Joaquín Leal, el joven empresario mexicano que acabó en la mira de EE UU

Hasta hace unas semanas, Joaquín Leal era un empresario mexicano de 28 años que aparecía con cierta frecuencia en los medios locales como un “gurú energético” y daba opiniones sobre las tarifas de luz, el futuro del mercado eléctrico mayorista o las perspectivas gubernamentales para los hidrocarburos. En otras ocasiones, aparecía como un joven emprendedor, que apostaba por las nuevas tecnologías para sus negocios o como un filántropo que apoyaba con materiales médicos y despensas de alimentos a hospitales y personas de bajos recursos en la periferia de Ciudad de México. Desde el 18 de junio, s...

Hasta hace unas semanas, Joaquín Leal era un empresario mexicano de 28 años que aparecía con cierta frecuencia en los medios locales como un “gurú energético” y daba opiniones sobre las tarifas de luz, el futuro del mercado eléctrico mayorista o las perspectivas gubernamentales para los hidrocarburos. En otras ocasiones, aparecía como un joven emprendedor, que apostaba por las nuevas tecnologías para sus negocios o como un filántropo que apoyaba con materiales médicos y despensas de alimentos a hospitales y personas de bajos recursos en la periferia de Ciudad de México. Desde el 18 de junio, su nombre está ligado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo señala como el articulador, junto a Alex Saab, actualmente detenido en Cabo Verde y considerado como presunto testaferro de Nicolás Maduro por las autoridades estadounidenses, de una red que comercializaba petróleo por alimentos entre México y Venezuela. Un opaco entramado a través de las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group, según documentos a los que han tenido acceso EL PAÍS y Armando.info.

Desde hace poco más de un mes, todos los activos de Leal y de las personas involucradas han quedado “congelados”, tanto por las autoridades estadounidenses como por las mexicanas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto, sigue el rastro de cerca de 200 millones de euros que pactó Libre Abordo con Corpovex, la estatal venezolana encargada de centralizar las importaciones públicas. El Departamento del Tesoro y el FBI han puesto en la mira a Leal y a dos mujeres mexicanas vinculadas a Schlager y Libre Abordo: Verónica Esparza, de 47 años, y a su hija Olga María Zepeda Esparza, de 24. Leal y Zepeda Esparza no solo llaman la atención por su corta edad, también por la magnitud de las acusaciones y los negocios que manejaban, lo que ha desencadenado la investigación del Gobierno mexicano. Las autoridades mexicanas buscan dilucidar el papel de sus connacionales en estos tratos y si se cometieron delitos que ameriten una sanción. Washington sostiene que los intermediarios mexicanos fueron piezas clave para evadir las sanciones impuestas por la Casa Blanca a Venezuela. El nombre de Leal, que no ha querido hablar con este diario, y de sus socios, entre los que aparece otro joven emprendedor venezolano que EE UU no ha vinculado al caso, está ahora en el foco de esas pesquisas.

Un ascenso meteórico

La carrera de Leal se antoja fulgurante. Estudió Administración de Empresas en el Babson College, una universidad privada en Boston reconocida por tener uno de los mejores programas de emprendimiento de Estados Unidos. Con apenas 23 años fundó con otros dos socios Suministro Sustentable de Energía en México S.A.P.I. de C.V. (Sumex), la primera empresa privada a la que se le permitió revender electricidad en México. La reforma energética de 2013, uno de los proyectos estrellas del Gobierno de Enrique Peña Nieto, no solo significó una apertura sin precedentes para el mercado del petróleo en México, también abrió la puerta a nuevos actores en el sector eléctrico. Y Sumex fue de los primeros en llegar, incluso antes que los grandes inversores privados y extranjeros, según se recoge en publicaciones especializadas y en declaraciones de sus socios.

En un mercado en ciernes, sin parámetros técnicos bien definidos, Sumex empezó a cerrar tratos con decenas de clientes públicos y privados entre 2016 y 2017, e ideó un sistema de licencias de comercialización regionales para cerrar tratos en los 32 Estados de México y hacerse de capital, comenta una fuente que trabajó en la empresa. Según esta versión, el esquema le permitió ingresar decenas de millones de pesos, que no se invirtieron en la empresa, sino en gastos ostentosos.

