La Fiscalía imputa al exjefe policial chileno por la omisión de delitos en el estallido social

Cuatro días después de renunciar anticipadamente a su puesto ante el presidente Gabriel Boric, el exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ha enfrentado este martes la primera jornada de la audiencia de formalización de cargos por su papel, cuando era jefe nacional de Orden y seguridad durante el estallido social chileno ocurrido hace casi cinco años, de omisión de delitos. La Fiscalía, encabezada por Ximena Chong, le ha comunicado la apertura de una investigación en su contra por no haber evitado, desde su alto cargo, apremios ilegítimos de al menos 229 manifestantes, entre el 18 de octubre de 2019 y marzo de 2020, el periodo más álgido de las protestas en Chile y en la que se produjeron cientos de lesiones oculares.

La fiscal Chong comenzó a relatar uno a uno los casos —este martes alcanzó a detallar 139— y seguirá su presentación durante la semana. Entre ellos, mencionó el de Gustavo Gatica, quien quedó ciego durante una manifestación en Santiago, en noviembre de 2019, producto del disparos de perdigones por parte de la policía. El juicio oral, la imputación al carabinero Claudio Crespo, se realizará en noviembre.

Desde enero, cuando se anunció la formalización de Yáñez, se había señalado que el Ministerio Público le imputaría la omisión de 1.368 casos de vulneraciones, pero Chong ha presentado 229 en la audiencia ante el Séptimo Juzgado de Garantía, donde también fueron formalizados otro exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas, y exsubdirector Diego Olate. Para la fiscal, Ricardo Yáñez, como máxima autoridad de Orden y Seguridad, así como “debía emitir órdenes, realizar evaluaciones periódicas e imponer sanciones disciplinarias”, también “contaba con las facultades para impedir o hacer cesar los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que se estaban produciendo” durante las protestados en Chile.

Los 229 casos de víctimas que están siendo expuestos por la Fiscalía ante el tribunal, de acuerdo con el relato de Chong, sufrieron lesiones de gravedad mayor y a corta distancia, en la parte superior del torso, además de graves lesiones oculares por balines y perdigones.

Previo a la formalización, en la explanada del Centro de Justicia en Santiago, familares y víctimas se manifestaron con lienzos. Allí, el director de Aministía Internacional, Rodrigo Bustos, recordó que el organismo, desde octubre de 2019, ha exigido “justicia, verdad y reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y garantías de no repetición”.

Ricardo Yáñez, que terminaba su mandato en noviembre, dimitió el pasado viernes a la jefatura de Carabineros para enfrentar la formalización. Era una renuncia esperada, pues se produjo en el contexto de un criterio que había establecido hace unos meses la ministra del Interior de la Administración del mandatario Gabriel Boric, Carolina Tohá, referido a que si un funcionario gubernamental o de instituciones que dependan de la presidencia enfrenta un proceso de imputación de cargos ante la Fiscalía, debe abandonar el cargo.

Yáñez ha señalado este martes en una declaración pública a través de un video, en medio de la primera etapa de la audiencia, que la formalización le parece “absolutamente injusta y absurda”. Y señaló que en 2019, “quienes ejercíamos el mando en la época de mayor violencia desde la vuelta a la democracia, tuvimos que enfrentar con los medios, con los recursos que el Estado nos entregó, algo que se nos pide que era imposible. Los graves hechos que ocurrieron no solamente pusieron en riesgo la democracia en nuestro país, sino que también la seguridad de muchas personas y la vida de muchas personas, como también la de nuestros carabineros”.

El exjefe policial agregó que después del 18 de octubre de 2019, el día que comenzaron las protestas del estallido social, cerca de 5.000 carabineros fueron heridos, hubo más de 540 ataques a cuarteles y otros 100 en contra de los vehículos policiales y “más 16.000 eventos graves durante 165 días de grave violencia”. Y agregó: “Pareciera ser que se nos olvidara que Chile se incendió, que se destruyó el gran patrimonio de Metro en dos días (...) Estas no fueron manifestaciones pacíficas, estos fueron ataques violentos a la institucionalidad”.

Las formalización de Yáñez, Rozas y Olate se produce en la víspera de que se cumplan, el próximo 18 de octubre, cinco años del estallido social.