De Izaguirre a La Vega: los ranchos de la infamia

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Lo que más espanta de la foto es lo que no se muestra. Decenas de zapatos, gastados y cubiertos de polvo pero ordenadamente emparejados y dispuestos sobre una lona todos juntos. La potencia de la imagen reside en que esos objetos están fuera de contexto, no deberían estar ahí. Fueron encontrados en un rancho en Jalisco usado por el crimen organizado en México como campo de entrenamiento, o más bien, como campo de concentración. Los testimonios de los que lograron escapar de allí lo hablaban de esclavitud. Reclutados con engaños, una vez dentro eran sometidos, golpeados y a veces incluso obligados a pelear a muerte entre ellos, hasta acabar quemados en piras humanas.

La foto de las zapatillas es la imagen de una ausencia, un macabro ready made que disloca el sentido de la realidad. Como si hacerse cargo del horror fuera tan insoportable que solo podemos acercarnos a él rodeando ese vacío. Los hallazgos del rancho Izaguirre, donde las madres buscadoras también encontraron huesos, juguetes y restos de hogueras; sacudieron esta primavera a un país acostumbrado a demasiados ejemplos de horror insoportable. El Gobierno se aferró a negar que aquello fuera un campo de exterminio, pero no pudo negar el reclutamiento forzado, un fenómeno cada vez más repetido por distintas zonas del país.

Esta semana, mi compañero Pablo Ferri ha sacado a la luz otro caso muy parecido. Esta vez es el rancho La Vega, también a las afueras de Guadalajara, y también controlado por el Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las mafias más poderosas. Se repite el mismo patrón: chicos jóvenes captados por las redes sociales con el anzuelo de ofertas de trabajo, recluidos a la fuerza −”seguir un adiestramiento de tres meses, o un balazo en la cabeza”−, y sometidos bajo amenazas y maltratos. Uno de los chicos, de un origen campesino, que llegó bajo la promesa de trabajar en la cosecha de fruta y agave, decía que “la gente mala” lo desnudó y le dio de tablazos.

El reportaje cuenta que los hechos sucedieron a finales de enero y está estructurado según los testimonios ante el juez de los 38 reclutas que fueron liberados tras la intervención del Ejército. El grueso de los jóvenes tenían 18 años, y muy pocos pasaban de los 20. Todos de entornos pobres y apenas sin estudios. A Pablo, con mucha experiencia cubriendo temas de violencia y seguridad, le sorprende “lo fácil que es enganchar estos chicos vulnerables con ofertas fraudulentas en las redes. TikTok, sobre todo. Con cualquier gesto de generosidad de los supuestos patrones ya han caído en la trampa”. Por ejemplo, que les paguen el boleto de autobús hasta el lugar del supuesto trabajo. O un taxi, si son de ciudades cercanas.

Los primeros registros del fenómeno de campos de reclutamiento forzado vienen de 2017. Empezaron en Jalisco, una de las zonas rojas de la crisis de desaparecidos, que acumula en todo el país más de 115.000 casos. Pablo subraya también uno de los problemas tan repetidos en la estrategia contra la violencia en México: “Es la constatación que como una vez más de que, pese a tener identificado el problema desde hace años, la experiencia criminal no generan políticas públicas de prevención para que estos jóvenes no caigan en la trampa”.

El fenómeno además viene de más lejos. Ya hace más de una década, los Zetas, una sanguinaria mafia compuesta por exmilitares de élite, acostumbraba a secuestrar a hombres jóvenes para entrenarlos a la fuerza como sicarios. En un reportaje de 2014 de este periódico sobre el rancho San Pedro un vecino contaba que eran “chavitos”: jovencitos que no rebasarían los 20 años. Pocos entran por voluntad propia, explicaba entonces un funcionario que pedía no ser identificado. “Ellos se los llevan, los secuestran. Son chicos que no tienen otra opción. Tienen que venir aquí para ver la situación. Hay mucho abandono”. De una costa a otra del país, de Veracruz a Jalisco, el abandono continúa dejando a merced de las mafias a jóvenes vulnerables.