Perú deja en suspenso el salvoconducto a la ex primera ministra de Pedro Castillo, refugiada en la embajada de México
La Cancillería peruana sostiene que se ha “desnaturalizado” el derecho al asilo al otorgarse a quienes no son perseguidos políticos y pedirá a la OEA que reforme la Convención de Caracas
Las tensiones entre México y Perú continúan escalando con la decisión este viernes por la noche de la Cancillería peruana de mantener en suspenso la situación de la ex primera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, refugiada en la embajada mexicana. Chávez, acusada de ser una de las coautoras del autogolpe de diciembre de 2022, recibió el asilo de México y necesita un salvoconducto para salir de Perú, un permiso que el Gobierno peruano se resiste a conceder.
El Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene que antes de tomar esa decisión realizará una consulta a los países miembros de la Organización de Estados Americanos porque considera que se “ha producido una evolución negativa en la práctica internacional” de la Convención de Caracas de 1954. “Se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política. En ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales para que personas que han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales”, señala la Cancillería en un comunicado.
El Estado mexicano considera que tanto Betssy Chávez como Pedro Castillo son víctimas de sus adversarios políticos. Han defendido su inocencia públicamente e incluso han sostenido reuniones con sus abogados. Para la Fiscalía peruana existen pruebas contundentes para condenarlos por el delito de rebelión o cuando menos de conspiración. Castillo podría purgar hasta 34 años de cárcel mientras que en el caso de Chávez serían 25 años de reclusión.
Esta semana, tras denunciar una “injerencia en asuntos internos” de México, el Gobierno de Perú declaró persona non grata a Claudia Sheinbaum y, desde Cancillería, se anunció la ruptura de las relaciones entre ambas naciones. Ya habían quedaron reducidas a nivel de encargados de negocios en 2023 cuando aún gobernaba Dina Boluarte, relevo de Castillo en el Gobierno peruano tras el autogolpe.
Ante lo que consideran un mal uso del derecho de asilo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú anunció además que planteará ante la OEA “una propuesta de modificación de la Convención de Caracas de 1954 para evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo”, se lee en el oficio.
El Gobierno de José Jerí —quien este lunes cumplirá un mes en el cargo tras reemplazar a Boluarte— realizará un proceso de consultas con los países miembros de la OEA para llevar adelante esta iniciativa de reforma “cuyo objetivo central es que el imperio de la ley sea respetado por todos los habitantes de las Américas”.
La Cancillería ya había expulsado a Karlas Ornelas, la encargada de la embajada de México en Perú, dándole un “plazo perentorio” para abandonar el país. En tanto el Gobierno de Jerí no dé a conocer su decisión respecto al salvoconducto, Betssy Chávez continuará refugiada en la residencia.