Irapuato Rojo: asignatura pendiente

La reciente masacre suscitada en un centro de atención a adictos, llamado Buscando el camino a mi recuperación, de Irapuato (Guanajuato), es el reflejo de una problemática pendiente más amplia y compleja que sufrimos en materia de seguridad, prevención y salud pública. Las estrategias de los últimos sexenios han priorizado los recursos en las acciones punitivas, reactivas y de prohibición. Muchos menos esfuerzos e inversión se han dado a la prevención, a la reducción del daño y a la atención integral de las adicciones.

Adicional a la perspectiva descrita, tenemos un vacío legal urgente ...

La reciente masacre suscitada en un centro de atención a adictos, llamado Buscando el camino a mi recuperación, de Irapuato (Guanajuato), es el reflejo de una problemática pendiente más amplia y compleja que sufrimos en materia de seguridad, prevención y salud pública. Las estrategias de los últimos sexenios han priorizado los recursos en las acciones punitivas, reactivas y de prohibición. Muchos menos esfuerzos e inversión se han dado a la prevención, a la reducción del daño y a la atención integral de las adicciones.

Adicional a la perspectiva descrita, tenemos un vacío legal urgente de regular. El problema es de antaño. Derivado de una perspectiva limitada de salud pública, del estigma y de la criminalización de los adictos, durante muchos años fue la sociedad civil a través de anexos, centros y albergues religiosos quienes atendieron el fenómeno de las adicciones. Es a partir de 1999 que se integra la atención como parte de las políticas públicas de salud desde el Gobierno sin lograr darse abasto. Las organizaciones, lideradas en buena parte por exadictos, han llenado el hueco con muchas carencias, las mismas que no son exclusivas de México. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, solo una de cada seis personas en el mundo que necesita atención por trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas tiene acceso a programas de tratamiento.

La certificación de este tipo de centros se hace a través de la Norma Oficial Mexicana (NOM 028 SSA-2002) para la Prevención, Tratamiento y Atención de las Adicciones. Sin embargo, la norma se queda corta y no brinda los dientes ni las facultades necesarias a la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) para revisar, regular y sancionar de forma adecuada estos lugares. Desafortunadamente, el único requisito para operarlos es cumplir con el trámite de Aviso de Funcionamiento municipal. No es necesaria ninguna verificación sobre las capacidades estructurales o técnicas para el ofrecimiento del servicio de rehabilitación de adicciones. Personal insuficiente y sin capacitación formal; problemas de hacinamiento; ingresos involuntarios sin apego a la norma, maltrato físico y psicológico y la presencia de pacientes con condición psiquiátrica sin manejo especializado es parte de la triste realidad. Únicamente cerca de 300 centros han logrado la certificación. Además, existe un subregistro importante. El Consejo Nacional para las Adicciones tiene registrados cerca de 2.000 centros, mientras que existen entre 3.000 y 4.000. Es decir, casi el 50% de estos no está en el radar de la autoridad, como era el caso del centro de Irapuato.

Los cárteles no matan a los adictos porque estos quieran recuperarse. Es más probable que lo hagan por el uso que desgraciadamente se ha dado a estos centros por parte del crimen y ante la incapacidad de la autoridad por regularlos y por proteger y atender a los adictos. Es bien sabido que jóvenes amenazados de muerte por grupos criminales los utilizan como refugios. Deudas relacionadas con el narcomenudeo, la lucha por el control territorial entre bandas rivales y el escarmiento para los dueños de los anexos una vez que los sicarios ubican a su víctima escondida en ellos son el motivo de ataque.

Una visión más amplia, integral y basada en la salud pública y no en la prohibición ni en la discriminación de los adictos es parte de la oferta de la 4T. Mejorar la atención y oferta para los enfermos, así como contar con las herramientas legales y materiales para hacer de esta promesa una realidad debe ser parte del plan. Los legisladores tienen la oportunidad histórica de poner en marcha los instrumentos legales para regular estos establecimientos. Atender con dignidad y evitar el maltrato de los pacientes, y que estos sitios abran y cierren al margen de la ley al tiempo de reducir el riesgo de que sucedan este tipo de incidentes debe ser una prioridad.

Eunice Rendón es experta en seguridad y participación ciudadana. Raúl M. Del Campo pertenece al Instituto Nacional de Psiquiatría y es miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas.