Rubén Rocha confía en el respaldo político de Sheinbaum: “No va a pasar nada”

Rubén Rocha Moya dice estar tranquilo. El gobernador de Sinaloa, dentro de un vehículo, ha respondido así a los periodistas que se le han acercado este miércoles mientras veía insistentemente su celular. “Estamos tranquilos”, ha dicho horas después de que la justicia de Estados Unidos lo acusara de ser un operador del Cartel de Sinaloa, específicamente del grupo de Los Chapitos. También aseguró que la presidenta, Claudia Sheinbaum, lo llamó para tratar el caso. “No va a pasar nada”, concluyó el mandatario estatal.

Además de Rocha Moya, Washington ha acusado a otros nueve colaboradores y exfuncionarios del Gobierno del Estado. “Ya habló conmigo la presidenta y no tengo más que decir que lo que dije en el Twitter [X]. No voy a declarar más”, afirmó el gobernador. Otro periodista aprovechó el intercambio para preguntarle si permanecerá dentro del Estado a pesar de las presiones desde Washington. “Sí, por supuesto, trabajando aquí [...] El llamado que les hago [a la ciudadanía] es que estén tranquilos, que sigamos trabajando por Sinaloa y que tratemos de resolver nuestros problemas comunes. No voy a cambiar, voy a atender mi agenda normal”, sostuvo.

Además del gobernador sinaloense, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, señaló directamente en su acusación al exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega; al fiscal adjunto de la Fiscalía estatal, Dámaso Castro Saavedra; a los exjefes de la policía de investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; al exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez; al exsubdirector de la policía del Estado José Antonio Dionisio Hipólito; al actual alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y al excomandante de la policía municipal de Culiacán Juan Valenzuela Millán.

La acusación difundida por el Departamento de Justicia muestra un amplio abanico de delitos contra los funcionarios y exfuncionarios. El factor común es la colaboración estrecha con Los Chapitos a través de sobornos y la imposición de cargos cercanos al grupo criminal dentro del Gobierno. Además de otros cargos como facilitar el tráfico de drogas y de armas.

“Los acusados, todos ellos funcionarios actuales o antiguos del Gobierno o de las autoridades del orden público en Sinaloa, han participado en esta asociación delictuosa con el Cartel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos”, se lee en el documento.

El golpe de Washington también sacudió el mapa electoral en Sinaloa: dos de los señalados buscan la candidatura para suceder a Rocha Moya en la gubernatura en 2027. Ellos son: el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Son los únicos que se han pronunciado. Ambos rechazan los señalamientos y han atribuido el golpe a un ataque a la “soberanía nacional” y a la llamada Cuarta Transformación.

“Este ataque tiene intenciones muy claras. No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación, y de los valores y principios que enarbolamos, y en que los que no transigimos, porque como nos lo dejó escrito el más alto prócer de la patria, don Benito Juárez García: los principios lo son todo; los hombres no somos nada”, escribió el legislador Inzunza en las redes sociales.

“Siempre nos hemos conducido con apego a la legalidad y todo dentro del Estado de Derecho”, aseguró el alcalde Gámez Mendívil, quien fue electo en 2021 y está en su segundo mandato como concejal de Culiacán. “Nunca ha habido nada fuera de la ley”, aseguró a EL PAÍS. La acusación afirma que el alcalde ha recibido sobornos de Los Chapitos para que estos puedan operar “libremente y sin interferencias” por Culiacán.

Morena publicó un comunicado que respalda la posición del Gobierno de México y donde explica que la petición de Estados Unidos debe ser analizada por la Fiscalía General de la República. “Es la única instancia facultada para determinar si existen elementos jurídicos suficientes para proceder”, señala el partido oficialista en un comunicado.

La Fiscalía local sí emitió un comunicado. Uno de los implicados en la trama destapada por EE UU es el vicefiscal general, Dámaso Castro Saavedra. Los investigadores aseguran que el funcionario recibió sobornos millonarios para evitar que los agentes detuviesen a criminales dentro de la célula de Los Chapitos.

El mensaje, sin embargo, deja todo en manos de la Fiscalía federal. “En relación con la información difundida por autoridades del Gobierno de Estados Unidos, sobre una acusación en contra de diversos servidores públicos, entre ellos el vicefiscal general del Estado de Sinaloa [...] cualquier solicitud relacionada con dichos señalamientos debe sujetarse a lo establecido en la Constitución, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes, siendo competencia de la Fiscalía General de la República determinar, con base en datos de prueba, la procedencia legal de las mismas”, se indicó en en el texto.