“Operaba como una empresa que tuviera ingresos, cuando aún les faltaba mucho trecho que recorrer”, de acuerdo con la fuente. En la sede de la empresa se empezaron a ver camionetas del año, servicios de escoltas, secretarias extranjeras, salidas a restaurantes y bares caros. “Todo mundo hablaba de Joaquín como si fuera un niño prodigio, un genio de la energía eléctrica y los negocios”, recuerda, en una descripción que corroboran personas del sector y conocidos. La fuente, que atestiguó de primera mano los primeros años de Sumex, relata que los socios de Leal lo acusaron de malversar unos 90 millones de pesos y tratar de encubrirlo con facturas falsas hechas por su madre. En 2017, Leal vendió sus acciones a sus exsocios y dejó la compañía, como consta en actas del registro comercial de México.

Sumex anunció más tarde ese año que se había hecho de un contrato para suministrar electricidad al Estado de Baja California, en la frontera con Estados Unidos, pero no pudo cumplir con sus obligaciones y fue demandada en 2018 por el Centro de Control de Energía, un organismo gubernamental que vigila el desempeño de las empresas del sector. El convenio, finalmente, no se concretó. El episodio de Sumex no fue el único que levantó dudas sobre su reputación, de acuerdo con otra fuente especializada en el sector eléctrico. Desde su graduación, Leal se ostentaba por años como colaborador del Massachusetts Clean Energy Center, una agencia estatal de desarrollo económico. El centro refiere que hizo una pasantía de tres meses en 2012 y que después no supo de él.

El joven empresario se encargaba de diseminar boletines en la prensa que alardeaban sobre grandes inversiones a empresas que había creado apenas unos meses antes. Previo a su inclusión en la llamada lista negra de la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC), las notas periodísticas que mencionan a Leal seguían un patrón. Solía ser la única persona mencionada en los artículos y se citaban declaraciones relativamente cortas que se repetían en varios medios de comunicación, como si fueran sacadas de un boletín. Antiguos colaboradores aseguran que sus apariciones eran inserciones pagadas.

Un empresario prolífico

Entre agosto y septiembre de 2019 se dio a conocer en varios medios de circulación nacional que The Mystic Universe Capital, un supuesto fondo de inversión canadiense concentrado en proyectos de impacto social, invertiría en Luzy, una empresa creada por Leal el año pasado. Pese a que abundan las notas sobre las supuestas inversiones de Mystic Universe Capital, no existe ninguna referencia en Internet, en francés o en inglés, sobre el fondo de inversión canadiense. En la página de Mystic Universe Capital, ahora eliminada, no había ningún nombre, teléfono o correo de contacto, ni siquiera una razón social y solo aparecen una docena de empresas vinculadas con Leal, su familia y grupo Diversidad SA de CV, una comercializadora de energía en la que trabajó como asesor tras su salida de Sumex en 2017 hasta noviembre pasado, se ve en capturas de la página web que recopilaron EL PAÍS y Armando.Info.

“Es joven, ambicioso, soberbio… un tipo con mucho conocimiento del mercado eléctrico, con ideas innovadoras de lo que se podía hacer”, describe José Adolfo Murat, el dueño de Diversidad. “[Mi reacción tras verlo en la lista de la OFAC] fue de mucha sorpresa, le perdí la pista desde que dejó de trabajar con nosotros”, asegura Murat, que agrega que nunca estuvo al tanto de los tratos de Leal con Venezuela o Saab y que está dispuesto hacer cualquier aclaración pertinente. Sobre su salida de la empresa, Murat comenta que su empleado le dijo que “se había aburrido” y que buscaba nuevos proyectos.

La página web de Mystic Universe Capital, donde se aseguraba que se habían invertido más de 300 millones de dólares en empresas de Leal y Murat en todo el continente americano (desde EE UU y Guatemala, hasta Colombia, Argentina y Chile), estaba alojada en el servidor de Diversidad, según el código fuente del sitio web. Murat aseguró en una primera entrevista que no tenía conocimiento de esto, pero después lo corroboró con su equipo de informáticos y señaló que hará sus propias pesquisas para ver si su exempleado cometió abuso de confianza.

