El regreso de Lozoya pone el foco en los sobornos de Odebrecht y el papel de un empresario alemán
Gerhard Henze afirmó en 2018 ser el dueño de seis millones de dólares vinculados a las coimas pagadas por Odebrecht al exdirectivo de Pemex
Emilio Lozoya aterrizó en México la madrugada del viernes. El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) huyó del país prófugo de la justicia y retorna como cooperante de las autoridades. Poco antes de fugarse, el exfuncionario negó en una rueda de prensa las acusaciones de corrupción, incluida cualquier relación con la empresa Zecapan S. A., una empresa offshore que tiene un sitio destacado en el complejo esquema de coimas utilizado por Odebrecht durante el Gobierno de Enrique Peña Niet...
Emilio Lozoya aterrizó en México la madrugada del viernes. El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) huyó del país prófugo de la justicia y retorna como cooperante de las autoridades. Poco antes de fugarse, el exfuncionario negó en una rueda de prensa las acusaciones de corrupción, incluida cualquier relación con la empresa Zecapan S. A., una empresa offshore que tiene un sitio destacado en el complejo esquema de coimas utilizado por Odebrecht durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). El retorno de Lozoya, con acuerdo judicial bajo el brazo, relanza las preguntas sobre la ubicación de al menos 10,5 millones de dólares. Zecapan, radicada en un triángulo infranqueable de paraísos fiscales, ingresó seis millones que después fueron transferidos al exdirectivo, según las autoridades mexicanas.
Un empresario alemán aparece en el centro de la trama de sobornos de Odebrecht. Gerhard Henze, de 77 años, se acercó a la justicia mexicana en 2018, después de que estallara la bomba informativa que vinculaba a Emilio Lozoya con jugosas cantidades pagadas por la constructora brasileña para conseguir contratos. Henze declaró ante la Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía) haber recibido seis millones de dólares gracias a un contrato firmado con una empresa del Estado de Hidalgo, según consta en uno de los tomos de la investigación, al que EL PAÍS ha tenido acceso. El empresario también afirmó ser el fundador de Zecapan S.A.
Mucha de la expectativa del testimonio de Lozoya en México ha sido creada por el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario ha asegurado que el exdirectivo petrolero revelará el pago de sobornos a exlegisladores de la oposición, al menos cinco del PAN y uno más del PRD (hoy en Morena), que sacaron adelante la reforma energética de 2013, que abría el sector a la inversión privada. Las afirmaciones de López Obrador hacen pensar que conoce de buena fuente lo que el exdirectivo de Pemex ha revelado en varias horas de entrevistas realizadas en España y conducidas por funcionarios mexicanos. En esa narrativa se cuela el empresario alemán.
Ejecutivos de Odebrecht declararon ante el Ministerio Público brasileño haber pagado 4,1 millones de dólares a Lozoya entre abril y noviembre de 2012. Esto para asegurarse favores una vez que Peña llegara al poder, en diciembre de ese año. La relación de Lozoya y los directivos de la constructora se fue estrechando desde entonces. La gran oportunidad llegó en 2013, cuando el Gobierno del PRI preparó un concurso para modernizar la refinería de Tula, en el Estado de Hidalgo.
Luis Alberto Meneses Weyll, entonces director de la compañía brasileña en México, visitó al funcionario para mostrar su interés. “Conseguimos estar en una lista muy restringida, de la cual el consejo decidiría la contratación. Entonces yo tomé la iniciativa de reconocer el apoyo de Emilio indicándole que, ganándose contrato, yo podría reconocer el pago de 6 millones de dólares de los cuales 2 millones... yo tomé la iniciativa para caracterizar el compromiso y 4 millones que estarían condicionados a que tuviéramos éxito en la contratación”, testificó Weyll en junio de 2017 ante las autoridades de su país y según consta en el expediente de la Fiscalía revisado por este diario.
Odebrecht consiguió ese contrato, por 1.436 millones de pesos, el 15 de febrero de 2014 (108 millones de dólares al tipo de cambio de ese año). Fue el primero de los cinco contratos que firmaría con la Administración de Peña Nieto hasta noviembre de 2015. Uno más se había pactado en febrero de 2010, durante el Gobierno de Felipe Calderón, para el suministro de etano.
