Temas de la campaña: la propuesta de Harris contra el aumento abusivo de precios

Para abordar el aumento de los precios de los alimentos, la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris ha prometido promulgar una prohibición federal contra el aumento abusivo de precios. En un comunicado de prensa del 16 de agosto, la campaña prometió “perseguir a los malos actores para reducir los costos de los alimentos para los estadounidenses y mantener la inflación bajo control”. La propuesta de la campaña de Harris llega en medio de una mayor preocupación de los votantes por el coste de la vida. El 21 de agosto, Ipsos informó que “el 50% de los estadounidenses dice ahora que la inflación es una de las principales preocupaciones de su país”.

Si bien el ritmo al que han aumentado los precios de los alimentos se ha desacelerado en los últimos meses (incluido un aumento de solo el 1,3% durante el último año), el precio de la “comida en casa” ha aumentado un 21,6% desde el inicio del mandato del presidente Joe Biden en enero de 2021, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Harris que el aumento de los precios de los alimentos, en parte, se debe al aumento abusivo de precios de las empresas. En un evento de cabildo abierto el 23 de octubre en CNN, dijo: “Las empresas se están aprovechando de la desesperación y la necesidad del pueblo estadounidense; lo vimos, de hecho, también durante la pandemia, donde, debido a problemas en la cadena de suministro, hubo una reducción de la oferta y luego inflaron el precio de los productos de primera necesidad”.

Pero los economistas culpan principalmente a la pandemia del covid-19, a las interrupciones de la cadena de suministro y al aumento de los costos laborales, entre otras razones, por la inflación.

Los economistas que entrevistamos nos dieron respuestas variadas cuando les pedimos evaluar la propuesta contra el aumento abusivo de precios: algunos creían que una prohibición federal podría ser una herramienta eficaz para limitar los costos de los alimentos durante las emergencias, mientras que otros argumentaron que la reforma crearía escasez de suministro. Sin embargo, todos coincidieron en gran medida en que, por sí sola, la propuesta de la campaña de Harris tendría poco o ningún efecto sobre los precios actuales de los alimentos.

Lo que propone Harris

Durante un evento de campaña en Raleigh, Carolina del Norte, el 16 de agosto, Harris dijo a los votantes: “Trabajaré para aprobar la primera prohibición federal contra el aumento abusivo de precios”. Continuó: “Mi plan incluirá nuevas sanciones para las empresas oportunistas que se aprovechen de las crisis y rompan las reglas, y apoyaremos a las pequeñas empresas de alimentos que están tratando de cumplir las reglas y salir adelante”. Desde entonces, la oposición contra el aumento abusivo de precios se ha convertido en un aspecto central de la campaña de Harris. Bloomberg informó el 16 de octubre que “los anuncios de Harris que mencionan aumento abusivo de precios se han emitido al menos 175.000 veces en televisión, cable y en línea”.

En el comunicado de prensa de agosto, la campaña de Harris propuso “trabajar con el Congreso” para “establecer reglas claras para dejar en claro que las grandes corporaciones no pueden explotar injustamente a los consumidores para obtener ganancias excesivas en alimentos y comestibles”. Para hacer cumplir la prohibición del aumento abusivo de precios, la campaña de Harris prometió “asegurar nueva autoridad para que la FTC [Comisión Federal de Comercio] y los fiscales generales estatales investiguen e impongan nuevas y estrictas sanciones a las empresas que infrinjan las reglas”.

El sitio web de la campaña de Harris afirma que su política “se basará en los estatutos contra el aumento abusivo de precios que ya están vigentes en 37 Estados”. Estas 37 leyes contra el aumento abusivo de precios a nivel estatal funcionan en gran medida prohibiendo a las empresas aumentar significativamente el precio de los bienes esenciales durante desastres o estados de emergencia. Cuando hablamos con la campaña de Harris, un representante confirmó que la propuesta contra el aumento abusivo de precios está destinada específicamente a reducir los aumentos de precios durante situaciones de emergencia.

