¿Y después de dos años, qué?

Han transcurrido dos años desde que Gabriel Boric asumiera el actual Gobierno. Muy pocos son los logros que se pueden exhibir por parte de una Administración que había propuesto impulsar transformaciones estructurales profundas, en una serie de ámbitos como salud, educación, previsión, relaciones laborales, junto con modificar las bases de nuestra ins...

Han transcurrido dos años desde que Gabriel Boric asumiera el actual Gobierno. Muy pocos son los logros que se pueden exhibir por parte de una Administración que había propuesto impulsar transformaciones estructurales profundas, en una serie de ámbitos como salud, educación, previsión, relaciones laborales, junto con modificar las bases de nuestra institucionalidad política. Es cierto, a lo largo de 2023 logró aumentar el salario mínimo, favoreciendo a trabajadores que poseen contrato y empleo estable, sin que ello se viera reflejado en el poder adquisitivo de los hogares chilenos debido al fenómeno de la inflación. De manera simultánea, se aprobó el proyecto de reducción a 40 horas de la jornada laboral, el cual contó con la venia del gran empresariado que lo vio como una nueva oportunidad para introducir flexibilidades en las relaciones contractuales. Con excepción de la primera iniciativa, el proyecto de las 40 horas fue el producto de una moción parlamentaria presentada en 2019, meses antes del estallido social.

Desde sus inicios, en marzo de 2022, el Gobierno mostró síntomas de debilidad y escasa efectividad en la toma de decisiones. No fue capaz de definir una agenda legislativa y propuestas de política pública para implementar en lo inmediato. Por el contrario, decidió condicionar su agenda al éxito del primer proceso constituyente, el de la Convención Constitucional, terminando por enfrentar una de las mayores derrotas electorales en el plebiscito celebrado el 4 de septiembre de 2022. Los efectos de esa derrota fueron reafirmados en la elección del Consejo Constitucional, en mayo de 2023, en el que la derecha se impuso con holgura, al punto de darse el lujo de mantener la actual Constitución. Solo después del plebiscito de diciembre de 2023, que implicó sepultar de manera definitiva el anhelo del cambio de Constitución, el oficialismo decidió ponerse en sintonía con la población al proponer llevar adelante una agenda centrada en los temas de seguridad y en la reactivación económica.

Durante el primer semestre de 2023, los temas de seguridad coparon la discusión pública, en especial por la muerte de tres carabineros ocurridos entre marzo y abril. A ello se agregaron las acciones del crimen organizado y del narcotráfico. Este tipo de hechos, agudizados por los conflictos de la llamada macro zona sur y en las zonas fronterizas de las regiones del norte del país, evidenciaron graves contradicciones y dificultades a la hora de definir una política de seguridad por parte del Gobierno. La sobreideologización con que actuaba parte del oficialismo al momento de enfrentar los problemas de seguridad se transformó en el principal estigma de la oposición para cuestionar las iniciativas y reacciones de parte del Gobierno frente a actos delictivos, que fueron adquiriendo connotaciones de mayor violencia y mostraron las vulnerabilidades del Estado chileno.

En términos económicos, el país cerró el 2023 sin ningún síntoma de despegue y para el 2024, las proyecciones más optimistas aluden a un crecimiento en torno al 1,2%. Cabe agregar que dicha cifra se barajó en algún momento durante el 2023 por parte del Ministro de Hacienda, Mario Marcel. A los problemas de seguridad y relacionados con la reactivación, se agregan otros asociados a los temas que para una parte del oficialismo son considerados emblemáticos, en especial para aquella generación que fue partícipe de las movilizaciones de 2011, o de quienes se curtieron como activistas de movimientos sociales e identitarios. En primer lugar, se ha intensificado el deterioro de la educación pública, como quedó evidenciado en pruebas de medición y acceso a la educación superior. La situación más crítica se vivió en la región de Atacama, a raíz de la implementación de los Sistemas Locales de Educación Pública (SLEP). En segundo lugar, se hicieron vanas promesas y se emitieron declaraciones evasivas respecto a la derogación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

En tercer término, tampoco se han evidenciado logros importantes en materia de equidad de género, no obstante haberse definido el Gobierno como feminista. En efecto, se constatan aún diferencias sustantivas en relación al tipo de empleo y en cuanto a los salarios obtenidos por hombres y mujeres. A nivel de percepción, los datos no son muy alentadores, si se considera un reciente estudio realizado por Activa Research. Para un Gobierno feminista esto implica asumir problemas estructurales que van más allá de los plazos y alcances de la política gubernamental. En cuarto lugar, y tal como se señaló con anterioridad, el Gobierno ha enfrentado en el lapso de dos años, dos derrotas y fracasos consecutivos de las iniciativas de cambio constitucional. Tras ello, renuncia a enfrentar los problemas que aquejan al conjunto del sistema político y a la institucionalidad democrática de nuestro país. En quinto lugar, se registraron hechos de corrupción en torno al traspaso de fondos hacia fundaciones, viéndose involucrados partidos del oficialismo, entre ellos Revolución Democrática (RD).

Por otra parte, el Gobierno, al igual que otras Administraciones anteriores, se ha visto enfrentado a contingencias asociadas a desastres naturales u otros efectos indirectos de la acción humana. Entre en enero de 2023 y febrero de 2024, se sucedieron incendios forestales, y en dos ocasiones -en los meses de invierno-, los estragos derivados de precipitaciones y crecidas de ríos, con la consecuente destrucción de viviendas, fuentes laborales y parte de la estructura productiva. En todas estas ocasiones, la improvisación y las intervenciones tardías se impusieron por sobre planes de emergencia y acciones de contención para con las personas damnificadas, o afectadas por la pérdida de vidas humanas.

Más allá de la falta de mayoría en el Congreso, junto con hacer coincidir y mantener los equilibrios de dos coaliciones oficialistas (Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático), la falta de liderazgo ha quedado expuesta en diferentes momentos. Desde luego, no se trata de un problema atribuible únicamente al Gobierno, sino de algo que viene siendo la tónica desde 2006. El primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), el primero de Sebastián Piñera (2010-2014), el segundo de Bachelet (2014-2018) y el segundo de Piñera (2018-2022), así como el actual, fueron y han sido Gobiernos que carecieron o terminaron careciendo de mayoría. Asimismo, evidenciaron problemas de liderazgo o, como en el caso de Bachelet y de Boric, la popularidad fue confundida con capacidad de liderazgo y de conducción de un Gobierno de (dos) coalición (es). Los recientes datos de la encuesta Pulso Ciudadano, de Activa Research, el presidente Boric finaliza el período estival con una aprobación en torno al 25,5% y un rechazo del 62,2%.

La falta de liderazgo del Gobierno lleva a que el presidente incurra en cambios radicales en su discurso, posición e incluso en el modo de concebir a sus adversarios. No se trata del resultado de moderaciones, ni mucho menos maduraciones, desde el punto de vista programático. Tampoco se trata de intentar actuar con coraje al mismo tiempo que adoptando un sentido de responsabilidad. Se trata simplemente de maniobras que buscan salir bien posicionado frente a ciertas contingencias, independiente de toda consecuencia.

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