Las aduanas y puertos mexicanos: la vía libre del crimen organizado

En las últimas dos décadas las autoridades mexicanas han buscado frenar el tráfico de armas, drogas y mercancías ilegales que entran por vía marítima, aérea o terrestre, pero sus esfuerzos han sido insuficientes. Los grupos delincuenciales han tejido una red criminal en los puertos que les ha permitido ingresar cuantiosos cargamentos que llegan ocultos en contenedores y que son custodiados por empleados sobornados o amenazados. Algunos agentes han autorizado el ingreso de armas y dinero en efectivo escondido en compartimentos de vehículos que no son revisados en las aduanas de los puntos front...

En las últimas dos décadas las autoridades mexicanas han buscado frenar el tráfico de armas, drogas y mercancías ilegales que entran por vía marítima, aérea o terrestre, pero sus esfuerzos han sido insuficientes. Los grupos delincuenciales han tejido una red criminal en los puertos que les ha permitido ingresar cuantiosos cargamentos que llegan ocultos en contenedores y que son custodiados por empleados sobornados o amenazados. Algunos agentes han autorizado el ingreso de armas y dinero en efectivo escondido en compartimentos de vehículos que no son revisados en las aduanas de los puntos fronterizos, según diversos expedientes judiciales que se han seguido en contra de miembros del crimen organizado. Aunque en la mayoría de los casos prevalece la impunidad, los detalles contenidos en las investigaciones permiten asomarse a los métodos corruptos o intimidatorios con los que el crimen ha erosionado la endeble seguridad en puertos y aduanas.

Los esfuerzos para acabar con la corrupción en los puertos y aduanas —como la medida anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de delegar en mandos militares su control y vigilancia— no son nuevos. Con Vicente Fox (2000-2006) se trazó un plan para atender los rezagos en infraestructura aduanera y hacerle frente al contrabando de bienes y al tráfico de personas en la frontera sur. En el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se anunció un plan de modernización de las aduanas que buscaba abatir el contrabando, disminuir la evasión y erradicar la corrupción. En 2009 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó de que 1.100 inspectores fiscales y revisores aduanales serían reemplazados por 1.500 oficiales de comercio exterior reclutados tras un estricto proceso de selección. Los nuevos agentes estarían a cargo del despacho de pasajeros y mercancías y de inspecciones fiscales, mientras que los policías fiscales removidos serían investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Ahora, López Obrador ha decidido nombrar almirantes en las administraciones portuarias integrales (API) que estaban comandadas por civiles y que dependen de la SCT. “Vamos a actuar limpiando, renovando todo el sistema de aduanas y de puertos del país”, anunció el pasado 17 de julio desde Manzanillo, en Colima. En el mismo evento, Horacio Duarte, informó de que en la Administración General de Aduanas que él dirige (dependiente del SAT) hay funcionarios que renunciaron o fueron removidos y están sujetos a investigación por posibles actos ilícitos.

En los expedientes consultados para este reportaje hay casos de agentes que han sido amenazados para ceder ante las peticiones de los criminales y otros que simplemente se han dejado atrapar por un soborno mensual. En una averiguación previa seguida en contra de un hombre que fungía como “contador” de Los Zetas en Coahuila y Tamaulipas y del que se omitió su identidad en la versión pública del documento entregado a este diario debido a que aún no cuenta con una sentencia definitiva, éste contó que en la “nómina de la organización”, además de policías, taxistas, militares y ministerios públicos también había personal de la aduana de Nuevo Laredo en Tamaulipas. “Todos ellos son los que reciben pago de nómina de los Zetas, y es a cambio de ayuda o protección, cantidad que debe ser pagada de mano a mano por los auxiliares o los comandantes de plaza y el dinero se lo proporciona ya en sobres el contador de cada plaza”, se lee en un expediente de 2012 radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna (Coahuila).

A mediados de noviembre de 2016 en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Colima se recibió una llamada anónima que alertaba de un cargamento con “mercancía ilegal” que llegaría en un contenedor procedente de Shangái. La misma denuncia anónima llegó a la Marina y se emprendió un operativo. La PGR envió a policías de investigación que en coordinación con la Marina acudieron a revisar los cargamentos. Tras una inspección a varios contenedores, en uno de ellos encontraron 35 recipientes metálicos con fenilacetato de etilo que habían viajado en un buque desde China. Las autoridades detuvieron a dos personas que laboraban en la descarga de mercancías, pero posteriormente fueron liberadas por falta de pruebas, según los amparos consultados para este reportaje ante el Poder Judicial. La indagatoria sigue en trámite en espera de que se presenten más pruebas para poder llevar el caso ante un juez.

