El Ejército mexicano desvió 156 millones de dólares a empresas fantasma entre 2013 y 2019

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es una de las dependencias que ha recurrido a las llamadas “factureras”, las empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias y contra las que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una persecución legal en México. Entre 2013 y 2019, diversas instancias del Ejército mexicano pagaron 2.371 millones de pesos (unos 156 millones de dólares) a 250 compañías que posteriormente fueron declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma. A pesar del grave daño al...

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es una de las dependencias que ha recurrido a las llamadas “factureras”, las empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias y contra las que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una persecución legal en México. Entre 2013 y 2019, diversas instancias del Ejército mexicano pagaron 2.371 millones de pesos (unos 156 millones de dólares) a 250 compañías que posteriormente fueron declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma. A pesar del grave daño al erario que esto ocasionó, ningún titular de las direcciones que autorizaron las compras que ampararon las facturas falsas ha sido sancionado, de acuerdo con la información proporcionada por la Sedena para esta investigación.

Los recursos fueron desviados a través de 11.175 comprobantes digitales, según la información contenida en una base de datos proporcionada a EL PAÍS por la Administración General de Servicios al Contribuyente del SAT tras diversas solicitudes de información. Las facturas amparan los bienes y servicios contratados por la Defensa Nacional en decenas de instalaciones castrenses como campos, cuarteles y guarniciones en diversas zonas del país, el Heroico Colegio Militar, el Museo Nacional de la Cartografía, un parque eólico ubicado en el Itsmo de Tehuantepec, el cine del Centro de Atención Social para Militares Retirados, el Campo Militar 37-D en Santa Lucía (Estado de México), la Escuela Militar de Sargentos, la Dirección General de Administración y el cancelado aeropuerto de Texcoco.

La Sedena también usó empresas fantasma en trabajos de mejoras en carreteras o caminos rurales que conectan a sus cuarteles y en obras de mantenimiento o adecuación de sus bases aéreas, prisiones, juzgados, centros de justicia, unidades habitacionales, cafeterías, centros deportivos, estacionamientos, gimnasios, museos, centros de desarrollo infantil y en 15 hospitales militares. Los recursos desviados en estos centros médicos como el Hospital Militar de Zona en Ixtepec (Oaxaca), el Militar Regional de Puebla (Puebla), el Hospital de Zona del Campo Militar 1 en Naucalpan (Estado de México), el Regional de Especialidades en Mérida (Yucatán) y la Unidad Médica de Consulta Externa del Colegio Militar ascienden a 115 millones de pesos (unos siete millones de dólares al tipo de cambio de entonces). Los pagos fueron por diversos insumos y servicios clínicos que supuestamente prestaron una treintena de empresas fantasma entre 2013 y 2018.

En otras facturas hubo pagos por 50 millones de pesos para supuestos servicios de obra civil, instalación de invernaderos y viajes para acarrear grava en los viveros forestales de Perote (Veracruz), Ameca (Jalisco), Pueblo Viejo (Veracruz), El Sauz (Sinaloa), Sarabia (Guanajuato) y Zimapán (Hidalgo). Una de las áreas de la Sedena que también destinó 51,5 millones de pesos a empresas de papel fue la Dirección General de Comunicación Social. En 2014 y 2015 contrató a las compañías Advertising and Digital Effects y Producciones Siehj para que le brindaran servicios de masaje e hidratación, suministraran playeras y medallas y organizaran eventos deportivos. En el registro de gastos hay cuatro facturas emitidas para contratar los servicios de producción de una carrera de la Fuerza Aérea Mexicana como parte de una campaña conmemorativa. También hay otros dos comprobantes para la producción de otra carrera titulada “La gran fuerza de México”. Para este reportaje se buscó a la Sedena a fin de saber si se han iniciado investigaciones por el uso de empresas fantasma, pero no hubo respuesta.

