Los “inhumanos” centros de detención de inmigrantes, claves para la deportación masiva de Trump

A lo largo de Estados Unidos hay más de 200 centros de detención, incluyendo cárceles locales y prisiones privadas, destinados a retener inmigrantes. Hasta principios de este mes, había unas 39.000 personas en ellos. Casi 200 organizaciones defensoras de migrantes han pedido al presidente Joe Biden, en una carta hecha pública esta semana, que comience a desmantelar estas instalaciones antes de que Donald Trump tome posesión e implemente su política migratoria, que incluye la detención masiva de personas indocumentadas para expulsarlas del país en la “mayor deportación de la historia”, como le gusta llamarla. Para ello, y como bien saben los activistas, el republicano se apoyará en estos centros, donde se han denunciado abusos de todo tipo.

“Ahora es el momento de tomar medidas decisivas para evitar una catástrofe para millones de personas y evitar entregar las llaves de un sistema de detención y deportación ampliado e inhumano al próximo presidente”, reza la misiva firmada por 193 organizaciones y dirigida a Biden y a Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional. En concreto, los firmantes piden que el Gobierno demócrata “reduzca la capacidad de detención” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), agencia federal encargada de estos centros, ya que, según denuncian, solo en el último año la entidad ha intentado “ampliar masivamente” su red de instalaciones.

Otra petición es el cierre de los centros actualmente operativos, así como que se “detengan inmediatamente todos los esfuerzos” en marcha para abrir nuevas instalaciones. A tal efecto, las organizaciones solicitan que se congelen los contratos que se estén negociando con corporaciones penitenciarias privadas y otras entidades para expandir la red de centros. Además, demandan que se implementen medidas que dificulten la habilidad del Gobierno de Trump para habilitar nuevas cárceles cuando tome posesión el próximo mes de enero. “Proporcionar a la Administración entrante un sistema ampliado tendrá efectos desastrosos para los miembros de nuestra comunidad inmigrante”, sostienen las organizaciones, lideradas por la coalición nacional Detention Watch Network.

Tanto Trump como los miembros de su futuro Gobierno encargados de hacer realidad sus políticas de inmigración han adelantado que estos centros serán clave para llevar a cabo la deportación masiva de millones de personas que prometen realizar. Y, aún más importante que la red ya existente, está el hecho de ampliarla para acoger al mayor número posible de inmigrantes. Durante la primera presidencia de Trump, el ICE abrió más de 40 nuevos centros de detención. La agencia federal entonces estaba a manos de Tom Homan, quien vuelve a la segunda Administración del republicano como su “zar de la frontera” y con la misma idea de ampliar este sistema.

Es simple matemática: para expulsar a miles de personas del país, se necesitan lugares para retenerlas mientras esperan a ser trasladadas a otros países. Pero la gestión de una deportación toma tiempo, por lo que estos centros de detención no solo tienen que tener capacidad para albergar a mucha más gente, sino también durante más tiempo. “No podemos simplemente ponerlos en un avión. Hay un proceso que debemos seguir. Tienes que ponerte en contacto con el país, ellos tienen que aceptarlos y luego tienen que enviarte los documentos de viaje. Y eso lleva de varios días a varias semanas”, explicaba en una entrevista reciente Homan.

Tras su paso por el primer mandato del republicano, Homan ya conoce de primera mano las limitaciones de la actual red de instalaciones, cuyo presupuesto de momento permite menos de 50.000 camas en todo el país. “El Congreso va a tener que darnos una cantidad masiva de nuevas camas de detención”, aseguraba en la misma entrevista. Con los republicanos a punto de controlar tanto la Cámara de Representantes como el Senado, la nueva Administración de Trump tendrá más posibilidades de conseguir los fondos necesarios. Pero incluso si no lo lograran, Trump podría redirigir dinero del presupuesto militar y destinarlo a la frontera, como ya hizo en su primer mandato.

La ampliación, por tanto, requerirá la construcción de nuevos centros. Para ello ya se ha ofrecido Texas. El pasado partes, el Estado ofertó a la futura Administración un terreno de unos 1.400 acres (5,5 kilómetros cuadrados) junto al río Bravo para que sirva como base de operaciones para “el procesamiento, detención y coordinación” de los planes del presidente electo. Un día después, Homan aseguró que usarán el rancho, “absolutamente”.

Un largo historial de abusos y maltrato

En la carta enviada a Biden, las organizaciones también destacan que se deben clausurar estos centros y liberar a los detenidos antes de que Trump vuelva al poder, entre otros por el hecho de que en la mayoría de estas instalaciones “se han documentado casos de maltrato físico, alimentación inadecuada, atención médica negligente o abusiva, condiciones insalubres, fallos de fontanería y otros”. De hecho, son varias las investigaciones que denuncian que las condiciones dentro de estos centros —incluyendo también miles de casos de abuso sexual y aislamiento prolongado— equivalen a tortura. “Nadie debería ser detenido en estas condiciones”, aseguran los firmantes de la carta.

Son condiciones que han provocado un número récord de muertes evitables, añaden en la misiva. Una investigación de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), publicada el verano pasado, encontró que entre 2017 y 2021 hubo 52 muertes registradas en instalaciones operadas por ICE; el 95% podían haber sido evitadas con “una atención médica clínicamente adecuada”.

“Los persistentes fallos en la atención médica y mental han causado muertes evitables, incluidos suicidios, ya que el ICE no proporcionó la atención médica, la medicación y el personal adecuados”, concluyeron los investigadores. Además, el personal médico de los centros “realizó diagnósticos incorrectos o incompletos en el 88% de las muertes, y también proporcionó tratamientos y medicación incompletos, inadecuados o retrasados que, en algunos casos, contribuyeron directamente a la muerte de los inmigrantes detenidos”.

El mayor número de fallecimientos reportados ocurrió en 2020: un total de 21 personas murieron bajo custodia del ICE. Fue durante la pandemia de la covid, bajo la primera Administración de Trump, cuando el Gobierno no tomó precauciones básicas para proteger a los inmigrantes detenidos, privándolos de protecciones “como jabón y mascarillas durante una época en la que no existían vacunas ni tratamientos antivirales”, destacan los autores del informe de ACLU. El ICE también “trasladó a personas detenidas desde centros con brotes de covid por todo el país, propagando aún más el virus, y retrasó o no liberó a personas médicamente vulnerables”.

Además, el primer Gobierno de Trump usó los centros de ICE, junto a otras instalaciones de detención, sobre todo las operadas por la agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), para implementar su política de “cero tolerancia”, la cual provocó la separación de más de 5.000 niños de sus padres entre 2017 y 2018. Una política que, cabe destacar, fue orquestada por Homan, y que ahora que vuelve al Gobierno no descarta repetir. “Hay que considerarla, absolutamente”, dijo en una entrevista reciente.