Michoacán se queda sin candidatos: 34 aspirantes se bajan de la elección por miedo a la delincuencia

Las campañas ni siquiera habían empezado cuando el narco dio muestra de lo que era capaz en Michoacán. El morenista Miguel Ángel Zavala Reyes y el panista Armando Pérez Luna fueron asesinados a tiros el pasado 26 de febrero. Ambos eran aspirantes a la presidencia municipal de Maravatío y murieron con menos de 12...

Las campañas ni siquiera habían empezado cuando el narco dio muestra de lo que era capaz en Michoacán. El morenista Miguel Ángel Zavala Reyes y el panista Armando Pérez Luna fueron asesinados a tiros el pasado 26 de febrero. Ambos eran aspirantes a la presidencia municipal de Maravatío y murieron con menos de 12 horas de diferencia. Dos días después de los atentados, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron que tres políticos perredistas y cuatro priistas se habían bajado de la contienda por la crisis de violencia que azota al Estado. A menos de un mes de los atentados, ya son al menos 34 personas que han optado por abandonar sus aspiraciones ante el clima de inseguridad que prima en la entidad, de acuerdo con los propios partidos políticos e información difundida por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). El fenómeno ha alcanzado a siete de los 11 partidos con registro estatal, así como a candidaturas independientes, según el recuento que ha hecho EL PAÍS.

Movimiento Ciudadano y el partido local Michoacán Primero encabezan la lista de candidaturas declinadas con siete casos cada uno. El Partido Encuentro Solidario (PES), que aún mantiene el registro como fuerza política estatal, confirmó que seis aspirantes se bajaron de la elección. El PRI y el PRD mantienen las cifras que presentaron a finales de febrero, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN), su aliado en la elección presidencial, suma tres aspirantes que abandonaron la competencia. Tiempo por México, una organización estatal de nuevo registro, reconoce dos abanderados. Morena no tiene candidaturas afectadas, de acuerdo con su dirigencia nacional. El Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y Más Michoacán no respondieron a las solicitudes de información.

Además, dos candidatos independientes, uno a alcalde y otro a una diputación local, dieron a conocer al IEM que ya no iban a participar de las votaciones por la violencia. “Debido al estado de inseguridad actual que prevalece en la región, he determinado presentar mi renuncia como aspirante”, se lee en una de las solicitudes presentadas ante las autoridades electorales, que también aceptaron las dimisiones de los suplentes. Este diario decidió omitir los nombres y otros datos para proteger la identidad de los afectados. Michoacán elegirá 40 diputaciones del Congreso estatal y 112 Ayuntamientos, así como presidente y representantes en el Congreso federal.

“Tengo 25 años de carrera política en Michoacán y nunca había visto un ambiente de intromisión del crimen organizado tan intenso y en tantas regiones del Estado”, afirma Antonio Plaza, líder de Michoacán Primero. El miedo se ha extendido en cuestión de días. Apenas la semana pasada, se contabilizaban 22 candidaturas declinadas por la inseguridad, según adelantó El Sol de México.

Plaza habla del crimen organizado en Michoacán como “un Estado dentro del Estado”. “Hay regiones donde tienes que comprar los productos básicos como el pollo, la fruta, el maíz, a quien ellos dicen. Hay lugares donde ellos controlan la distribución de los garrafones del agua o de la cerveza. Si controlan eso, ¿por qué no habrían de controlar quién es el presidente principal?”, cuestiona el dirigente de Michoacán Primero, una de las dos fuerzas más afectadas por el temor al crimen. “No es una cuestión de partidos, sería muy deshonesto y oportunista decir están ayudando a estos o a aquellos”, señala el político. “A ellos no les importa si tú eres el candidato del partido A, B o C”, zanja. Plaza, de pasado panista, competirá por una diputación local en Morelia, donde la situación de seguridad es relativamente mejor a otras zonas del Estado.

“Hasta donde yo tengo información, pues porque preguntas en el área, es porque estas dos personas no pidieron permiso para hacer campañas en Maravatío”, dijo Rubén Moreira, diputado priista y miembro de la campaña de Xóchitl Gálvez, tras el asesinato de Zavala Reyes y Pérez Luna. “No tiene permiso, esas son las palabras que ellos utilizan”, confirma Plaza y narra lo que se ha convertido en una historia recurrente en este proceso electoral. “Nosotros vamos, platicamos con una persona sobre nuestro proyecto político y nos dice que quiere participar. Lo sube a sus redes sociales y 12 horas después están tocando la puerta de su casa, lo amenazan, lo golpean, lo privan de su libertad y lo llevan a pasear al cerro, a ver a Fulano, para que le diga que no tiene permiso de participar”, comenta el dirigente.

― ¿Cómo se hace política en ese contexto?

― Como se vive en Michoacán. Vives como puedes. Te cuidas, tratas de no mezclarte con gente peligrosa, no participar de actividades en las que estén involucrados los delincuentes, no ir a determinados lugares a algunas horas. La política la hacemos igual. No es que tengamos condiciones de seguridad o que tengamos condiciones que nos garanticen que podemos hacer las cosas como quisiéramos.

