Videoanálisis | Sheinbaum y el debate sobre la reforma a la ley de amparo

El 15 de septiembre, en pleno puente vacacional, la presidenta Sheinbaum envió al Senado una serie de reformas a la Ley de Amparo, un instrumento que ha sido, durante décadas, una de las herramientas más poderosas para frenar abusos de autoridad en México.

La propuesta limita las suspensiones, esos mecanismos que congelan temporalmente un acto de autoridad mientras un juez revisa si fue legal o no. También establece plazos y requisitos más estrictos que, aunque buscan “ordenar” el proceso, corren el riesgo de cerrar la puerta a quienes más necesitan protección.

Uno de los elementos más preocupantes, aunque no el único, es la redefinición de quién tiene “interés legítimo” para promover un juicio de amparo. Con la ley vigente, este concepto permite que personas u organizaciones actúen para proteger derechos colectivos, incluso cuando no son los directamente afectados, siempre que exista una afectación real al interés público. Gracias a esta figura, por ejemplo, organizaciones ambientalistas pudieron interponer amparos contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya, alertando sobre la devastación de la selva virgen y sus consecuencias irreversibles.

Con la reforma, se exigiría que el daño sea concreto, directo y personal, lo que en la práctica limita seriamente la capacidad de colectivos y asociaciones civiles para actuar en defensa de causas comunes. Esto significa que, en el caso del Tren Maya, solo podrían promover amparos quienes acreditaran una afectación directa —por ejemplo, dueños de terrenos afectados—. Lo propuesto debilita uno de los pocos mecanismos que tenemos como sociedad tiene para detener proyectos con efectos negativos a gran escala antes de que el daño sea irreversible.

Este es solo un ejemplo, pero las implicaciones van mucho más allá. Hay, por supuesto, también buenos puntos de la reforma. Por ello, el tema exige un debate amplio y transparente en Parlamento Abierto, con la participación de todas las voces. Morena y sus aliados pueden creer que hoy, con la mayoría, no necesitan escuchar a nadie, que no hay para qué entrar en este ejercicio. Pero deben recordar que el poder es efímero. Debilitar el amparo es poner en riesgo a todos, porque la justicia debe ser un contrapeso permanente, no una herramienta sujeta a la voluntad de quien gobierna en turno.