La violencia sin freno en Sonora persigue a Alfonso Durazo

Alfonso Durazo terminó su etapa en el Gobierno federal con una aprobación hundida en las encuestas. Sus dos años al frente de la Secretaría de Seguridad fueron los más violentos desde que hay registros, con un reguero de golpes de alto impacto simbólico que fueron erosionando la valoración ciudadana de un veterano forjado en los despachos más altos de la política mexicana. Desde su salida en octubre del año pasado para embarcarse en la carrera por la Gobernatura de Sonora, su Estado natal, los datos han mejorado ligeramente y el...

Alfonso Durazo terminó su etapa en el Gobierno federal con una aprobación hundida en las encuestas. Sus dos años al frente de la Secretaría de Seguridad fueron los más violentos desde que hay registros, con un reguero de golpes de alto impacto simbólico que fueron erosionando la valoración ciudadana de un veterano forjado en los despachos más altos de la política mexicana. Desde su salida en octubre del año pasado para embarcarse en la carrera por la Gobernatura de Sonora, su Estado natal, los datos han mejorado ligeramente y el exsecretario lidera las encuestas en uno de los territorios más violentos de México. Arrastrando el peso de los resultados como máximo responsable de Seguridad, Durazo, de 66 años, se enfrenta al difícil reto de ser profeta ahora en su tierra.

La seguridad ha sido desde el inicio el eje de la contienda en Sonora, incluidas acusaciones directas de nexos con el crimen organizado hacia el candidato de Morena en anuncios electorales, ante los que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó formalmente su retirada. Desde su equipo confían en que la campaña de la oposición no ha hecho mella y se agarran a los sondeos que les otorgan un margen en torno a los 10 puntos sobre el candidato del PRI. La prueba más difícil se vivió la semana pasada con el asesinato de Abel Murrieta, exprocurador del Estado y abogado de la familia LeBarón. El clan mormón fue víctima de una brutal matanza —seis mujeres y seis niños fueron asesinados— hace dos años en la zona serrana del Estado, uno de los golpes simbólicos en el deber de Durazo durante su etapa como secretario.

A Murrieta le descerrajaron 10 balazos mientras pegaba carteles a las cuatro de la tarde en una de las avenidas principales de Ciudad Obregón. Era el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) para la alcaldía de una ciudad que aparece como la cuarta más violenta del mundo —con una tasa de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes— según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Ampliando el foco a nivel estatal, Sonora es uno los estados donde más aumentaron los asesinatos en 2020 y en lo que va de año la progresión continúa desbocada, con una tasa por habitante que ya supera a focos rojos como Tamaulipas, Guerrero o Michoacán.

“Nunca nos había pasado que no tuviéramos candidatos porque tienen miedo, que nos pararan comandos en la carretera durante la campaña, ver balaceras o directamente que nos asesinaran a un candidato” cuenta un miembro del equipo de Movimiento Ciudadano, que en cuatro municipios ha visto como se retiraban sus candidatos por amenazas del crimen organizado. Ante la crecida de violencia en Sonora, Durazo tomó la iniciativa y a mediados de 2019 desde la Secretaría de Seguridad se intervinieron las policías locales de cinco municipios, incluido Cajeme, donde asesinaron la semana pasada a Murrieta. Los mandos policiales fueron relevados por generales, coroneles y capitanes. Pese a la militarización, la gran apuesta del Gobierno federal, las cifras siguieron subiendo con la única excepción de la capital, Hermosillo.

Más policías y mejor pagados

Consciente del punto ciego en materia de seguridad, las promesas de campaña de Durazo han estado regadas con una batería de medidas al respecto: aumentar el número de cámaras de seguridad, crear una agencia de inteligencia estatal, mejorar el sueldo y multiplicar por cuatro la plantilla de la policía estatal. El candidato de Morena ha tratado de colocar la pelota caliente de la inseguridad en el tejado del Gobierno estatal, en manos del PRI y ha sacado pecho de los siete cuarteles de la Guardia Nacional construidos en el Estado, así como el despliegue de casi 3.000 efectivos del polémico cuerpo de espíritu castrense nacido ex profeso para controlar la violencia en el país. Formada por exmilitares y expolicías, el mando civil de la Guarda Nacional estuvo a cargo de Durazo como responsable de Seguridad.

