El rey Juan Carlos inicia los trámites para la regularización fiscal

Cuatro meses después de su salida de España el rey emérito, Juan Carlos I, ha dado los primeros pasos para regularizar su situación fiscal. Como publicó el domingo El País, su abogado, Javier Sánchez Junco, ha iniciado los trámites para presentar una declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria. El documento no está relacionado con los posibles bienes en el extranjero, sino con el uso de tarjetas bancarias por parte del rey y de sus familiares – entre los que no se encontrarían los reyes Felipe y Letizia– con fondos opacos del empresario mexicano, Allen Sanginés- Krause, que en la actualidad está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

El escrito presentado por Sánchez Junco está siendo analizada por Hacienda que deberá pronunciarse y decidir si la acepta o pide aclaraciones y cuál es el importe a pagar. Según la información recogida por El País, la presentación de una declaración voluntaria para regularizar su situación con Hacienda es una idea que se lleva estudiando desde que la examante del rey emérito, Corinna Larsen, declaró que don Juan Carlos le había regalado 65 millones de euros, dinero que procedería de una donación que le hizo el rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdelaziz.

Con la declaración voluntaria, el abogado del rey emérito persigue neutralizar la investigación abierta sobre el uso de las tarjetas en la Fiscalía del Supremo. La regularización voluntaria es un trámite que puede presentarse en cualquier momento antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales. De momento estos últimos supuestos aún no han ocurrido, pero el fiscal anticorrupción llevaba investigando desde 2019.

El uso de las tarjetas se produjo entre 2016 y 2018 es decir, el emérito ya había abdicado y perdido el privilegio de inviolabilidad recogido en la Constitución. La información que se conoce hasta la fecha apunta a que el dinero defraudado podría superar los 120.000 euros en algunos ejercicios, importe a partir del cual puede considerarse un delito fiscal con pena de hasta cinco años de cárcel.

Como parte de esta investigación, una de las tantas que rodean a la figura del monarca, la Fiscalía ya ha interrogado al empresario mexicano y al coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga Mendoza, que fue ayudante de campo entre los años 2007 y 2017 y que tenía tarjetas para sufragar los regalos y gastos personales de don Juan Carlos y sus familiares.

La declaración sobre los fondos de las tarjetas opacas deja pendiente la regularización de los bienes y derechos que el rey emérito tiene en el extranjero. Según la información recabada por El País la cuantía a desembolsar no sería barata. El tipo a pagar se aproximaría al 50% del valor de los bienes y derechos. A este importe se le añade un recargo del 20% por declaración fuera de tiempo y los intereses de demora. Todo ello iría acompañado de sanción testimonial cerca a los 1.500 euros.

El rey emérito, Juan Carlos, salió de España en agosto y desde entonces reside en Emiratos Árabes unidos como huésped del jeque Mohamed Bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi. Su vuelta a España está pendiente de que el fiscal Juan Ignacio Campos, que dirige las tres investigaciones abierta contra el monarca archive las archive o presente una querella. Junto al gasto de las tarjetas opacas, la maraña de procesos judiciales que rodean emérito están el supuesto cobro de comisiones del AVE a La Meca, hechos se remontan a 2012, cuando Juan Carlos I gozaba de inviolabilidad, y la supuesta existencia de sociedades radicadas en el paraíso fiscal de Jersey.