Ventanas, a un mes del cierre de la fundición de Codelco: “Queremos recuperar la bahía”

Desde la terraza en altura de Katta Alonso, de 70 años, se puede observar de punta a punta la bahía en forma de herradura de Quintero-Puchuncaví (40.000 habitantes; Valparaíso, Chile). El patio delantero de la pintoresca casa es el Océano Pacífico y el trasero, un huerto con árboles de membrillo, manzana y durazno. Pero ella no come los productos que la rodean. No se atreve. No confía. Y es que son ...

Desde la terraza en altura de Katta Alonso, de 70 años, se puede observar de punta a punta la bahía en forma de herradura de Quintero-Puchuncaví (40.000 habitantes; Valparaíso, Chile). El patio delantero de la pintoresca casa es el Océano Pacífico y el trasero, un huerto con árboles de membrillo, manzana y durazno. Pero ella no come los productos que la rodean. No se atreve. No confía. Y es que son fruto del mar y tierra de una de las cinco zonas de sacrificio de Chile, como se conocen a las áreas donde la concentración masiva de industrias contaminantes daña la salud de la comunidad. “Nuestros suelos están plagados de compuestos orgánicos volátiles y nuestros pescados, de metales pesados. Si quiero comer mariscos, compro los congelados del supermercado”, sostiene la presidenta de Mujeres de Zonas de Sacrificio con su voz ronca, producto de una enfermedad respiratoria persistente.

Alonso vive en la localidad de Ventanas, de unos 2.500 habitantes, en el municipio de Puchuncaví, a 150 kilómetros al norte de Santiago. Es parte de una ruta costera de coloridos pueblitos con casas bajas que suelen vivir del turismo, la pesca y la agricultura. Pero el balneario de Ventanas rompe con la estética de caletas y campos de cultivo. Una chimenea que ya no funciona de 158 metros –de Codelco, la principal productora de cobre del mundo–, da la bienvenida a un polo industrial levantado a mediados del siglo pasado que se ha ido ampliando y diversificando con el paso de las décadas. Termoeléctricas, refinerías de petróleo, distribuidoras de productos químicos, son parte de las 16 empresas que concentran sus instalaciones en unos cinco kilómetros de la bahía.

El 31 de mayo pasado, Codelco cerró su fundición de cobre de Ventanas. El primer cese de operaciones de una planta de la cuprífera estatal respondió a una demanda histórica de los vecinos por la seguidilla de episodios de intoxicaciones masivas en la población. La planta era una de las principales responsables de la emisión de dióxido de azufre. La decisión del Gobierno de Gabriel Boric y del Ejecutivo de Codelco fue transversalmente aplaudida por los ambientalistas y generó grandes expectativas. A un mes del cierre, sin embargo, pese a que existe consenso en la importancia de la medida, la realidad continúa golpeando con fuerza la vida de los habitantes. Aquí, en este lugar, la gente concibe el cierre solo como un primer paso para recuperar el cielo, mar y aire descontaminado de la bahía.

“El relato era que se cerraba Codelco y esto iba a ser el Edén. Pero cerraron, tuvimos una semana y media con supervigilancia a las empresas, y aún así se registraron más de 75 casos diarios de alumnos intoxicados en los colegios”, apunta Carlos Muñoz, portavoz del Centro de Padres de Colegios Subvencionados de Quinteros, en referencia a los contaminantes del resto de empresas que están funcionando. “Los colegios se han ido transformando en un lugar donde no se sabe qué diablos va a pasar a las 11 de la mañana. Los profesores se han vuelto expertos en psicología y en olfato. La primera medida de prevención es la intuición. ‘Hay olor’, dicen. Miramos la condición de ventilación de la bahía para inferir si al día siguiente vamos a tener un episodio. Es casi navegar mirando las estrellas. Estamos igual que el 2018″, añade Muñoz, en alusión a los casi 1.400 pacientes atendidos por intoxicación en menos de dos meses hace cinco años en el Hospital de Quintero.

“Los sistemas de monitoreo en algunos colegios nos dicen que hay presencia, entre otros, de benceno, un agente cancerígeno que debilita enormemente el sistema inmunológico”, afirma Muñoz, padre de tres hijos que se han intoxicado sin saber con qué, y a los que nunca se los llamó para hacer seguimiento. “Hace poco logramos que los síntomas como vómitos, mareos, adormecimiento de musculatura fuese tipificado como intoxicación por gases. Pero no sabemos qué gases”, señala Alonso.

Identificar los contaminantes volátiles que emiten las empresas del complejo industrial es la bandera que levantan pescadores, activistas, profesores, comerciantes. También el Tribunal Supremo, que en 2019 ordenó el cumplimiento inmediato de esta y otras 14 medidas en la bahía Quintero-Puchuncaví. Casi cuatro años después, la falta de acción es evidente. El Ministerio de Medio Ambiente asegura a EL PAÍS que el cuarto trimestre de 2023 se iniciará la implementación de la red pública de monitoreo de calidad del aire en los municipios de Concón, Quintero y Puchuncaví. Serán 14 nuevas estaciones; tres de ellas contarán con monitoreo continuo de todos los contaminantes normados.

Desde el ministerio destacan la incorporación del monitoreo de Compuestos Orgánicos Volátiles para “dos a 12 carbonos, con especial énfasis en los BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno)”. Recientemente se aprobó la norma primaria de calidad para benceno y está pronta a aprobarse la secundaria, “lo que podría determinar la saturación del territorio con algunos de estos nuevos contaminantes normados, en cuyo caso deberán aplicarse mecanismos de mitigación”, añade la cartera liderada por la ministra Maisa Rojas.