Los delatores brasileños admitieron que los sobornos de Odebrecht fueron depositados en una cuenta proporcionada por Lozoya. Esta estaba vinculada a Zecapan S. A., una empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo al testimonio de Meneses Weyll de junio de 2017 y que figura en el expediente. Este es uno de los destinos preferidos por los oligarcas rusos y los millonarios chinos para esconder fortunas. Según datos del banco central ruso, los europeos enviaron al archipiélago caribeño 31.700 millones de dólares tan solo durante el primer trimestre de 2013 tras el colapso del sistema bancario de Chipre, otro paraíso fiscal. “Para aquellos preocupados por posibles incautaciones de sus gobiernos, las compañías creadas allí tienen varias capas de confidencialidad, lo que provee paz mental”, asegura en el libro Capital without Borders Brooke Harrington, una académica de la Escuela de Negocios de Copenhague especializada en paraísos fiscales.
En diciembre de 2017 aparece Henze. El alemán acudió al despacho de abogados de José Joaquín Zapata y Felipe Gómez Mont, en Ciudad de México, para aportar información y “aclarar la situación que de manera errónea se presenta en los medios”. Su testimonio, llevado ante la Fiscalía en mayo de 2018, aún durante el mandato de Peña Nieto, pretende corregir las delaciones de los arrepentidos brasileños sobre el flujo de sobornos de Odebrecht a Pemex. Este periódico ha escrito al correo electrónico que Henze proporcionó a las autoridades mexicanas y llamó a sus abogados mexicanos sin obtener respuestas.
Una empresa en un paraíso fiscal
Henze, un berlinés afincado en Suiza, manifiesta haber fundado Zecapan S.A. el 19 de noviembre de 1990 en las Islas Vírgenes Británicas. Aseguró que en 2010 invirtió en Nano Sky, una empresa que desarrolló un aditivo para el concreto. Su suerte cambió poco después, cuando un contacto le sugirió posibilidades de negocios en México. Henze conoció así a Fabiola Tapia Vargas, socia y administradora de Construcciones Industriales Tapia, quien según el relato del alemán, se interesó en su producto. El empresario le ofreció a Tapia la exclusividad del uso de esta tecnología para toda Latinoamérica a cambio de seis millones de dólares.
Así nació una sociedad. En enero de 2012, Zecapan S.A. abrió una cuenta en el Neue Bank, un banco en Liechtenstein. Esta comenzó a ingresar dinero poco después de que se firmara el contrato entre Henze y Tapia, el 18 de octubre de 2012. El 7 y 21 de noviembre fueron depositados 524.176 dólares de parte de Klienfeld Services. Una transferencia más por 427.175 dólares se hizo el 30 de noviembre de parte de Innovation Research Engineering. Otros 3,5 millones de dólares se sumaron en tres depósitos realizados entre el 24 de febrero y el 20 de marzo de 2014. La inversión, en esta ocasión, la hizo Grangemouth Trading Company. Las empresas que originaron transferencias por 5,9 millones de dólares han sido identificadas por las autoridades estadounidenses y brasileñas como fachadas de Odebrecht para canalizar sobornos. Muchas de estas sociedades también abonaron a otras cuentas vinculadas con Lozoya, como Latin American Asia Capital Holding.
Este no sería la única relación entre Henze y Lozoya. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda halló que el empresario alemán es también presidente de Henze & Partner AG, una firma que lidera junto al suizo Hubert Patz y el también alemán Haas Thomas. Henze tiene el 30% de acciones del fondo de inversión JF Holding que el mexicano creó en 1995, según reveló el semanario Proceso en febrero de este año. Otra entidad accionaria en ese fondo es Tochos Holding Limited, otra empresa offshore que tiene como beneficiarios a Lozoya y su hermana, Gilda Susana. Las autoridades creen que de esta empresa salieron 38 millones de pesos (2.9 millones de dólares) que el exfuncionario usó para comprarse una casa en un barrio acomodado de Ciudad de México.