En México operan 49 aduanas que están bajo el control del SAT. El objetivo de estos puntos es vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías y pasajeros del territorio nacional. La mayoría de ellas se concentran en la frontera norte, ya que gran parte de las actividades comerciales de México se realizan con Estados Unidos, pero también hay puntos de inspección en los aeropuertos y puertos marítimos. Entre 2012 y 2019, el SAT presentó 119 denuncias penales en contra de servidores públicos adscritos a las aduanas, pero solo 25 expedientes han llegado ante un juez. Una de las investigaciones iniciadas en este Gobierno es contra un trabajador de la aduana de Reynosa, Tamaulipas, que alteró un pedimento aduanal. En el documento el agente dijo que el chofer de una camioneta que provenía de Estados Unidos e intentaba ingresar a México llevaba material eléctrico en cajas de cartón cuando en realidad transportaba 1.400 cargadores para fusiles de asalto conocidos como cuernos de chivo. Las autoridades fiscales pusieron una denuncia contra el empleado porque creen que pudo haber actuado en complicidad con el transportista.

Uno de los principales problemas de seguridad nacional es el tráfico de armamento: cada año ingresan al país de manera ilegal alrededor de 200.000 armas que provienen principalmente de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uno de los puntos por donde ha cruzado este arsenal es la aduana de Nogales, en el fronterizo estado de Sonora. En una indagatoria iniciada en 2018, después de que las autoridades recibieran una denuncia anónima en contra de dos personas acusadas de introducir armas y paquetes de dólares al país, se detalla que los investigados —Rosario Espinoza y Carlos Alberto Contreras— hacían viajes a Phoenix (Arizona), donde les entregaban la “mercancía”. Luego la transportaban a México escondida en el interior de los asientos y en un doble fondo en la parte trasera de una camioneta. Al llegar al punto de inspección, si en la revisión aleatoria el semáforo marcaba rojo, el encargado del cruce los dejaba pasar. “Trabajaban con apoyo de una persona del sexo masculino, alias el JL, quien ejercía control en Nogales y facilitaba el ingreso porque tenía sus contactos en la aduana”, se lee en el expediente.

Los puertos porosos

En el país hay 117 puertos que dependen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Los más importantes y donde más problemas se han presentado son los de Altamira (Tamaulipas), Manzanillo (Colima), Lázaro Cárdenas (Michoacán) y Veracruz (Veracruz), disputados por cárteles como Los Zetas, Caballeros Templarios, Golfo, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Estos también se han vuelto una coladera. En noviembre de 2011, la Marina y miembros de la Fiscalía revisaron un contenedor en Lázaro Cárdenas, Michoacán que contenía cerca de 1.000 escopetas y armas cortas que procedían de una empresa en Turquía. Las autoridades iniciaron una investigación que no llegó muy lejos: la supuesta compañía que amparaba el envío jamás pudo ser localizada y la documentación presentada era falsa, según el expediente penal.

En el Gobierno de Enrique Peña Nieto se intentó arrebatar el puerto de Lázaro Cárdenas al cartel de los Caballeros Templarios, que controlaba una serie de actividades ilegales. En noviembre de 2013 la Marina tomó el control del puerto para evitar que los criminales introdujeran toneladas de cocaína y precursores químicos con los que fabrican drogas sintéticas. “Lázaro Cárdenas constituye un factor fundamental para el comercio exterior de nuestro país. Es el puerto más importante en cuanto a volumen de carga general”, dijo el entonces jefe del SAT, Aristóteles Núñez. También se anunció un incremento de personal del SAT en la aduana y un cambio en la administración portuaria. El entonces vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, dio a conocer que a solicitud de la SCT, la Secretaría de Marina había comisionado personal de alto rango para ocupar los cargos de administrador del puerto. “Con el propósito de prevenir acciones de colusión todas las dependencias federales involucradas relevarán de manera cíclica a la totalidad de los servidores públicos comisionados a este puerto”, explicó.