En su último año en Grupo Diversidad, el mismo periodo que el Departamento del Tesoro enmarca los negocios del joven empresario mexicano con Alex Saab, Leal tuvo una etapa prolífica como emprendedor y abrió cuatro empresas en México y Estados Unidos. En Delaware, un estado de EE UU notorio por sus laxas regulaciones fiscales, Leal creó en noviembre de 2018 ALEL Technologies LLC y en junio de 2019 fundó Luzy Technologies LLC, ambas empresas con sede en Boston y sancionadas por el Departamento del Tesoro. Ese mismo mes, ALEL solicitó un permiso al Departamento de Energía de EE UU para exportar electricidad a México. La ya mencionada Luzy, por su parte, nació como una app que promueve estilos de vida saludable y que tiene una filial en México, Hábitos Luzy S. A. P. I. de C. V., donde figuran como socios miembros de su círculo familiar. En octubre de 2019 se celebró una asamblea para cambiar el objeto social de Luzy, según consta en el registro comercial de México, para incluir actividades que van desde el mercado eléctrico hasta el comercio de alimentos y materiales médicos en cualquier parte del mundo.

Desde finales del año pasado, Leal se presentaba como CEO de Luzy ante los medios, ya sea para anunciar inversiones o donaciones durante la pandemia de la covid-19, según sendas publicaciones en la prensa mexicana en los últimos meses. “[Leal] manifestó que se mantendrá ‘en esa suma de esfuerzos para procurar la protección del personal médico y hospitalario que se encuentra en constante lucha”, se lee en una de ellas. Libre Abordo, Verónica Esparza y su hija Olga María, también impulsaron informaciones sobre “reparto de ayuda humanitaria” en barrios marginales de México.

En México, el empresario abrió en agosto de 2019 Loustaunau Motors, una empresa con sede en el Estado de Sonora que se presenta como fabricante de motores para generación de electricidad. En julio de ese año, miembros del círculo familiar de Leal crearon en Guanajuato, su Estado natal, Generadora de Electricidad y Gas en México S. A. P. I. de C. V. (Gasemex). Un mes después, uno de los dos socios le cedió sus acciones y el otro vendió las suyas a Axel Galit Capriles Hernández, un empresario venezolano.

Leal también aparece como socio de Cosmo Resources PTE LTD, una empresa establecida en Singapur en abril de 2020. Cosmo Resources es otra de las compañías sancionadas por la Casa Blanca en junio pasado y es el vínculo conocido más claro de Leal con Asia, donde las autoridades estadounidenses apuntan que se refinaba parte del crudo que PDVSA supuestamente intercambió por maíz y camiones cisterna de agua con sus socios mexicanos.

No hay información pública clara sobre el objeto social de Cosmo, pero es parte de la baraja de compañías offshore que fundaron los mexicanos sancionados por el Departamento del Tesoro, tras sus tratos con PDVSA. La otra es Washington Trading LTD, una empresa creada en febrero pasado en el Reino Unido, donde Olga María Zepeda Esparza es la única socia.

El socio venezolano de Leal

El 13 y el 17 de junio de 2019, Libre Abordo firmó los acuerdos con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) por casi 200 millones de euros por el suministro de 1.000 camiones cisternas y 200.000 toneladas de maíz, como contraprestación a los barriles de petróleo que recibirían de parte de PDVSA, según los convenios a los que han tenido acceso EL PAÍS y Armando.info. Poco después, se creó Gasemex y un acuerdo de asamblea en agosto de 2019 selló la sociedad entre Leal y Capriles Hernández, según documentos de la empresa. Capriles Hernández aparece como director de Servicios Financieros Ponto, INC, fundada en 2008 en Panamá. Según el registro comercial de México, el empresario creó en mayo de 2019 Totam Servicios Tecnológicos, S. A. P. I. de C. V. en Monterrey, firmando como ciudadano mexicano.