Los conceptos descritos en las miles de facturas van desde la adquisición de materiales de construcción como grava, arena y concreto hasta artículos de papelería y limpieza. También aparecen en los comprobantes las supuestas compras de uniformes, botas, chalinas, cortinas, chalecos de seguridad, sábanas, llantas, luminarias y losetas. Entre los servicios asignados está la supuesta renta de andamios, viajes de agua en pipa, acarreo de escombro, arrendamiento de equipo de cómputo e impresión, instalación de ventanas y servicios de lavandería, así como mantenimiento a plantas eléctricas y de aguas residuales. El año en que la dependencia registró la mayor cantidad de recursos desviados a compañías fantasma fue 2013 con 619,4 millones de pesos (unos 48,5 millones de dólares al promedio de tipo de cambio de ese año).

La empresa que facturó el monto más alto a la Sedena fue Construglobal de Chiapas, que en 2013 y 2014 recibió 312,7 millones de pesos (24,5 millones de dólares) por la renta de diversa maquinaria de construcción supuestamente utilizada en obras dentro de la unidad habitacional militar de Cintalapa, Chiapas. Tras el cambio de Gobierno y las reformas legales emprendidas para combatir la facturación falsa que representa un severo problema de defraudación fiscal disminuyó considerablemente el uso de estas empresas. Desde que inició la Administración de López Obrador solo hay constancia de dos facturas de abril de 2019 por 1,1 millones de pesos cada una y emitidas por la Constructora Mendoza López. Los pagos hechos por la dependencia a esta firma los realizó cinco meses antes de que fuera exhibida por el SAT como empresa fantasma.

La constructora, que fue constituida en abril de 2002 en Tabasco, prestó el servicio de “suministro y colocación de material pétreo” en la construcción de la calle principal que conecta a una unidad habitacional militar con el vivero forestal ubicado en el campo número 30-E, en Cárdenas, Tabasco, uno de los viveros que forman parte del programa sembrando vida. Uno de los socios fundadores de la firma es José Gabriel Mendoza Murillo, un empresario de Cárdenas, Tabasco, que se dice amigo del gobernador de esa entidad, Adán Augusto López, y que ha salido en algunas publicaciones en diarios locales con el político de Morena. En marzo del año pasado, por ejemplo, el mandatario fue captado en la fiesta de cumpleaños de Mendoza Murillo. Aunque se llamó a los números telefónicos que la constructora registró en Compranet, el sistema que concentra los contratos públicos, en estos no hubo respuesta. Tampoco contestaron los correos electrónicos enviados.

Dos de las áreas más importantes donde se usaron facturas falsas por 260,5 millones de pesos es la Dirección General de Materiales de Guerra e Industria Militar. El desvío de recursos en la supuesta compra de insumos para la fabricación de armamento lo dio a conocer EL PAÍS en julio pasado. En el reportaje se reveló que DRM Aceros Internacional actuaba en confabulación con otras compañías para encarecer los bienes que ofertaba a la Sedena. El caso fue alertado por la Auditoría Superior de la Federación y la empresa fue sancionada por la Función Pública el año pasado. Sin embargo, los generales que fungieron como directores de Industria Militar en esos años no recibieron sanción.

Los órganos internos de la Sedena —en respuesta a una solicitud de información—señalaron que entre 2013 y 2019, la fecha en que se utilizaron estas 250 empresas fantasma, los únicos sancionados han sido cuatro de sus integrantes: el jefe de la fábrica de cartuchos, un jefe del grupo de ingeniería de la fábrica de cartuchos, el jefe de la sección de planeación de la jefatura de adquisiciones y un integrante de la sección de contratos. Todos ellos, de quienes la Sedena omitió sus nombres por seguridad nacional, estuvieron involucrados con uno de los procedimientos de adquisición de acero a DRM y en septiembre del año pasado recibieron una suspensión de seis meses, que ya culminó. La Secretaría de la Función Pública —en respuesta a otra petición vía transparencia— informó de que según sus registros, 21 miembros de la Sedena han sido amonestados, tres suspendidos por un mes y uno inhabilitado por tres meses, pero se negó a brindar los nombres y los cargos completos de los sancionados.

