La militarización de los puertos en México abre una fisura en el Gabinete de López Obrador

Terremoto silencioso en México tras la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Esta semana, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó de la salida del funcionario, después de su decisión de ceder la gestión de los puertos a la Armada. Jiménez Espriu habría tomado la decisión hace días, pero no fue hasta el jueves cuando se hizo oficial.

En un vídeo publicado en YouTube, Ló...

Terremoto silencioso en México tras la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Esta semana, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó de la salida del funcionario, después de su decisión de ceder la gestión de los puertos a la Armada. Jiménez Espriu habría tomado la decisión hace días, pero no fue hasta el jueves cuando se hizo oficial.

En un vídeo publicado en YouTube, López Obrador narra el “diferendo” con Jiménez Espriu y señala la corrupción de los funcionarios portuarios, dependientes de la secretaría que ha coordinado el ingeniero desde diciembre de 2018. “Por la corrupción que prevalece en los puertos y las aduanas y últimamente por la entrada de droga por los puertos, necesitamos, además de buena administración, seguridad y protección”, razona.

Jiménez Espriu aparece en el sofá de al lado en el vídeo, muy cerca de López Obrador, tieso como un soldado primerizo. El exfuncionario alaba la gestión del presidente, agradece la oportunidad que este le dio, pero manda un mensaje muy claro: “Entregamos una secretaría diferente a la que recibimos, porque ya es una zona sin corrupción. Y era un sitio verdaderamente complicado, lleno de podredumbre”.

Más allá del control del centenar de puertos y terminales que funcionan en el litoral mexicano, la salida de Jiménez Espriu interpela el creciente poder de las fuerzas armadas en México. En su carta de renuncia, divulgada este jueves, el exfuncionario señala la “grave trascendencia que tiene esta medida para el presente y el futuro de México, tanto en lo económico como en lo político”. En menos de dos años, López Obrador ha puesto en manos de las Fuerzas Armadas la construcción del nuevo aeropuerto de la capital, dos de los tramos más delicados del futuro Tren Maya en la península de Yucatán y las 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, la dependencia que usa el Gobierno para distribuir apoyos y subvenciones.

Sin ser una novedad de este sexenio, buena parte del esfuerzo del estado en tareas de seguridad pública recae igualmente en los militares. Antes incluso de tomar posesión de la presidencia en 2018, López Obrador impulsó la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, que si bien mantiene una raíz ambigua entre lo civil y lo militar, en la práctica se inclina hacia lo castrense. No por nada el Secretario de la Defensa, jefe operativo del Ejército, Luis Cresencio Sandoval, se ha encargado últimamente de presentar los informes de seguridad en las ruedas de prensa del presidente.

Dejando de lado la seguridad, dentro del Gabinete existe cierto malestar por el papel protagónico de las Fuerzas Armadas en aspectos crecientes de la administración del estado. Primero, porque resulta antinatural que los militares dediquen sus esfuerzos a sectores como la obra pública. Y segundo, porque suelen usar modelos opacos de contratación, como la administración directa, ajenos a la transparencia y la rendición de cuentas.

López Obrador confía en las Fuerzas Armadas por su honestidad e integridad, sensaciones contrarias a las que le transmitía, por ejemplo, la Policía Federal, prácticamente desaparecida. Sin embargo, el Ejército no escapa a los señalamientos por corrupción que acorralan a los funcionarios del sexenio pasado. Hace unas semanas, EL PAÍS publicaba por ejemplo que la Secretaría de la Defensa desvió 240,5 millones de pesos (unos 14,8 millones de dólares) entre 2013 y 2016, a una empresa fantasma que actuaba en confabulación con otras compañías para encarecer los bienes que ofertaba a la dependencia militar.

Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público de la organización México Evalúa, explica que el involucramiento de la Secretaría de la Defensa, Sedena, en proyectos de obra pública ya venía pasando en Administraciones anteriores. “En los años de Peña Nieto ya entró, como el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. La ventaja es que cuando entra la Sedena hay excepciones de transparencia y de rendición de cuentas”, explica.

La experta pone de ejemplo la barda perimetral del aeródromo que empezó a construir la administración anterior, ahora cancelado. “Se encontraron muchas anomalías”, recuerda. “Lo que concluimos es que el esquema de administración directa se vuelve atractivo. Porque ayuda a no rendir cuentas y a veces Sedena subcontrata, no se encarga de las obras de manera directa”.