El IPC se dispara en julio hasta el 10,8% por los precios de los alimentos y la electricidad

 La presión que los precios están ejerciendo sobre la economía española se mantienen. Así, el indicador adelantado de IPC publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), arroja como resultado una subida de 6 décimas en julio hasta alcanzar una tasa interanual del 10,8%, la tasa más elevada en cerca de 40 años, en concreto desde septiembre de 1984.

Esta evolución ha sido la consecuencia de la subida de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, y la electricidad, junto a la evolución de vestido y calzado.

Destaca no obstante el descenso de los precios de los carburantes, como consecuencia de la cierta moderación en el precio del petróleo.

En cuanto a la tasa subyacente que excluye los elementos más volátiles como los alimentos frescos y los productos energéticos, también se elevó en 6 décimas hasta el 6,1% interanual, la tasa mayor desde enero de 1993.

Esta evolución de los precios, sin embargo sigue siendo un pesado lastres para la economía española que ha provocado que todas las revisiones económicas vayan en la línea de reducir las estimaciones de crecimiento de PIB y al alza las de inflación hasta situarla de media por encima del 8%.

Los precios comenzaron a escalar en España a la vuelta del verano de 2021 impulsados fundamentalmente por el precio de la energía, con lo que el IPC medio anual cerró el ejercicio pasado en el 3,1% tras haber llegado a estar en negativo en el año.

Pero lo que parecía un aumento muy coyuntural cuyos efectos desaparecerían en primavera, según los primeros cálculos de los analistas, se ha convertido en una auténtica pesadilla para la cesta de la compra, por los efectos de la guerra en Ucrania, que parece cronificarse, acumulando ya más de seis meses.

El tsunami al que se están viendo sometidos los precios de los productos de la cesta de la compra también están pasando una dura factura al conjunto de los ciudadanos que se refleja a través de una clara pérdida del poder adquisitivo de compra. Con el mismo dinero se pueden comprar menos cosas. Esta caída del poder de compra se deja sentir especialmente en las rentas salariales y en los ahorros de familias y empresas.

Una aproximación cuantificable del dinero que podría suponer este impacto de la escalada inflacionista en dichas rentas, podría rondar los 110.000 millones de euros de reducción en el poder de compra de los salarios y los depósitos, según cálculos realizados por este diario.

 Precisamente por ello desde principio de año el Gobernador del Banco de España lanzó la idea de la conveniencia de realizar un pacto de rentas con el fin de evitar que el repunte de los precios se interiorizaran en el conjunto de la economía, algo que parece lejos de conseguirse.

A principios de julio tras el fracaso entre los agentes sociales en lograr este pacto por la vía de acuerdos en moderación salarial, la vicepresidenta económica hizo una convocatoria de esta mesa de negociación en la que pidió moderación de márgenes y salarios por un plazo de 3 años, aunque si se comprometió a elevar el Salario Mínimo interprofesional (SMI).

Recientemente un informe del Instituto de Estudios Económicos señalaba que los costes laborales explicarían un 83,4% del aumento de los precios entre 2019 y 2021.