Los procedimientos sancionatorios dentro de la Sedena son complejos porque la Sedena se vuelve juez y parte en los casos que involucran responsabilidades de sus integrantes, explica Irene Tello, directora de la organización Impunidad Cero. “Dentro de las fuerzas armadas tienen un órgano interno de control que es la autoridad encargada de determinar si se cometió una falta administrativa por parte del servidor que trabaja en esa institución. Lo que sé es que el titular del órgano también es un militar, lo que lleva a cuestionar qué tan efectivos son estos controles”, explica. Además, amparados por la ley que establece que los tribunales castrenses son los únicos competentes para investigar los delitos que atenten contra la disciplina militar, los procedimientos se vuelven muy opacos. “Ellos pueden argumentar que cualquier asunto que pase por Sedena es un asunto de disciplina militar que ellos van a determinar, y ahí creo que se produce el incentivo perverso de que son ellos los que determinan qué es corrupción y qué no y cómo sancionarlo”.

Obras por administración directa

Con la llegada de López Obrador a la presidencia, la Sedena ha adquirido un papel preponderante en la Administración pública ante las diversas tareas que le han encomendado. La dependencia está a cargo de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y participará en la edificación de dos tramos del Tren Maya, dos de las obras más emblemáticas de este Gobierno. Sin embargo, sus antecedentes como constructora no son los mejores. En las Administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto participó en decenas de obras de infraestructura que le fueron encargados por otras dependencias o por Gobiernos de los Estados y que se caracterizaron por la opacidad. Lo trabajos fueron ejecutadas por administración directa, un modelo de contratación previsto en la Ley de Obras que evade la licitación pública y con nula transparencia. Aunque la Defensa nacional firmó un convenio con las dependencias donde se estipulaba que se haría cargo de las obras, dsta terminó subcontratando a otras compañías.

Una de las obras realizadas por Administración directa en el sexenio anterior fue el cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM). En la base de datos revisada se encontraron 168 facturas falsas que amparan diversos servicios subcontratados por la Sedena durante la construcción de la barda, camino perimetral y pista seis del NAIM. Las tres firmas de papel detectadas recibieron pagos por 184,1 millones de pesos para suministrar materiales como tuberías, varillas, cables de cobre, artículos de limpieza y placas de acero. También se erogó por servicios de soldadura, supervisión en la colocación de tuberías y renta de oficinas móviles. Comercializadora en General Hercalop fue una de las contratadas en enero y febrero de 2018, pese a que había sido exhibida en calidad de presunta empresa fantasma desde agosto de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, es decir, antes de ser contratada por la Sedena. A los meses fue declarada de forma definitiva como simuladora de operaciones.

Otra obra por administración directa donde se localizaron empresas fantasma fue en la construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. El 20 de mayo de 2013 se firmó el primer contrato de colaboración entre la Sedena y la oficialía mayor del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para la primera etapa de la obra por 284,9 millones de pesos, según el documento entregado por el CJF vía transparencia. Posteriormente el PJF transfirió los recursos a la Sedena y ésta se encargó de subemplear a una serie de proveedores para realizar los trabajos. Entre las compañías contratadas hay tres que ya fueron declaradas como fantasma por el SAT y que recibieron un millón de pesos por la supuesta renta de maquinara.

Los rubros que justifican las compras tanto para los proyectos realizados en instalaciones militares como en los proyectos encargados a la Sedena por otras dependencias y Gobiernos son tan diversos que hay desde asesorías en materia de seguros hasta informes de impacto ambiental y planes de restauración de suelos. Ahora, que tras el cambio de Administración, el Ejército sigue a cargo de importantes obras de infraestructura por decisión presidencial, la autoridad debe garantizar al menos la publicidad de las contrataciones, dice Tello, de Impunidad Cero. “Es muy preocupante porque cada vez se les dan más obras y todo bajo el argumento de que son incorruptibles y tienen una disciplina intachable”, reitera. Estos proyectos, donde se manejan millonarios presupuestos, deben manejarse con transparencia. “Es dinero público y ellos (militares) tienen que dar cuentas de qué hacen con ese dinero”, manifiesta.