La campaña de Harris elaboró su propuesta en un plan de política económica de 82 páginas publicado el 25 de septiembre. El documento describe que Harris “perseguiría el nefasto aumento abusivo de precios sobre bienes esenciales durante emergencias o tiempos de crisis”, y cita estatutos de Texas, Carolina del Norte, Nueva York y Florida como ejemplos de leyes actuales contra el aumento abusivo de precios.

Sin embargo, hasta ahora la campaña ha brindado detalles limitados sobre los mecanismos exactos o parámetros de su propuesta contra el aumento abusivo de precios. Es importante destacar que muchos Estados difieren en cómo definen los aumentos de precios que son “abusivos”. Por ejemplo, Delaware implementó una ley contra el aumento abusivo de precios “durante el período de recuperación de covid-19″ que prohibía aumentos de precios superiores al 10% de los precios de venta anteriores a menos que los costos adicionales estuvieran justificados, mientras que el estatuto de Pensilvania estableció el umbral del aumento abusivo de precios en el 20%. El estado natal de Harris, California, también tiene una ley contra el aumento abusivo de precios que prohíbe a las empresas inflar los precios en más del 10% en relación con su precio anterior a un estado de emergencia declarado, siempre que los costos de producción de la empresa no aumenten significativamente.

Por el contrario, el estatuto de Florida define un aumento de precios “desmesurado” como “una gran disparidad” entre los precios durante un estado de emergencia y los precios promedio durante los 30 días anteriores, sin ofrecer un punto de referencia específico.

Además, en un artículo publicado por la Asociación Estadounidense de Abogados, la abogada Patricia Conners dijo que las leyes estatales difieren significativamente en los tipos de bienes protegidos por las leyes contra el aumento abusivo de precios. “En algunos Estados y territorios, las leyes se aplican de manera general a todos los productos y servicios”, escribió. “Otros se aplican a productos y servicios considerados ‘necesarios’, ‘esenciales’ o ‘críticos’. Y otros se aplican solamente a un producto o a un puñado de productos considerados necesarios para la salud y la seguridad de un consumidor en una emergencia, como alimentos, gasolina y productos médicos”.

Conners también señaló la importante variación en los castigos contra las empresas que violan las leyes de aumento abusivo de precios dependiendo del estado: algunos estados solo aplican multas civiles y otros imponen sanciones penales que pueden incluir penas de prisión.

La propuesta de la campaña de Harris también podría tomar prestadas ideas del Price Gouging Prevention Act (Ley de prevención del aumento abusivo de precios) presentado en febrero por los senadores demócratas Elizabeth Warren de Massachusetts, Tammy Baldwin de Wisconsin y Bob Casey de Pensilvania, y la representante demócrata Jan Schakowsky de Illinois. Este proyecto de ley “permitiría a la FTC y a los fiscales generales estatales impedir que los vendedores cobren un precio excesivamente alto” y exigiría que “las empresas públicas revelen y expliquen de manera transparente los cambios en el costo de sus bienes vendidos, los márgenes brutos y las estrategias de fijación de precios” durante un “shock de mercado excepcional”. No se ha llevado a cabo ninguna votación sobre el proyecto de ley.

Evaluaciones de la propuesta por economistas

Las diferencias entre las leyes estatales existentes contra el aumento abusivo de precios, junto con la falta de detalles específicos de la campaña de Harris sobre los umbrales para su aplicación y castigo, han llevado a los economistas a estar en desacuerdo sobre cómo la política propuesta afectaría a las empresas y a los consumidores.