En una serie de operativos que emprendieron las autoridades durante 2013 y 2014 se detuvo a decenas de personas. En una de las indagatorias que se inició en contra de presuntos miembros de los Templarios, uno de ellos contó que había personas encargadas de recibir la mercancía que les enviaban de China. En su relato, que quedó asentado en un expediente archivado en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del segundo circuito, explicó que gran parte de la cocaína la recibían de países de Sudamérica, mientras que los precursores con los que elaboraban metanfetaminas les llegaban ocultos desde países asiáticos. No solo recibían cargamentos de droga, también recibían bultos de ropa, perfumes y otros artículos que luego comercializaban.

El combate a la corrupción que se ha enquistado en las aduanas es una tarea complicada que va más allá de colocar mandos marinos en los puertos y militares en las aduanas terrestres como lo ha instruido el presidente López Obrador, considera Raúl Benítez Manaut, experto en temas de seguridad. El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dice que no solo basta con contar con personas honestas en esos cargos, sino que se necesitan perfiles adecuados y capacitados en materia fiscal y aduanal. “El personal de la Dirección General de Aduanas de Hacienda es gente profesional que tiene mucho entrenamiento. La secretaría de Marina puede nombrar un almirante en activo o retirado en la aduana, pero necesita personal entrenado, y los marinos no tienen entrenamiento para saber de asuntos de Hacienda… Son militares, no son licenciados en administración de empresas o en aduanas”, señala.

Esta nueva asignatura encomendada a las Fuerzas Armadas se suma a una lista de labores tan diversas como complejas que les han sido asignadas en este Gobierno y que han despertado una serie de críticas. Los militares no sólo siguen participando activamente en las tareas de seguridad, sino que ahora están a cargo del combate a la venta de combustible ilegal (huachicol), la remodelación de hospitales abandonados en el sexenio anterior y la distribución de fertilizantes, así como de la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, dos tramos del tren maya y de las sucursales del banco del bienestar, entre otras tareas.

Para Manaut, el verdadero motivo detrás de esta decisión del Gobierno federal puede ser que hayan decidido darle la pelea en los puertos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que tiene un gran control en Manzanillo, Colima, el punto por donde llegan toneladas de precursores químicos para el fentanilo, la droga con la que el CJNG ha invadido Estados Unidos. “Es mucha casualidad que ese movimiento en la Secretaría de Comunicaciones (SCT) haya sido después del viaje del presidente a Estados Unidos. Me da la impresión de que es un requerimiento de Estados Unidos a México para que se controlen estas aduanas y se pare el tráfico de fentanilo en Manzanillo. No tengo elementos para probarlo, pero esa puede ser una hipótesis”, menciona el académico. El puerto de Manzanillo actualmente está dominado por el CJNG, pero en el pasado fue disputado por el cartel de Sinaloa y los Caballeros Templarios. A raíz de que la organización delictiva liderada por Nemesio Oseguera, el Mencho, comenzó su expansión en 2013 y se consolidó como la más poderosa del sexenio de Peña Nieto, sus miembros se lograron hacer del control del puerto, según informes de las autoridades federales.

El supuesto golpe más duro del gobierno de Peña contra una red de contrabando de textiles que operaba en las aduanas se anunció en 2014. La Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT detectaron que 22 agentes aduanales ayudaron a una red internacional de contrabandistas —conformada por más de 200 personas y empresas— para que importaran mercancías del sector textil y las vendieran por debajo de su valor. Su objetivo era simular un negocio empresarial para transferir recursos al extranjero y evadir el pago de impuestos de las ganancias obtenidas por la venta de productos en México. Las autoridades iniciaron una investigación y aseguraron cuentas bancarias de 85 involucrados, sin embargo muchos de ellos lograron ganar batallas en tribunales para que les descongelen sus fondos, de acuerdo a diversos expedientes de amparos consultados.

El 30 de abril del año pasado, el Juzgado Segundo de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México le ordenó al ministerio público que definiera el curso que seguiría la indagatoria, ya que habían pasado más de cuatro años desde que inició y hasta esa fecha no había logrado justificar la necesidad de que las cuentas de los involucrados —entre ellos NVA México y Contapia Maquilados— continuaran congeladas porque no había avances en la indagatoria. Pese a que el ministerio público se resistió a acatar el fallo del juez, finalmente envió un oficio al Poder Judicial donde informaba que el pasado 5 de junio consultó el no ejercicio de la acción penal, es decir, la emisión de un dictamen para cerrar la indagatoria. Con ello, la investigación más importante por lavado de dinero que siguió el Gobierno de Peña Nieto relacionada con las aduanas, simplemente terminó archivada.