Detenido el médico que presuntamente abusó de Mariana Sánchez

El hombre que presuntamente abusó sexualmente de Mariana Sánchez, la médica de 25 años que fue hallada muerta en las instalaciones de un centro de salud de Chiapas, ha sido detenido este jueves, según la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público ha informado de que el compañero de la joven asesinada ha sido aprehendido en el municipio de Ocosingo (en mitad de la selva chiapaneca) por un supuesto delito de hostigamiento sexual, pero no se le ha vinculado con la muerte de Sánchez. La médica estaba en prácticas desde agosto en esa clínica y había denunciado a su compañero por abuso sexua...

El hombre que presuntamente abusó sexualmente de Mariana Sánchez, la médica de 25 años que fue hallada muerta en las instalaciones de un centro de salud de Chiapas, ha sido detenido este jueves, según la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público ha informado de que el compañero de la joven asesinada ha sido aprehendido en el municipio de Ocosingo (en mitad de la selva chiapaneca) por un supuesto delito de hostigamiento sexual, pero no se le ha vinculado con la muerte de Sánchez. La médica estaba en prácticas desde agosto en esa clínica y había denunciado a su compañero por abuso sexual dos meses antes de su muerte a través de una carta oficial a la directora del centro. El presunto agresor es el segundo detenido del caso después de que el 6 de febrero fuera capturada la directora de la institución por abuso de autoridad: tuvo conocimiento de la denuncia y presuntamente no hizo nada para protegerla.

Aunque la Fiscalía ha anunciado su detención como un avance en el caso, el supuesto agresor se ha entregado de forma voluntaria, según asegura en un vídeo grabado y difundido en las redes sociales. “Me vengo a entregar para que termine la violencia en contra de mi familia, la persecución de manera injusta, y esperemos que esto se resuelva de la manera más favorable a favor de un servidor”, ha dicho antes de ingresar a los juzgados. El hombre, que se ha identificado como Fernando Cuauhtémoc Pérez Ximénez, trabajaba en la misma clínica que Sánchez en Nueva Palestina, una comunidad indígena en el municipio de Ocosingo. Según denunció la médica, una noche de noviembre, su compañero, borracho, forzó su cuarto para abusar de ella.

La captura se suma a la de la responsable de la clínica, de principios de febrero, por haber tenido conocimiento del acoso que sufría Sánchez y presuntamente no haber denunciado y protegido a la víctima. Pero ninguna de estas detenciones se incluyen en el expediente del caso Mariana, sino que se tratan como dos causas aisladas: la primera contra Pérez por abuso sexual y la segunda, por un delito de abuso de autoridad por omisión. De manera que el caso de su muerte corre el riesgo, como muchos otros, de enredarse en los tribunales.

Pérez está siendo investigado por el presunto abuso sexual que cometió contra Sánchez en noviembre, pero no como posible partícipe en su muerte el pasado 27 de enero. Así como la directora está en prisión preventiva —ampliada por orden de un juez—, pero tampoco la Fiscalía la ha vinculado con el presunto feminicidio.

En la carpeta de investigación a la que ha tenido acceso EL PAÍS no hay hasta el momento un solo indicio que apunte al posible feminicidio de la joven, en contra de lo que ordena la ley en los casos de la muerte violenta de una mujer. El expediente armado hasta ahora demuestra cómo las autoridades no impidieron la incineración rápida de su cadáver y responsabiliza a la víctima como única culpable. Las investigaciones caminan estos días a ciegas, sin cuerpo y con un solo examen forense que no ha podido ser revisado por otro especialista y que podría resultar clave en la línea de investigación de feminicidio.

Nadie estaba buscando a Pérez, no había ninguna orden de detención. Incluso el médico declaró ante la Fiscalía a principios de febrero por el caso de Sánchez, según el expediente. “Nunca hablé con ella”, señalaba el testimonio. El fiscal en ningún momento le preguntó entonces qué estaba haciendo y dónde se encontraba el día en que Sánchez murió. Pérez presentó voluntariamente una constancia de que al día siguiente estuvo haciéndose unos análisis en un laboratorio en la capital chiapaneca. Pero la carpeta no recogía una coartada para el doctor en el momento exacto de su muerte.

La carpeta de investigación incluye además una denuncia de 2013 en contra del mismo médico. Una compañera enfermera del doctor, cuando trabajaba en otro centro sanitario de Chiapas, interpuso una demanda por abuso sexual. Él presuntamente había intentado abusar de ella en al menos dos ocasiones. La denuncia fue archivada unos años después.

Pese a la denuncia que había interpuesto Sánchez ante la responsable de la clínica por abuso sexual y las sospechas sobre su muerte, las autoridades desestimaron investigar el caso como feminicidio y determinaron que se trataba de un suicidio. Solo cuando el caso escaló al debate público nacional y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió que se investigara el caso con perspectiva de género, como exige el protocolo ante la muerte violenta de una mujer, la carpeta pasó a plantear esa hipótesis. Aunque no ha sido sostenida ni con nuevos indicios, testimonios ni pruebas periciales.

“La Fiscalía sigue actuando con opacidad. No ejecutó la orden, el señor se entregó. De lo contrario, posiblemente no lo hubiesen detenido. Quiere mostrar una efectividad cuando no es así”, señala por su parte Carlos Hugo Tondopó, abogado de la familia. El defensor había pedido a las autoridades desde hacía una semana que se considerara al doctor como sospechoso de la muerte de Sánchez. También ha pedido que se revisen los teléfonos de compañeros y de la víctima, además de recuperar sus geolocalizaciones esa noche. Tondopó insiste en que no quieren “chivos expiatorios”: “Solo queremos que la Fiscalía haga su trabajo y primero desestime la posibilidad del feminicidio. Pero que al menos primero lo investigue como se debe”.

Sánchez llevaba cinco meses trabajando como médica en prácticas en el centro de salud y desde que la habían trasladado a esta localidad en agosto del año pasado, le había contado a su madre el infierno que vivía. El cuarto donde apareció ahorcada —en suspensión “incompleta”, de rodillas— consistía en cuatro paredes de cemento, adosadas al terreno del centro de salud para el que trabajaba como médico general en prácticas. El baño, compartido con otros compañeros pasantes, estaba del otro lado del austero recinto. Ella era la encargada de atender las consultas de 8 de la mañana a tres de la tarde. Y en este rincón de la selva chiapaneca, poblada de indígenas evangelistas, llamado Nueva Palestina, la falta de internet y cobertura la mantenía aislada de su familia y amigos.

En Chiapas fueron asesinadas el año pasado 70 mujeres: 29 reconocidas como feminicidios y 41 como homicidios, según las cifras estatales. Este Estado no es el más letal de México; a la cabeza están Morelos, Colima y Nuevo León (hasta agosto de 2020), según la tasa por habitante. Los altos índices de impunidad, con menos de un 10% de sentencias condenatorias en estos delitos, han colocado desde hace años a los crímenes machistas en el país como un asunto de seguridad nacional. En México se estima que son asesinadas 10 mujeres al día.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país