Los registros de violencia a nivel nacional han dado un ligero respiro durante el primer trimestre del año con un descenso de casi un 5%. No hay tregua, sin embargo, en Sonora, donde los asesinatos han crecido un 40% hasta marzo. Desde la candidatura de la alianza Va por México, el priista Ernesto Gándara, segundo en las encuestas, ha aprovechado que la salida de Durazo de Seguridad ha coincidido con la mejora de los resultados para cargar contra su adversario. “No hay que abandonar el cargo cuando se asume una responsabilidad”, le ha lanzado con insistencia durante los debates.

No todas las voces de la oposición son tan drásticas. Adan Langford, 48 años, es el candidato del PRI en el pueblo serrano donde hace dos años un grupo sicarios asesinó a su hermana, Christina Marie Langford, junto a otros cinco miembros de la comunidad mormona de los LeBarón-Langford. “Está todo mal, muy inseguro. Hay que darle tiempo a López Obrador y que la justicia haga su trabajo”, apunta sobre un caso que ilustra la complejidad del mapa del crimen en el Estado. Con más de una 12 de detenidos, las autoridades apuntan a que el móvil de la matanza fue un error en medio de la disputa entre integrantes de La Línea, asociado al cartel de Juárez y grupos de Sonora.

Desde los inicios en los 80 de las grandes mafias del narcotráfico, el Estado norteño ha sido un territorio estratégico para el crimen organizado, conectado al sur con Sinaloa y fronterizo al norte con Arizona. La liberación en 2013 de Rafael Caro Quintero, otro capo histórico, complicó aún más el escenario, desatando una supuesta guerra a varias bandas entre los remanentes del cartel Sinaloa, la expansión de Jalisco Nueva Generación, el grupo de Caro Quintero y el cartel de la Línea.

La matanza de los Langford-LeBarón fue también una de las primeras crisis que tuvo que afrontar Durazo durante su etapa en el Gabinete de Gobierno, precedida apenas un mes antes por la polémica captura y posterior liberación de una de los hijos del Chapo. El junio del año siguiente, le siguió el asesinato de un juez federal en la puerta de su casa en Colima y apenas dos semanas después, el atentado fallido contra el jefe de la policía capitalina a manos de un comando del narco con armamento militar.

Todos contra Durazo

“Vamos por un Sonora para todas y todos, ya no más para unos cuantos”. Ese ha sido uno de los lemas de campaña de Durazo, en línea con la narrativa contra las élites de López Obrador. En esa saco, Morena mete a sus dos principales oponentes en el Estado, miembros del linaje priista que ha gobernado históricamente Sonora, solamente interrumpido en el periodo 2009-2015 por el mandato de Guillermo Padres (PAN). Gándara es hijo de un poderoso empresario hotelero y exalcalde Hermosillo. Mientras que Eduardo Bours viene de otra de las familias más ricas de Sonora y su hermano Eduardo fue también gobernador por el PRI.

Bours, al frente de MC, ocupaba el tercer puesto en las encuestas hasta que la semana pasada decidió abandonar su candidatura y sumarse a la del PRI. “Lo que sea con tal de que no gane Alfonso Durazo”, señaló para justificar su movimiento. Para la candidatura Morena, es otro ejemplo que refuerza su tesis de que no hay diferencia alguna entre la oposición, todo es parte de un difuso ente oportunista que solo busca agarrarse al poder.

Sonora es también la tierra otro histórico barón priista, Manlio Fabio Beltrones, que representa para Morena el paradigma de todo lo que busca revertir. Antiguo presidente del partido, su mandato durante los noventa en Sonora estuvo manchado por una información del New York Times, que afirmaba, citando cables de la DEA, que Beltrones protegía y hacia negocios con Amado Carrillo Fuentes, capo del cártel de Juárez. Su hija, la senadora Sylvana Beltrones, investigada junto al resto de la familia por la Fiscalía por presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas en un banco de Andorra, llegó a sonar en la terna de candidatos del PRI para la gubernatura.

Durazo, sin linaje político heredado, hijo de una familia de ganaderos y agricultores de un pequeño pueblo de la sierra, también se forjó en las filas del partido hegemónico mexicano hasta los 2000. “No lo presume, pero tampoco lo oculta”, apuntan fuentes de su candidatura. Llegó a ser el secretario personal de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial asesinado en 1994, y pasó también por el PAN durante el mandato de Vicente Fox hasta enrolarse finalmente en Morena, primero como senador y después como diputado federal. Aupado por López Obrador como uno de los hombres fuertes del Gobierno, Durazo aparece también en las quinielas preliminares para la carrera presidencial de 2024. Su inclusión definitiva dependerá en gran medida de su victoria en las elecciones regionales y su capacidad para apaciguar la ola de violencia en su tierra.

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