Joaquín Leal y Axel Capriles tienen varias cosas en común. Ambos rayan en los treinta años. Leal estudió en el Colegio Cumbres de Irapuato, una exclusiva institución de los Legionarios de Cristo, según un excompañero, que lo recuerda como un “tipo amable y de buena familia”. Capriles Hernández es parte de una adinerada familia venezolana. Es hijo de Axel Capriles Mendoza, psicólogo, fundador del Centro Venezolano de Estudios Jungianos, articulista de prensa, crítico del chavismo y autor de obras como El complejo del dinero o La picardía del venezolano, pero desde hace unos años enfocado en el negocio inmobiliario en España a través de empresas como Orinoquia Real State.

Más allá de sus orígenes, Leal y Capriles Hernández compartían un interés por los negocios y un expertise en los mercados energéticos. Aunque a un año de su creación Gasemex no es una empresa conocida en el mercado eléctrico mexicano, Leal ya tenía más de un lustro de experiencia en el sector energético de México y Capriles Hernández, que se formó como ingeniero y tiene un posgrado por la IE Business School de Madrid, hizo carrera durante algunos años en Nueva York como bróker para Glencore, el gigante comercializador de materias primas de origen suizo. Leal y Capriles Hernández no quisieron responder a la petición de entrevista para aclarar sus vínculos. Tampoco lo hicieron Esparza y su hija.

Personas que conocen a Capriles Hernández explican que durante un tiempo buscó negocios de commodities en Colombia y Venezuela, pero con escaso éxito. Según los papeles de registro, el objetivo de Totam Servicios Tecnológicos es el desarrollo de una app para comparar los precios del combustible. Esa, precisamente, fue la oportunidad de negocio que lo llevó a México, según contó a sus conocidos el año pasado, pero ahora se sabe que surgió también la sociedad con Joaquín Leal.

Varias fuentes señalan que desde comienzos de este año era pública en el mercado petrolero la cercanía de Leal y Capriles Hernández. Aseguran incluso que el joven venezolano fue una especie de “fichaje” del mexicano como experto petrolero para ampliar sus negocios y que Capriles Hernández, incluso, despachaba en la oficina de Leal, que, según varias fuentes consultadas, tendía a exagerar el nivel de sus contactos. “Hizo mucha plata en el sector eléctrico [Leal] y quizás pensó en ser un zar petrolero con lo de Libre Abordo”, refiere un empresario que conoció tanto a Leal como a Capriles Hernández, pero que pide el anonimato.

El “conducto vital”

Estados Unidos sostiene que la red dirigida por Leal y Saab movió más de 30 millones de barriles de crudo venezolano, lo que representó más del 40% de las exportaciones de PDVSA en abril, según el comunicado de la OFAC sobre las sanciones. “Leal es el conducto vital entre Libre Abordo, Schlager Business Group, y sus propietarios, y PDVSA y Saab”, afirma el Departamento del Tesoro. Washington asegura que el empresario mexicano “estuvo involucrado directamente en la coordinación de la compra y venta del petróleo” y que aportó “conocimiento del sector petrolero mundial, facilitando el transporte y la reventa a los compradores”.

Las autoridades estadounidenses no han detallado el vínculo de Leal con los otros implicados. El empresario no aparece como socio formal de Libre Abordo ni de Schlager en el registro público de México, pero EL PAÍS y Armando.Info corroboraron a partir de la investigación de la UIF que Leal estuvo en Venezuela a mediados de 2019, durante la firma de los contratos para el intercambio de crudo. Olga María Zepeda Esparza, entonces a punto de cumplir 23 años, es la única mexicana que aparece como representante legal en los convenios.

A más de un mes de las sanciones estadounidenses, los destinos y beneficiarios finales del crudo venezolano no están claros. Saab está detenido en Cabo Verde, con una solicitud de extradición a EE UU, y sus abogados lo señalan como víctima de una persecución política. Y las autoridades mexicanas estrechan el cerco sobre sus ciudadanos involucrados, en una operación marcada por las dudas, la opacidad y los intentos de Washington de asfixiar económicamente a Venezuela.