Los cabos sueltos tras la investigación de la muerte de Mariana Sánchez

“Era sucia, desordenada, no hablaba con nadie...”. Así comienzan los primeros testimonios del expediente de Mariana Sánchez, la médica en prácticas de 25 años hallada muerta en las instalaciones de un centro de salud de Chiapas. Unas declaraciones que insisten en la apariencia de la joven más que en los motivos o causas específicas de su muerte. En las casi 600 páginas de la carpeta de investigación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, no hay un solo indicio que apunt...

“Era sucia, desordenada, no hablaba con nadie...”. Así comienzan los primeros testimonios del expediente de Mariana Sánchez, la médica en prácticas de 25 años hallada muerta en las instalaciones de un centro de salud de Chiapas. Unas declaraciones que insisten en la apariencia de la joven más que en los motivos o causas específicas de su muerte. En las casi 600 páginas de la carpeta de investigación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, no hay un solo indicio que apunte al posible feminicidio de la joven, una línea de investigación obligada por ley para cualquier caso de muerte violenta de una mujer en México. El caso armado hasta ahora demuestra cómo las autoridades no impidieron la incineración rápida de su cadáver. Y, sin cuerpo que analizar, las pesquisas se centran en señalar a un único culpable de su muerte: ella misma.

El caso de Sánchez escaló en seguida al debate nacional a finales de enero, en un contexto de violencia machista sin tregua, con máximos históricos de mujeres asesinadas en el país, más de 10 al día. La joven había denunciado un caso de abuso sexual por parte de un compañero médico de la clínica dos meses antes: una noche había entrado mientras dormía e intentó abusar de ella. Escribió una carta a la directora del centro, pero nadie hizo nada para protegerla. Dos días después de su muerte, centenares de compañeros y madres de víctimas de los feminicidios organizaron protestas en su nombre en las principales ciudades de Chiapas. Y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ante la presión mediática, exigió públicamente que el caso se investigara con perspectiva de género.

Ya era tarde. Solo 48 horas después de la muerte de Sánchez ya no había cuerpo que analizar. El 29 de enero, a las 10 de la mañana, la familia estaba reservando un hueco para el crematorio. La tía de la víctima —pues su madre estaba viajando desde Saltillo (Coahuila), donde reside— fue la encargada de reconocer y recibir el cadáver de Sánchez. A las 18.40 comenzó la incineración y terminó dos horas después. La Fiscalía había permitido que se entregara un cuerpo con una investigación abierta y no impidió su incineración, según se observa en el expediente. Las recomendaciones oficiales a la familia para que no lo cremaran llegaron un día después de que recibieran las cenizas.

Las investigaciones caminan estos días a ciegas, con un solo expediente forense que no ha podido ser revisado por otro especialista y que podría resultar clave en la línea de investigación de feminicidio, según exige el protocolo. Tampoco hay un sospechoso, más que ella misma. La única detenida, después de dos semanas de presión mediática sobre el caso, ha sido la directora del centro por abuso de autoridad. La responsable conoció el caso de abuso sexual y no lo denunció a otras instancias. Pero esta captura no acerca a las autoridades a conocer la verdad de lo que sucedió aquella noche.

“Hora de la muerte, 20.30, del 27 de enero”. El certificado de defunción y el resumen de la necropsia de Sánchez explican de forma escueta la causa: “Asfixia mecánica secundaria causada por ahorcadura”. No hay rastro biológico de otro cuerpo en el cadáver, señala el expediente. También resulta negativa la prueba toxicológica. No se proporcionan más detalles de la cuerda en la que estaba ahorcada ni de dónde estaba amarrada. Hasta ese punto, la tesis que inició la Fiscalía sobre el suicidio de Sánchez, y que desató la indignación del movimiento feminista en el Estado, encajaba con lo presentado. Pero salta una primera alarma que nadie ha revisado todavía: la forma en la que se encontró el cadáver. “Suspensión incompleta”.

El cuerpo no se encontraba completamente colgado, sin que una autoridad haya indagado hasta ahora más sobre la mecánica de la muerte. Las imágenes de los peritos muestran al cadáver recargado desde sus rodillas en el piso, con los brazos estirados y los puños cerrados. El nudo de la soga quedaba de su nuca a unos 10 o 15 centímetros, según la fotografía. No estaba apretado contra su cuello. Los testimonios de los primeros que llegaron al lugar cuentan también que se encontraba hincada en el suelo, de rodillas. Uno de ellos incluso menciona que sus manos estaban apoyadas sobre aquel suelo de cemento; otro, que al verla creyó que estaba meditando.

