La línea dura de Andrés Manuel López Obrador

Mientras el planeta se angustiaba en abril con los primeros golpes de la pandemia, Andrés Manuel López Obrador aprovechó para defender aquello de que toda crisis esconde una oportunidad: “Nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”. La frase ilustra como pocas el optimismo que rezuma el presidente mexicano a dos años de su llegada al poder. Un optimismo ...

Mientras el planeta se angustiaba en abril con los primeros golpes de la pandemia, Andrés Manuel López Obrador aprovechó para defender aquello de que toda crisis esconde una oportunidad: “Nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”. La frase ilustra como pocas el optimismo que rezuma el presidente mexicano a dos años de su llegada al poder. Un optimismo acusado de temerario por sus críticos, pero que desvela su inmensa confianza en que, por ahora, su forma de hacer política sigue sin suponerle apenas ningún coste.

Con una oposición en el desguace y la inercia del arrollador respaldo electoral, lejos queda ya el tono conciliador de la campaña, las apelaciones a “unir a todos los Méxicos”. En tiempos de pandemia y con los comicios intermedios de junio en el horizonte, López Obrador ha redoblado su apuesta ideológica dura: mando personal, señalamiento de enemigos —empresarios, oposición, prensa— y una particular heterodoxia económica basada en el control a rajatabla del gasto público y la salvación de las antiguas empresas estatales.

Gobiernos de distinto pelaje —de EE UU a Francia— no dudaron en poner en marcha ambiciosos planes de estímulo fiscal y apoyo a las empresas para amortiguar la crisis destaca por la covid. México ha sido la excepción. Dieron igual las demandas y recomendaciones de dentro y de fuera: el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo o la OCDE insistieron en que tomara medidas. López Obrador amarró bien los subsidios para los más pobres y lanzó un modesto balón de créditos para las empresas más pequeñas y los funcionarios. “No queremos abrir la puerta a los corruptos”, fue su respuesta.

Con el PIB dañado —en torno a un 10% es la caída prevista para el cierre del año, la peor entre sus pares regionales— y el empleo renqueante —casi 4 millones de mexicanos expulsados del mercado laboral por el coronavirus todavía no ha regresado— se ha desinflado también otra de las grandes planes de López Obrador: “Sin crecimiento, no hay empleo, sin empleo hay pobreza, y la pobreza crea la violencia”.

El círculo virtuoso se ha detenido y los registros de violencia en el país siguen creciendo. La inclemente austeridad, de la que no se han salvado ni la ciencia, ni víctimas de la violencia, ni algunos de sus programas sociales estrella, ya ha levantado ampollas en amplios sectores sociales, e incluso dentro del Gobierno. Pero López Obrador sigue enrocado. “Gracias a las medidas de austeridad no hemos tenido que recurrir a nuevos préstamos” defendió la semana pasada en la reunión del G20.

“La pandemia ha provocado una tendencia a la inmovilidad del proyecto político, que se afianzó con los lineamientos del año pasado”, apunta Humberto Beck, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. “Esta inmovilidad la justifica el presidente con una interpretación muy idiosincrática de la austeridad republicana. Una interpretación muy anacrónica y contradictoria de que los hombres políticos deben ser inflexibles en su virtud. El apego ha de ser a las leyes y las instituciones, y no tanto a su voluntad y sus ideas”.

El académico atisba también un leve hilo conductor con algunos modelos del pasado autoritario mexicano, pero actualizados y filtrados por el tamiz democrático. “Sin duda hay cierta nostalgia de la figura del presidente de la república como autor casi único de la política mexicana, un vínculo con el modelo providencial, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas (uno de los referentes explícitos de López Obrador), que tuvo una gran legitimidad popular pero no tanto democrática, siendo en gran medida el padre del sistema autoritario y corporativista. En el caso de López Obrador, esta legitimación de la figura presidencial sí está basada en la representatividad democrática”.

Tras dos años de Gobierno, sus cotas de aprobación y popularidad apenas han bajado del umbral del 60%, muy por encima de la media de los presidentes recientes. “Esto hace que se sienta blindado. Su popularidad está apuntalada además con los beneficios directos a sectores populares de la población a través de la trasferencia directa de efectivo. Solo así se explica que al rebasar la barrera de los 100.000 fallecidos por la pandemia, su popularidad no se haya visto afectada”, añade Beck.

