México crea un mercado legal de la marihuana recreativa
El Senado aprueba una ley para el cannabis que aún penaliza el consumo y con varios problemas en la regulación, critican asociaciones civiles
México avanza en la creación de un mercado legal de marihuana. El Senado ha destrabado una ley estancada durante dos años y ha aprobado este jueves la norma que regula el cannabis. La sustancia será legal, habrá clubes cannábicos exclusivos para adultos y el Estado tendrá el control del proceso de producción, desde la comercialización de las semillas hasta que la hierba llegue a los consumidores finales. Celebrado como un hito histórico por senadores de todos los partidos, organizaciones civiles...
México avanza en la creación de un mercado legal de marihuana. El Senado ha destrabado una ley estancada durante dos años y ha aprobado este jueves la norma que regula el cannabis. La sustancia será legal, habrá clubes cannábicos exclusivos para adultos y el Estado tendrá el control del proceso de producción, desde la comercialización de las semillas hasta que la hierba llegue a los consumidores finales. Celebrado como un hito histórico por senadores de todos los partidos, organizaciones civiles critican que es una simulación porque aún existen penas a la posesión, restricciones estrictas al consumo y barreras para que los pequeños productores puedan sumarse al mercado.
Aprobada por 82 votos a favor frente a 18 en contra y siete abstenciones, la nueva ley crea el Instituto Mexicano del Cannabis, que dependerá de la Secretaría de Salud y estará encargado de todos los asuntos regulatorios: los permisos para la producción, para la comercialización y para fundar las asociaciones de consumo, así como zonas designadas para fumar variedades psicoactivas. No se podrá fumar en lugares públicos ni frente a adolescentes o niños, aunque no está claro cómo se vigilará el cumplimiento de estas medidas. Cada persona podrá tener hasta cuatro plantas en su casa, se podrá tener hasta 28 gramos de marihuana sin recibir penas y los clubes no podrán tener más de 20 integrantes. “Este es uno de los dictámenes más polémicos que tendremos que aprobar”, ha reconocido Julio Menchaca, senador del gobernante Morena y autor del proyecto. “En México se consume y se produce cannabis, tenemos que enfrentar la realidad”, ha dicho su compañero de bancada, Miguel Ángel Navarro.
Las asociaciones civiles han reclamado que las disposiciones sobre etiquetado, las condiciones de producción y las limitaciones a la obtención de semillas dificultan que los campesinos, las víctimas colaterales de casi 15 años de guerra contra el narcotráfico, puedan entrar al negocio legal. En cambio, aseguran, serán las grandes trasnacionales y las compañías más poderosas, que han hecho labores de cabildeo que casi hacen naufragar la ley, los que podrán cumplir estos requisitos. El expresidente Vicente Fox y empresas de Canadá, donde ya es legal, son algunos de los que se han apuntado al negocio. La industria canadiense ve en México un mercado potencial de 2.250 millones de dólares, según la consultora Cannacord Genuity. “Nos preocupa que las comunidades no puedan transitar al mercado legal y que las empresas integren verticalmente varias etapas de la producción, con las licencias”, ha apuntado Zara Snapp, cofundadora del Instituto RIA.
Uno de los aspectos más problemáticos, señalado por los críticos del dictamen aprobado, es que se mantienen sanciones penales y administrativas para los consumidores. Se han aumentado las penas de cárcel por posesión simple, el término legal que se utiliza para castigar el narcomenudeo, pero han bajado las de narcotráfico. La posesión entre 28 y 200 gramos será sujeta a multas de hasta 15.000 pesos (unos 750 dólares). Quien tenga más de 200 gramos de cannabis puede enfrentar entre cinco y diez años de prisión. Paradójicamente, es la misma pena que se contempla para quien comercie más de 28 kilos de hierba, una persona acusada por narcotráfico, que antes se enfrentaba a entre 10 y 25 años de cárcel. “Es el mundo al revés”, ha criticado Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia. “Somos el único país del mundo que legaliza la marihuana prohibiendo y multando”, ha agregado.
“No hay una despenalización real”, ha reclamado el Movimiento Cannábico Mexicano, que ha mantenido un plantón de nueve meses y un plantío de marihuana afuera de la Cámara alta como protesta. Menchaca ha respondido que no se puede pasar del prohibicionismo a la liberación irrestricta del consumo. “En ningún momento se busca que el Estado mexicano se vuelva promotor del uso adulto de cannabis”, ha dicho. La nueva ley solo cubre este uso “adulto” o lúdico, el uso medicinal es legal desde 2017, pero no se ha aprovechado por falta de reglamentos de lo que se puede o no hacer.
Además de lo costosa que ha resultado la prohibición, que ha desatado una ola de violencia que ha dejado cientos de miles de muertos en los últimos años, en el centro del debate está que se respete el derecho que cada adulto tiene para decidir si quiere consumir o no. El libre desarrollo de la personalidad es la base por la que la Suprema Corte declaró en 2018 que es inconstitucional prohibir el uso recreativo. El tribunal dio un plazo de un año para que el Senado resolviera el asunto, que se ha pospuesto tres veces por la pandemia y la falta de acuerdos. Las prórrogas no se aprovecharon para tener una regulación integral, pese a los reclamos de las organizaciones y los consumidores en 12 foros parlamentarios. “Quedamos a deber, se mantiene una visión punitiva”, ha lamentado Emilio Álvarez Icaza, senador independiente.
Los legisladores llegaron a la sesión con relojes despertadores con la leyenda “es la hora de regular”, algunos con plantas y parafernalia con el símbolo de la marihuana. El atropellado proceso hasta la legalización concluyó con modificaciones de último minuto, que no se habían aprobado en comisiones; reclamos afuera del Senado, y muchas expectativas sobre los beneficios para el campo y el combate a la inseguridad, pero más dudas sobre cómo se verá este mercado en el terreno. Entre festejos por una decisión histórica y reclamos de una oportunidad perdida, se cumplió el plazo que puso la Corte, que vencía el 15 de diciembre. A la espera de que se ratifique en la Cámara baja, la ley se revisará tras un año de su aplicación para mejorarse.