Las empresas llegaron a la bahía con la promesa de llevar el desarrollo a la zona. En términos de empleo, sólo el 6,6% de la población de Quintero y Puchuncaví trabaja en el sector industrial, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos publicado en 2018. La tasa de pobreza multidimensional en Puchuncaví alcanza el 28%, 10 puntos más que el promedio nacional; y un 32% de los hogares no tiene acceso a los servicios básicos, 18 puntos sobre el promedio. “El crecimiento nunca llegó acá. Ni siquiera tenemos una planta de alcantarillado. Las fecas van a la playa. Hablamos de un país OCDE, que debería cumplir los estándares que recomienda la OMS”, sostiene el consejero regional Carlos Vega –un cargo del Gobierno regional, con facultades normativas y fiscalizadoras– que trabajó toda su vida en el mar, al igual que su padre y su abuelo.

En un paseo por el borde costero, Vega indica los restaurantes y casas donde vivían sus familiares. Todos los inmuebles están abandonados. Las noticias de las intoxicaciones mataron el turismo y los vecinos adinerados se fueron a otros sitios. Los comerciantes de los balnearios cercanos de Maitencillo, Cachagua y Zapallar dejaron de comprarles a los pescadores de la bahía, aunque hay algunos que todavía logran venderles sus locos o merluzas por un tercio de lo que cobraban en el pasado. “Los nuevos vecinos son más pobres y los turistas que llegan de muy bajos ingresos. Ventanas se empobreció”, lamenta Vega con el mar de fondo. A pesar de la crisis sanitaria, la localidad no cuenta con un hospital propio y el de Quintero, aunque cercano, es un centro de salud de complejidad 4, la categoría más baja.

La desalinizadora, el nuevo proyecto en la bahía

Vega visita cada tanto la toma de la Federación de Pescadores Bahía Narau en la entrada de las obras de la planta desalinizadora de la empresa Aguas Pacífico, al otro lado de la carretera del complejo industrial. Las decenas de pescadores llevan dos meses tratando de impedir que se lleve a cabo el proyecto Aconcagua que obtuvo la concesión marítima por 50 años. “Esto es la guinda de la torta. No queremos que vengan más empresas, queremos que se empiecen a ir las que están y recuperar nuestra bahía”, explican en torno a un fogón que calienta sendas teteras con café, ya por la noche. Les preocupa que la sal que expulsen impacte el ecosistema marítimo y que se lleven el agua a otros sitios, cuando la zona está golpeada por la sequía.

Mauricio Alegría, director de sustentabilidad de Aguas Pacífico, explica por Zoom que el proyecto se ajusta a la normativa medioambiental y que los impactos “no son significativos y están en una área acotada”. El emisario –el tubo por donde se expulsará la sal al mar– tiene un largo de más de 750 metros y el área de descarga será de seis metros. “Después de ese tramo, se mantienen las mismas concentraciones de sal del Océano Pacífico. No se producen cambios químicos ni de temperatura”, señala. Dos veces al año entregarán un plan de vigilancia a la Armada de Chile para dar cuenta de los efectos ambientales en el ecosistema marítimo.

El grueso del agua irá a la Región Metropolitana, mandatado por su principal cliente, Anglo American. Alegría afirma que están cerrando un acuerdo con localidades de Puchuncaví para entregar agua con un valor subsidiado a través de los servicios rurales. Ventanas no forma parte porque pertenece a un territorio concesionado de Esval, la empresa sanitaria de Valparaíso. En las negociaciones con los pescadores, Aguas Pacífico les está ofreciendo capacitaciones y desarrollo de proyectos. Cuentan con un presupuesto de 3.000 millones de pesos (3,7 millones de dólares) para los 10 primeros años. “También estamos trabajando para trasladar la patente de Aguas Pacífico de Las Condes [un municipio acomodado de la capital] a Puchuncaví. Ese es un beneficio directo para el desarrollo de la comunidad”, apunta Alegría. Una de las mayores quejas de los activistas es que las industrias de la bahía no pagan la patente en la zona.

La Fundación Terram, dedicada a realizar estudios y promover el desarrollo sustentable, defiende el congelamiento del parque industrial. “No puede ser que con la contaminación que hay en el aire, agua y suelo se siga admitiendo a evaluación de nuevos proyectos”, criticaba en El PAÍS su directora, Flavia Liberona. El presidente Boric mencionó en la reciente Cuenta Pública ante el Congreso la apuesta por el hidrógeno verde en ciudades como Quintero para que “puedan cerrar sus termoeléctricas sin perder fuentes de trabajo y mejorar su calidad de vida”. En 2021, el proyecto Hidrógeno Verde Bahía Quintero, de las compañías GNL Quintero, Enagas y Acciona no pasó la etapa de admisibilidad administrativa del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Tras la negativa de la SEA, las compañías GNL Quintero, Enagas y Acciona se retiraron del proceso de evaluación, según constató este periódico. Pero el fantasma de nuevos proyectos industriales recorren la bahía. “Es injusto que tengamos esta carga, cuando se pueden hacer en distintas zonas del país. Esta cantidad es imposible”, plantea Alonso en su terraza con vista al cordón industrial.

La amplia panorámica permite ver los resabios de lo que fue el balneario, famoso por sus aguas tranquilas debido a la forma de la bahía. En un rincón, los pescadores conservan sus botes que, cuando hay viento, meten mar adentro en busca de pescados y mariscos para intentar comercializar. En la otra esquina, extensos muelles y enormes infraestructuras se adentran en la costa. La vista de la casa pintoresca es una postal del pasado y presente de Ventanas.