera. “Es muy difícil entrar a esta industria. A mí me tomó 10 años, empecé este trabajo hace uno. Apliqué a 476 puestos y el que conseguí solo lo tengo por un año. Entonces no es tan fácil como decir ‘voy a buscar otro trabajo’. Yo hice un cálculo conservador basado en los alrededor de 2000 contratos que tiene USAID y la cantidad de empleados y consultores por cada uno, y significa que hay unas 160.000 personas sin trabajo que estaremos compitiendo por los mismos puestos”.

Hanna tampoco sabe realmente si está empleada o no. Su empresa le mandó tomarse sus días de vacaciones pagadas, pero al estar en principios de año eso son dos días o tres. Después de eso no sabe nada más, pero se imagina que la darán de baja administrativa sin paga hasta nuevo aviso. Es otra forma de decir que cree que está a punto de cruzar la puerta del desempleo.

Pero su frustración principal proviene más bien de la percepción de ser injustamente atacados por la Administración Trump. “Constantemente estamos siendo evaluados en nuestra efectividad, y que vengan ahora a decir que nos van a reevaluar y que detienen todo nuestro trabajo mientras tanto es muy frustrante. Nosotros medimos, por ejemplo, la prevalencia de malaria en algunos países y eso solo se puede hacer en ciertos tiempos lluviosos del año. Detener nuestro trabajo afecta toda la planeación necesaria”. Para Hanna está muy presente el hecho de que si su firma no puede hacer los estudios que hace, que también incluyen otras enfermedades así como la prevalencia y calidad del cuidado materno y neonatal, no se podrán diseñar políticas públicas efectivas para atender importantes necesidades de salud en algunos de los sitios más necesitados del mundo.

De hecho, es algo que el Secretario de Estado, Marco Rubio, último responsable de los fondos de desarrollo internacional como jefe de las relaciones exteriores de Estados Unidos, admitió tácitamente cuando reculó el martes en la tarde y aplicó una excepción a la orden. En un comunicado interno del que ha reportado CBS News, Rubio declaró que la exención se aplica a la “asistencia humanitaria para salvar vidas”, que definió como “medicamentos para salvar vidas, servicios médicos, alimentos, refugio y asistencia de subsistencia, así como suministros y costes administrativos razonables que sean necesarios para prestar dicha asistencia”. Sin embargo, la nueva exención no se aplica a “actividades que impliquen abortos, conferencias sobre planificación familiar, programas de ideología de género o DEl, cirugías para transexuales u otro tipo de asistencia que no salve vidas”. No queda claro si algunos programas están ahora automáticamente exentos como resultado o si deben solicitar esa exención para poder optar de nuevo a recibir financiación estadounidense.

El decreto original declara una moratoria de 90 días mientras se revisan y reevalúan los programas. Pero a pesar de ello y de la exención de Rubio, entre los trabajadores de la cooperación al desarrollo internacional, la sensación ya es de derrota. A diferencia de la orden que paralizaba el desembolso para programas sociales dentro del país y que el presidente Trump se vio obligado a retirar ante la indignación pública y una ola de demandas, la congelación del apoyo al desarrollo internacional ha pasado ligeramente bajo del radar y sí cabe dentro de sus poderes constitucionales.