Construcciones Tapia y Henze
Construcciones Industriales Tapia fue contratista de Pemex durante la gestión del PRI. Emilio Lozoya recomendó a Odebrecht trabajar con ellos y asociarse con el ingeniero Juan Carlos Tapia, el dueño de la empresa, fundada en 1997 y afincada en Hidalgo, uno de los últimos bastiones en México del partido tricolor junto al Estado de México. El ingeniero Tapia es un personaje que nació en la pobreza pero que gracias al trabajo —y no pocos contratos gubernamentales— consolidó una importante empresa de la industria del metal.
Tapia describe en su biografía, El valor de dejar la pobreza (2015), la ocasión en la que compró su único traje de diseñador en una tienda de Polanco. “Ya con el saco en mi poder, me sentí comprometido conmigo a no subir de peso, pues usaría ese mismo atuendo para posteriores reuniones, como cuando fui a ver al presidente Enrique Peña Nieto en su toma de protesta”, escribe el ingeniero. Más adelante describe cómo se sentía un extraño en el mundo de lujos y excesos del PRI. “En la boda de este personaje importante me sentí intranquilo, no por la cuestión de socializar, que se me da bastante bien, pero preferí ser reservado porque se sirvió comida francesa, no había picante y estaba llena de señoras copetonas... me sentí extranjero en esa fiesta que se festejaba dentro de mi propio país”.
Tapia Vargas trabajó como contratista de Pemex en Tabasco, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Es responsable de construir más de 400 obras. También se le vincula a las plantas de Agronitrogenados y a la refinería de Tula, los dos grandes casos con los que el Gobierno ha obtenido las órdenes de aprehensión en contra de Lozoya. En julio de 2017, la empresa rechazó las imputaciones y aseguró que estas obedecían a una “campaña de desprestigio” surgida de “clientes privados morosos” que incumplieron pagos. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no obstante, la sancionó por dos años y medio por haber participado en esta trama de corrupción. No podrá recibir un contrato federal hasta que se levante el castigo.
Una coincidencia apunta nuevamente hacia Lozoya. Fabiola Tapia, la mujer que firmó el contrato con Henze, es hermana del ingeniero Juan Carlos Tapia Vargas. La exadministradora es una pieza fundamental para entender el origen de los seis millones de dólares transferidos entre 2012 y 2014 y el papel del empresario alemán, quien sobre el papel parece ser un testaferro más de Lozoya. Su testimonio es clave. Sin embargo, la Fiscalía se dio cuenta de que era un camino sin salida. Fabiola Tapia falleció en mayo de 2014, tres años antes de que el alemán Henze afirmara ante las autoridades mexicanas que ella había sido su contacto para hacer negocios en México.
A mediados de 2018, la defensa de Lozoya apostó por explorar la relación entre Henze y Fabiola Vargas. Javier Coello Zuarth, el letrado del exdirector de Pemex, pidió a mediados de 2018 a las autoridades llamar a declarar a la empresaria. “Se aprecia que realizó algunas transferencias de dinero a dicha moral [Zecapan, S.A.]... situación que cobra relevancia en virtud a las conductas que se le atribuyen al imputado Emilio Lozoya”, asegura una petición del abogado a la Fiscalía del 8 de junio, según consta en el expediente.
El despacho de Javier Coello Trejo (padre de Coello Zuarth y que también ejercía de letrado del exdirector de Pemex) abandonó la defensa de Lozoya el 30 de junio, el mismo día en que la Fiscalía anunció que había negociado un acuerdo con el exfuncionario. El abogado, que viajó a Madrid para convencer e incorporar al exjuez Baltasar Garzón al equipo legal, dejó el caso después de tener diferencias de criterios en la estrategia con Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirectivo de Pemex, de acuerdo con Coello. El patriarca ha ejercido fuertes presiones para forzar la cooperación de su hijo con las autoridades mexicanas y así terminar con el acoso judicial de la Fiscalía en contra de su esposa, Gilda Austin, y su hija, Gilda Susana.