La resistencia contra las deportaciones de Trump comienza en California

Dentro del aula del sindicato de maestros de Los Ángeles se respira inquietud. Un centenar de personas acudió la noche del martes a un edificio sobre la avenida Wilshire, convocados por unas 18 organizaciones de derechos humanos de California. En el salón había activistas, maestros, abogados de migración, sindicalistas e indocumentados. Todos forman parte de la incipiente resistencia que comienza a organizarse para encarar a Donald Trump, el hombre que ha asumido un segundo mandato en la Casa Blanca declarando la guerra a los migrantes. Por más de dos horas, los abogados intentaron trasladar un poco de calma a los presentes. Sin embargo, el miedo afloraba en casi cada pregunta que cerraba el taller.

“¿Qué puedo hacer si mis vecinos llaman para denunciarme al ICE? (la policía migratoria)“, preguntaba una mujer mayor. “Eso me lo preguntan mucho”, le respondió Elizabeth Rodríguez, encargada de educación comunitaria en Chirla, la organización que organizó el evento. Y añadió: “Aunque hay un número para hacer denuncias, puedo decirle que la gente de ICE ya tiene su agenda. No van a cambiarla por una llamada, no funciona así. Esas son técnicas para crear miedo y que usted se sienta indefensa.

“Los inmigrantes aquí tienen derechos laborales, civiles y humanos. No puede vencerlos el miedo para ejercer esos derechos. Hay que luchar con la misma valentía que los hizo llegar a este país para que puedan quedarse en sus hogares”, aseguró Angélica Salas, la presidenta de Chirla.

La organización, solo una entre decenas que han emprendido campañas de información y resistencia, entregaba a los presentes folletos con consejos de cómo comportarse en un eventual operativo de migración. “Lo más importante es guardar silencio”, explicaba Rodríguez. “No den información de su estatus migratorio ni les digan de qué países son originarios. Ellos deben hacer su investigación, nunca les faciliten el trabajo a los agentes”, añadió.

Para ilustrar este mensaje, el grupo montó un teatro improvisado. Un puñado de asistentes era una familia sin papeles. Otras dos mujeres interpretaron el papel de agentes de ICE, vestidas con gorros y chalecos negros. “¡Abran la puerta, somos la migra!“, gritó una de ellas.

“No abran la puerta”, intervino Rodríguez. “Pidan que todos los papeles se los pasen por debajo de la puerta”, señaló. “Y exijan ver la orden de deportación. Esta tiene que estar firmada por un juez...”, añadió de cara al público. Varios grababan palabra por palabra con sus móviles. Otros estaban transmitiendo en directo en sus redes sociales.

El documento más importante que circuló entre los asistentes era un formulario. Este otorga la custodia temporal de un menor con padres indocumentados a un familiar. Debe ser preparado en caso de que el padre o la madre sean capturados por sorpresa y ya no vuelvan a casa. El papel sirve de salvoconducto ante autoridades escolares, médicas o municipales para no dejar de recibir atención sin importar que los padres hayan sido expulsados del país.

Acoso a migrantes

El retorno de Trump a Washington también ha traído el hostigamiento a los sin papeles. El poderoso sindicato agrícola, United Farm Workers, denunció esta semana que varias de sus oficinas han recibido folletos anónimos con un mensaje para meter miedo: “Denuncia a los inmigrantes ilegales: en las escuelas, en el trabajo, en las iglesias, en restaurantes, en tu barrio. ¡No hay donde esconderse!“.

La nota llegó días después del 7 de enero, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron una redada para capturar sin papeles en Bakersfield, una localidad agrícola ubicada a casi 500 kilómetros al norte de la frontera. El resultado de la operación, todavía atribuible al Gobierno demócrata de Joe Biden, es disputado. Un comunicado oficial asegura que fueron detenidas 78 personas, la mayoría con antecedentes penales. El sindicato, en cambio, dice que al menos fueron aprehendidos 200 inmigrantes en los primeros dos días de los cuatro que duró la redada.

Este antecedente ha puesto los nervios de punta a muchos en California, el bastión demócrata que lleva décadas aprobando protecciones a los indocumentados. Una de las más importantes es que los cuerpos de policía pueden optar por no participar en operaciones federales para capturar indocumentados. Esto ha hecho que California sea conocido como territorio “santuario”.

Trump y su Administración están luchando para acabar con esas protecciones. El Departamento de Justicia ha amenazado con iniciar procesos judiciales contra aquellas autoridades de las ciudades santuarios que se resistan a colaborar con los operativos de inmigración.

Además, una directriz recientemente adoptada permite a los agentes de ICE llevar a cabo redadas en escuelas, iglesias o lugares públicos. Esto no estaba prohibido antes, pero era algo desaconsejado por el Departamento de Seguridad Interior en la era Biden.

“Las escuelas en Los Ángeles son seguras y no va a entrar la migra”, aseguraba el martes Cecilia Maya, la presidenta del sindicato de maestros. La líder indicó que los sindicatos se han reunido desde el lunes con los directores de escuelas del Distrito Escolar de Los Ángeles, el segundo más grande del país, para informar de los derechos de los niños y cómo actuar si ICE llega a tocar a sus puertas.

Las comunidades migrantes están más expuestas al riesgo en otros Estados. “Me preocupa mucho mi gente en Tennessee, Misisipi, Kansas o Alabama. Allá la situación es muy diferente porque solo tienen derechos constitucionales y no derechos estatales como los que han sido aprobados en California”, aseguraba Angélica Salas.

La activista admite que el escenario es peor a 2017, cuando Trump ocupó la Casa Blanca por primera vez. El republicano aprobó entonces el veto a los musulmanes, pero ahora ha dedicado varias de sus 41 órdenes ejecutivas a los inmigrantes.

“Hay mucha angustia porque la gente ve su vida en este país derrumbarse por acciones políticas. Se sienten atacados, pero están dispuestos a luchar y educarse para tener más información para proteger a sus familias”, dice Salas.

La sesión informativa sí tranquilizó a algunos. “Me ayudó mucho”, aseguró Andrea López, una mexicana con once de sus 36 años en Estados Unidos. “Ahora sé que cualquier credencial con mi fotografía debe bastar a los agentes para identificarme, no tiene que ser mi licencia o matrícula consular”, dice aliviada esta empleada doméstica. “Si no hubiera venido, creo que habría cometido ese error”, indica. Con ese pequeño pedazo de información, Andrea se siente mejor preparada para la guerra que viene.