Delincuencia: Boric no quiere que Chile se convierta en “otros países de la región” y sus decisiones resienten al ala izquierda del Gobierno

La decisión del presidente Gabriel Boric de convocar por la emergencia delictiva al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), en una reunión que se llevará a cabo este lunes, ha provocado tensiones al interior del oficialismo, especialmente en el ala izquierda. Dirigentes y diputados del Partido Comunista (PC), de la coalición originaria del mandatario y con fuerte presencia en el Ejecutivo, han manifestado su resistencia al llamamiento a este órgano consultivo, parte de la ...

La decisión del presidente Gabriel Boric de convocar por la emergencia delictiva al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), en una reunión que se llevará a cabo este lunes, ha provocado tensiones al interior del oficialismo, especialmente en el ala izquierda. Dirigentes y diputados del Partido Comunista (PC), de la coalición originaria del mandatario y con fuerte presencia en el Ejecutivo, han manifestado su resistencia al llamamiento a este órgano consultivo, parte de la Constitución política que rige desde 1980, del que forman parte el propio presidente, los líderes del Senado, la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, además de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el director general de Carabineros y la contralora general de la República, que hoy es subrogante. El PC chileno, que ha llamado a una reunión extraordinaria de su comisión política para analizar la convocatoria al Cosena, sin embargo, oficialmente ha respaldado la decisión de Boric: “Reconocemos la importancia de contar con la opinión de sus integrantes, más aún cuando la derecha bloquea importantes proyectos de ley en el Congreso”, ha expresado, pese a las tensiones internas.

La convocatoria al Cosena es una medida a la que el Gobierno de izquierdas se había resistido porque, para parte de este sector político, el llamamiento al órgano consultivo evoca la época de la dictadura donde los militares deliberaban.

“En Chile hay una situación complicada con el crimen organizado, el narcotráfico y debemos hacernos cargo de aquello. Lo que a mí no me parece, y no comparto, es que so pretexto de aquello tomemos medidas que no van a resolver el tema de fondo. Además, creo que fragiliza la democracia”, aseguró el jueves la diputada Lorena Pizarro, integrante del comité central del PC. Para Pizarro, “el Cosena es una instancia heredada de la dictadura”, aseguró tras el anuncio del presidente. En la misma línea, el secretario general de la sindical Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Eric Campos, dijo: “Nos parece que el llamado al Cosena es saltarse la fila del sistema político, que no logra ponerse de acuerdo. En ese sentido, no nos gusta la convocatoria al Cosena, porque creemos que hay muchas otras instancias de diálogo que son más efectivas para poder resolver el problema de seguridad. Jugarse la carta de convocar al Cosena es más bien responder a la receta de la derecha”, aseguró Campos, poco después de una reunión con el mandatario. Mientras, el diputado Matías Ramírez señaló que las Fuerzas Armadas “no son deliberantes y utilizar espacios creados bajo el amparo de una Constitución dictatorial no legitima su convocatoria, ni mucho menos le da una visión distinta a cómo abordar problemáticas tan complejas en materia de seguridad pública”.

Una decisión en año electoral

El propio presidente Boric, como diputado, en noviembre de 2019 criticó duramente a su antecesor, el derechista Sebastián Piñera, cuando llamó al Cosena en el marco de las peores semanas de violencia por el estallido social. Fue la última vez que se convocó. En los últimos meses, como mandatario, Boric recibió múltiples peticiones para llamar al Cosena, decretar estado de excepción en Santiago de Chile y desplegar presencia militar en las zonas de la capital mayormente afectada por una crisis de delincuencia. Luis Astudillo, alcalde de la popular comuna de Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, contó hace unas semanas a EL PAÍS que en su zona “hay un toque de queda autoimpuesto; la gente se esconde en sus casas por temor”. Cercano al Partido Socialista, dijo que la delincuencia que golpea a Chile, y a su municipio, con balaceras en alza, se transformó en una dictadura. Promueve un estado de excepción: “Llegué a este límite cuando se empezó a comprometer la democracia”, aseguró.