Dean Baker, economista senior del Centro de Investigación Económica y Política, un grupo de expertos centrado en el trabajo, nos dijo en un correo electrónico que cree que la política podría ser “algo efectiva” como elemento disuasorio. Sostiene que la política permitiría al Gobierno federal denunciar a las tiendas que aumentan significativamente los precios en respuesta a emergencias, lo que provocaría “una vergüenza y una mala publicidad que la mayoría de las tiendas querrían evitar”. Por lo tanto, concluye que la política propuesta por la campaña de Harris “funcionaría tan bien como las políticas estatales en caso de desastres”.

Lindsay Owens, directora ejecutiva del grupo de izquierda Groundwork Collective, expresó su aprobación a la propuesta de la campaña de Harris. “Creo que tener la capacidad de perseguir a las personas que usan las crisis o las explotan para aumentar sus ganancias sería una herramienta útil para el futuro”, afirmó. Owens, quien fue una de las principales asistentes de los miembros liberales del Congreso, señaló que si bien las leyes estatales actuales contra el aumento abusivo de precios cubren gran parte del país, una política federal podría regular mejor el abuso de precios que ocurre a través del comercio interestatal.

Tanto Baker como Owens también señalaron que la política generaría relativamente pocos costos regulatorios adicionales. “Por definición, no tendremos muchas situaciones extraordinarias, por lo que no tendremos un gran grupo permanente de agentes de control listos para actuar si se produce un aumento abusivo de precios”, nos dijo Baker. De manera similar, Owens dijo que debido a que los precios de los alimentos son relativamente transparentes, los reguladores pueden monitorear el posible aumento abusivo de precios “con bastante facilidad”.

Por el contrario, otros economistas nos dijeron que la política propuesta crearía más daño que beneficio al distorsionar los mercados de oferta y crear escasez.

Clifford Winston, investigador principal de estudios económicos en Brookings Institution, nos dijo que intervenir en mercados libres para limitar los precios que las empresas pueden cobrar conlleva un “gran riesgo”, incluso si la ley solo se aplica en situaciones de emergencia. Dijo que las empresas simplemente están “respondiendo a las fuerzas del mercado” cuando aumentan los precios para adaptarse a la mayor demanda de los consumidores durante una emergencia.

En un modelo básico sin regulación, los economistas generalmente predicen que una situación de emergencia aumentará la demanda de ciertos bienes por parte de los consumidores, lo que elevará sus precios. El modelo predice que estos precios más altos incentivarán a las empresas a producir y vender más de estos productos, lo que podría compensar la escasez inicial de oferta. Sin embargo, Winston dijo que si las empresas no pueden aumentar significativamente sus precios en respuesta al aumento de la demanda, pueden decidir que ya no les resulta rentable producir y transportar productos adicionales a la zona afectada, lo que las obligará a “limitar la oferta”. Como resultado, sostuvo que una ley federal contra el aumento abusivo de precios “no es la herramienta política correcta”.

De manera similar, el profesor de política económica de Harvard y execonomista de la Administración Obama, Jason Furman, dijo al New York Times en agosto: “Esta no es una política sensata y creo que la mayor esperanza es que termine siendo mucha retórica y ninguna realidad… no hay ventajas aquí y hay algunas desventajas”.

Sin embargo, Baker señaló que, como la propuesta de Harris probablemente solo afecte a los precios durante las emergencias, una ley contra el aumento abusivo de precios no crearía distorsiones de la oferta “a largo plazo”. Si bien estuvo de acuerdo en que “habrá escasez” durante las emergencias por “la naturaleza del problema”, dijo que, como las empresas no planifican “la producción en función de eventos extremos”, una ley contra el aumento abusivo de precios no induciría distorsiones duraderas en la toma de decisiones de las empresas.

Douglas Holtz-Eakin, presidente del American Action Forum, de tendencia conservadora, y exdirector de la Oficina de Presupuesto del Congreso, también nos dijo que creía que una ley contra el aumento abusivo de precios “tendría un impacto mínimo” en el suministro de bienes.