Alrededor de las 7.15 horas del día siguiente a su muerte fue descubierto el cadáver en su cuarto. Y durante todo el día se recabaron los testimonios de compañeros de trabajo con los que comienza la carpeta de investigación: “No se bañaba”. La defensa privada de la familia sospecha que estos testimonios fueron manipulados y solo se basan en prejuicios que revictimizan a Sánchez. “Todos señalan prácticamente lo mismo y no es hasta una segunda declaración cuando mencionan que tomaba un medicamento, difenhidramina, sin que haya prueba de ello”, explica el abogado Carlos Hugo Tondopó por teléfono. La difenhidramina que mencionan los testigos es un antihistamínico con efectos sedantes.

El cuarto donde vivía Sánchez consistía en cuatro paredes de cemento, adosadas al terreno del centro de salud para el que trabajaba como médico general en prácticas. El baño, compartido con otros compañeros pasantes, estaba del otro lado del austero recinto. Ella era la encargada de atender las consultas de 8 de la mañana a tres de la tarde. Y en este rincón de la selva chiapaneca, poblada de indígenas evangelistas, llamado Nueva Palestina, el internet y la cobertura es algo que sucede a veces. Esto la mantenía aislada de su familia y amigos.

Según el expediente que insiste en la situación emocional de Sánchez para cometer el suicidio, destaca que había suspendido su examen profesional y pagar los costos de la siguiente prueba la traía de cabeza. Un médico en prácticas en este país, aunque esté a cargo de cientos de consultas diariamente, cobra 3.500 pesos al mes (unos 170 dólares). Se hacía hasta 8 o 9 horas de autobús cada fin de semana de camino a la casa de su abuela con la que se crio en la capital, Tuxtla Gutiérrez. Y a este lugar pobre del México miserable fue destinada en agosto de 2020 para cumplir su año de servicio social, previo a la residencia.

“Desde que llegó, quiso salir corriendo de ahí”, contaba su madre, María de Lourdes Dávalos, en una entrevista a este diario. Pocos meses después de llegar, un compañero había forzado la endeble puerta del cuarto mientras dormía e intentó abusar de ella, según su propia denuncia ante las autoridades del centro. Le dieron unos días de descanso “para superar el trauma” y cambiaron al doctor al turno de la tarde. “La angustia la seguía persiguiendo”, cuenta Dávalos.

En dos conversaciones con su madre en octubre por WhatsApp, que no forman parte de la carpeta del caso, le cuenta el acoso que estaba sufriendo y cómo quería marcharse de ese lugar.

La carta oficial enviada el 11 de noviembre de 2020 a la directora del centro sobre el caso de abuso sexual no se comenta en los primeros testimonios ni aparece en el expediente, solo se menciona. Tampoco se ha tenido en cuenta esta denuncia para investigar posibles venganzas del acusado en su contra.

El médico tenía antecedentes

El médico señalado por Sánchez como el que entró en su cuarto una noche de octubre e intentó abusar de ella declara ante la Fiscalía a principios de febrero. “Nunca hablé con ella”, señala el testimonio. El fiscal en ningún momento le pregunta qué estaba haciendo y dónde se encontraba el día en que Sánchez murió. Él presenta voluntariamente una constancia de que al día siguiente estuvo haciéndose unos análisis en un laboratorio en la capital chiapaneca. Pero la carpeta no recoge una coartada para el doctor en el momento exacto de su muerte.

Destaca una denuncia de 2013 en contra del mismo médico. Una compañera enfermera del doctor, cuando trabajaba en otro centro sanitario de Chiapas, interpuso una demanda por abuso sexual. Él presuntamente había intentado abusar de ella en al menos dos ocasiones. La denuncia fue archivada unos años después.

La defensa de la familia trabaja estos días en la imputación del doctor como principal sospechoso. Y especialmente, trata de presionar a la Fiscalía para que revise su expediente y se mantenga acorde al protocolo de violencia de género. “Mariana no se suicidó, a Mariana la mataron”, insiste su madre. “Hay inconsistencias en el expediente. No queremos venganzas ni chivos expiatorios. Nosotros solo queremos saber qué pasó. Aquí solo nos tratan de convencer de que se suicidó, pero lo presentado no es suficiente”, añade su abogado.

El caso de Mariana supone un reflejo de cómo proceden algunas fiscalías de México ante el caso de la muerte violenta de una mujer. En un país con menos del 90% de los crímenes de feminicidio resueltos, el expediente de Sánchez estaba condenado, como otros miles, al laberinto de impunidad. En estas páginas se repite la historia mil veces contada en el país: una mujer muere y la verdad sobre lo que sucedió aquella noche corre el riesgo de irse para siempre con ella a la tumba.

En la última conversación con su madre el mismo día de su muerte, Sánchez le comentaba que tenía previsto volver a casa de sus abuelos ese fin de semana.

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