La Moneda se resistió a tomar la medida. La portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, militante comunista, explicó a comienzos de año que el Cosena “no da más resultado que elaborar una opinión, un diagnóstico”. “Nosotros necesitamos acuerdos o acciones que impliquen resultados; insisto, no píldoras ni alicientes, sino que resultados. Eso en criterio general”, aseguró la ministra.

Pero la situación delictiva ha llegado a un punto que hace imposible que, políticamente, no se tomen decisiones drásticas, aunque impliquen un cambio de opinión del Gobierno y del presidente. Sobre todo en un 2024 electoral, porque en octubre son las municipales y de gobernadores. La seguridad, la principal prioridad ciudadana, será con certeza el asunto central de las elecciones locales.

Hace apenas algunos días, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reconoció que este 2024 hay más asesinatos en la Región Metropolitana en comparación con el mismo periodo de 2023. Y varios hechos violentos han marcado los últimos días. Entre ellos, el homicidio el 27 de enero de dos agricultores que acababan de vender tomates en la feria de Lo Valledor, en Santiago. Cuando regresaban por la carretera, en Malloa, en la Ruta de la Fruta, fueron interceptados por cuatro delincuentes extranjeros, quienes los asesinaron tras robarles un bolso con sus ganancias. Fue a plena luz del día, frente al hijo de 16 años de una de las víctimas, herido de bala.

Ese mismo día, pero en la madrugada, dos monjas fueron tomadas como rehenes durante una hora, amarradas de pies y manos, en un convento ubicado a tres calles de la residencia del presidente Boric, en el barrio Yungay, en el centro de Santiago. Fue un delito que, por las víctimas –dos religiosas de unos 60 años– causó impacto en la sociedad chilena.

“A quienes cometen delitos, piénselo dos veces, porque tal como a quienes cometieron el vil asesinato de los agricultores, esas cuatro personas que están detenidas hoy día, a quienes cometieron un secuestro extorsivo en la región de Coquimbo, a una de las personas que cometió un portonazo en Ñuñoa, que están presas en este momento, a todos ustedes los vamos a encontrar y los vamos a meter tras las rejas”, dijo Boric este jueves al anunciar el llamamiento al Cosena. “No queremos convertirnos en otros países de la región. Acá hay una amenaza clara y no minimizamos ni un segundo la sensación de inseguridad. No solo nos preocupamos, sino que nos ocupamos”, agregó el mandatario de izquierdas.

Fue el propio Monsalve el que explicó el giro del Gobierno en esta materia. “Las autoridades no toman decisiones eternas, toman decisiones de acuerdo a los contextos y a las evaluaciones que se hacen”, dijo el subsecretario del Interior, que recordó que en las primeras semanas de enero se han producido una mayor cantidad de delitos violentos que el mismo período del año 2023. “Las situaciones de seguridad van cambiando, se van modificando y los gobiernos también tienen que adaptarse para tomar las mejores decisiones posibles para cambiar esa realidad para que la gente tenga mejores condiciones de seguridad”, dijo el médico socialista.

Boric explicó este jueves que ha decidido convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el Cosena, para poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementación del proyecto de infraestructura crítica que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional y que permitirá contar con dotación militar donde haya que reforzar la acción de las policías. Agregó que espera que la reflexión que emerja del Cosena “sea recogida por las y los parlamentarios” y que así la iniciativa, que tiene complejidades, “pueda ver la luz a la brevedad”.

Hoy en día, en Chile, rige un estado de excepción en la Macrozona Sur –la zona de La Araucanía y regiones vecinas– y está vigente la ley de infraestructura crítica en la Macrozona Norte, también con la presencia de militares. El ala izquierda de la coalición de Boric no quiere la llegada de los uniformados a las calles de Santiago para controlar la seguridad.

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