En general, muchos economistas coinciden con la oposición de Winston y Furman a la propuesta de política contra el aumento abusivo de precios. En una encuesta de 2022 realizada por la Universidad de Chicago, solo el 5% de los economistas apoyó una propuesta de política para “hacer ilegal que las empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de dólares ofrezcan bienes o servicios a la venta a un ‘precio desmesuradamente excesivo’ durante una crisis excepcional del mercado”, y el 65% expresó un desacuerdo moderado o fuerte con la propuesta.

Sin embargo, los datos de las encuestas indican que los votantes apoyan las leyes contra aumentos abusivos de precios en una proporción mucho mayor que los economistas. Una encuesta de YouGov de agosto identificó que el 65% de los votantes apoyaba la propuesta de Harris de “limitar los aumentos de precios de alimentos y comestibles”, mientras que solo el 24% de los votantes se oponía a la política propuesta.

Posibles efectos de la propuesta en los precios de alimentos

Los economistas afirmaron constantemente que la propuesta contra el aumento abusivo de precios tendría poco efecto sobre los precios actuales de los alimentos. Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, dijo en un pódcast, el 13 de septiembre, que las circunstancias de emergencia que desencadenarían las restricciones contra el aumento abusivo de precios descritas en la propuesta “no son las que estamos observando ahora”, señalando las tasas de inflación relativamente estables de los precios de los alimentos en los últimos meses.

Marisa DiNatale, economista de Moody’s, compartió este escepticismo durante el mismo pódcast y calificó la propuesta de la campaña de Harris como una “jugada política populista para aplacar la ira de la gente por el hecho de que los precios de los alimentos son altos”. Holtz-Eakin también nos dijo que creía que la propuesta de política no afectaría los precios actuales de los alimentos.

Además, en muchas de las posibles situaciones de emergencia que podrían activar una ley federal contra el aumento abusivo de precios, ya existe una legislación estatal para limitar los aumentos de precios de las empresas. Por ejemplo, Florida y Carolina del Norte, dos Estados muy afectados por los huracanes Helene y Milton, se encuentran entre los 37 Estados que ya tienen leyes contra el aumento abusivo de precios. CNBC informó el 8 de octubre que el fiscal general de Florida amplió una “línea directa contra el aumento abusivo de precios” estatal que permite a los ciudadanos denunciar aumentos de precios ilegales durante los huracanes. No está claro si una ley federal contra el aumento abusivo de precios bajo Harris puede diferir de la legislación existente en Florida.

Muchos economistas también dudan del argumento frecuentemente citado por la campaña de Harris de que la búsqueda de ganancias corporativas es un factor clave de la inflación en los alimentos.

Aunque centros de estudios progresistas suelen achacar la inflación al aumento de las ganancias corporativas, un informe del 13 de mayo del Banco de la Reserva Federal de San Francisco decía que los márgenes de precios agregados de toda la economía, definidos como la diferencia entre los precios de una empresa y los costos de producción, “se mantuvieron esencialmente estables durante la recuperación pospandémica”, lo que llevó a los autores a concluir que “los márgenes no fueron un factor principal del aumento de la inflación pospandémica”. Además, un informe de abril de 2023 del Banco de la Reserva Federal de Kansas City concluyó que “las condiciones restrictivas del mercado laboral han ejercido una presión al alza sobre los salarios y han contribuido a un aumento de los costos de producción de alimentos”. Corroborando estos informes, Holtz-Eakin nos dijo que las presiones de los costos sobre las empresas eran el “factor dominante” en el aumento de los precios de los alimentos, y que los márgenes de beneficio corporativo eran solo “una pequeña parte de la historia”.

Como hemos escrito antes, los economistas, en cambio, culpan principalmente el aumento de la inflación al principio de la Administración Biden a las perturbaciones provocadas por la pandemia de covid-19, como la escasez de suministro, las distorsiones del mercado laboral y el aumento del gasto de los consumidores en bienes, así como la invasión rusa de Ucrania.

Este artículo se publicó originalmente en FactCheck.org el 31 de octubre de 2024.