Blindado y en un contexto de anemia económica, el presidente ha vuelto a tensar las relaciones con el mundo empresarial tras su acercamiento al inicio del sexenio con la creación del llamado Consejo Asesor Empresarial, formado por los magnates más poderosos del país. La señal más clara de la discordia fueron las recientes palabras de Alfonso Romo, jefe de la oficina de Presidencia, y correa de transmisión con los grandes empresarios. Romo criticó la gestión económica de la pandemia pidiendo más espacio para la inversión privada. Los puentes se han roto y el mundo corporativo ya ha empezado a moverse entre bambalinas para apoyar una futura candidatura opositora de cara a las elecciones intermedias.

En el haber de los dos años de Gobierno pesa la subida del salario mínimo y el mayor foco en los programas sociales. “Son buenas intenciones pero no suficientes. Porque no se está apoyando al sistema productivo, a los empleadores. Y sin crecimiento no hay recursos para financiar el bienestar”, apunta Sofía Ramirez, economista y directora del centro de análisis México ¿Cómo vamos?, que ha evaluado en un reciente informe el impacto de las políticas públicas en el país antes de la llegada de la pandemia. Hay mejoras en la inclusión de las minorías, la caída del analfabetismo o los embarazos adolescentes. Siguen pendientes los retos de la corrupción, la informalidad y la inseguridad. “Una de las grandes urgencias es una reforma fiscal. No puedes seguir garantizando derechos sociales que no tengan una contraparte financiera”, añade Ramírez.

Su negativa a acometer una reforma fiscal ya le costó la salida el año pasado del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Mientras que tampoco da un paso atrás en las grandes obras de infraestructura proyectadas y el rescate del sector público energético. Inversiones poco productivas, para sus críticos, y que chocan con la nueva agenda de la economía verde. Pemex, por ejemplo, lleva en caída libre más de un lustro. En los seis primeros meses del año perdió 606.600 millones de pesos (unos 28.000 millones de dólares). Un ritmo de 3.000 millones diarios.

El empeño en seguir adelante con sus proyectos polémicos contrasta, sin embargo, con la flexibilidad que sí ha mostrado en otros asuntos aparentemente no centrales de su agenda o directamente contradictorios con su posiciones durante su larga etapa en la oposición. La defensa a ultranza de la integración económica con EE UU, sellada con el nuevo acuerdo de libre comercio; la supeditación de la política migratoria mexicana a EE UU, órdago de Trump mediante; y la militarización de la seguridad pública, institucionalizada definitivamente con la creación de la Guardia Nacional y una nueva ley que formaliza las tareas del Ejército.

El peso cada vez mayor de la figura presidencial también ha despertado críticas preventivas sobre un posible desgaste del resto de instituciones del mapa constitucional. “Hay una clara erosión de la autónoma y la legitimidad de la instituciones nacidas en los últimos años. Hay una voluntad de sustituir esa institucionalidad, que considera corrupta o ineficiente, con el ejemplo personal y un discurso moral y moralista”, añade el politólogo del Colegio de México.

De fondo, resuenan los ataques al Instituto Nacional Electoral, la iniciativa legislativa que buscaba otorgar al Ejecutivo facultades de distribución del Presupuestos Federal, una tarea exclusiva del Congreso, o el bloqueo de los avances en el Sistema Nacional Anticorrupción. A cuatro años de la reforma, impulsada por Enrique Peña Nieto, aún falta nombrar a los magistrados especializados en la materia. La batalla contra la corrupción es la principal bandera del Gobierno de Morena, su gran activo y la palanca que le aupó al poder. Sin embargo, ha preferido de momento utilizar los resortes de la Fiscalía, el Servicio de Administración Tributaria o la Unidad de Inteligencia Financiera. López Obrador suele recordar los resultados —dos altos cargos del Gobierno anterior, Rosario Robles y Emilio Lozoya, están siendo enjuiciados— a la vez que marca públicamente las distancias con el polémico referéndum para que el pueblo decida si habría que juzgar o no a los últimos cinco expresidentes.