Michoacán fue el epicentro de la guerra contra el narco. El entonces presidente Felipe Calderón envió más de 6.000 efectivos a Michoacán el 10 de diciembre de 2006, apenas 10 días después de tomar posesión. El crimen respondió con cuerpos colgados de puentes, decapitaciones y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Cinco meses después fue el Michoacanazo, cuando fueron detenidos 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez por supuestos vínculos con el crimen organizado, aunque eventualmente fueron liberados. Dos años después, en plena celebración del grito del Día de la Independencia estallaron dos granadas de fragmentación en Morelia, la capital del Estado. Así empezó una espiral que ha durado casi dos décadas.

Michoacán se enfrenta a un nuevo escenario de fragmentación del crimen organizado, en un abanico que incluye a grandes grupos como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a organizaciones regionales como el Cartel de Santa Rosa de Lima y células independientes con control específico en pequeñas regiones. Están también Los Viagras, la Nueva Familia Michoacana, el Cartel de Tepalcatepec y los Caballeros Templarios: escisiones y herederos de antiguos grandes actores, agrupados hasta el año pasado bajo el membrete de Carteles Unidos para retar la hegemonía del CJNG y ahora divididos otra vez. La geografía criminal del Estado se completa con su compleja ubicación: con Jalisco y Colima colindan al oeste; con Guanajuato y Querétaro al norte; con el Estado de México y Guerrero al este, y con el océano Pacífico al sur, donde está Lázaro Cárdenas, uno de los principales puertos del país.

La inseguridad ha sido uno de los protagonistas del inicio de la campaña por la presidencia y la columna vertebral de la plataforma de Xóchitl Gálvez, la candidata del PAN, el PRI y el PRD. “La verdad de las cosas es que hay Estados en donde ni siquiera hemos podido tener candidatos varios partidos, porque los candidatos han decidido no participar. En otros casos han asesinado a los aspirantes, esa es la realidad”, señaló la abanderada opositora en su conferencia de prensa del viernes. “Michoacán siempre ha estado complicado”, agregó. Morena, el partido gobernante, ha desechado el discurso de Gálvez contra “el miedo” y la ha acusado de explotar el tema al calor de la elección. “No voy a entrar en discusión con ella, pero es doloso decir que el presidente da abrazos a los criminales”, dijo Claudia Sheinbaum, su rival, esta semana.

Ese choque se replica en la política estatal, donde el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena, ha acusado a la oposición de politizar y querer sacar raja de la inseguridad. “Es vox populi que para ganar una elección hay que pedirle permiso a algún maloso, cosa que es falsa, porque acaban secuestrados o extorsionados, que no busquen la salida errónea de buscar el respaldo de algún grupo”, dijo Ramírez Bedolla tras los asesinatos de Maravatío y ofreció seguridad a cualquier candidato que la necesite.

“Le hemos dicho al gobernador que no es un asunto político en su contra, esto tiene más de 15 años pasando”, contesta Plaza. “Han amenazado y secuestrado a nuestros candidatos, ¿cómo les voy a decir ‘anímate, voy a conseguir que te pongan una patrulla afuera de tu casa durante algunos días’? Es una sentencia de muerte”, asegura el dirigente y se queja de que los trámites para pedir protección toman días o, incluso, semanas. Michoacán Primero se retiró la semana pasada de la mesa de seguridad en la que los partidos estuvieron convocados para discutir los protocolos para esta elección, bajo el argumento de que no corresponde a las fuerzas políticas velar por eso.

Mientras se agita el tema de la inseguridad en la contienda por la presidencia, los principales afectados por la violencia política son del ámbito local, más alejados del foco mediático y político. El informe Urnas y tumbas de El Colegio de México consignó que, de 32 asesinatos contra aspirantes en las elecciones de 2021, 21 buscaban la presidencia municipal, cuatro querían ser regidores, cuatro diputados locales, dos aspiraban a ser síndicos y sólo uno buscaba una diputación federal. “La violencia electoral letal es eminentemente local”, subrayaron los autores. Ese mismo año, cuando Michoacán eligió gobernador, el Tribunal Electoral reconoció la influencia del crimen organizado en los comicios y anuló las votaciones por la intervención de criminales en cuatro municipios, aunque señaló que no incidió de forma determinante en el resultado de la elección.

Hoy, varios partidos, rivales en las urnas, comparten información y consejos de forma discreta sobre las condiciones para hacer campaña en decenas de municipios, asegura Urbina. Michoacán Primero, que busca mantener el registro, no cubrirá las siete vacantes que dejaron sus aspirantes. Las campañas locales inician de manera formal hasta el próximo 15 de abril, entre dudas sobre las condiciones de la contienda, cruces entre la oposición y el Gobierno, y la sombra del crimen organizado.

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