Que la tarea climática no quede para dentro de cuatro años

Llegamos al final de esta contienda electoral con el tema ambiental sobre la mesa, pero con pocos detalles sobre la forma en la que se desarrollarían las propuestas. Las opciones no son equiparables, inquietan por la omisión o por el exceso de ambición, y en todo caso falta claridad en cómo sería la implementación de los cambios transformadores que deben darse para alcanzar las metas climáticas con las que se comprometió el país: reducir 51% sus...

Llegamos al final de esta contienda electoral con el tema ambiental sobre la mesa, pero con pocos detalles sobre la forma en la que se desarrollarían las propuestas. Las opciones no son equiparables, inquietan por la omisión o por el exceso de ambición, y en todo caso falta claridad en cómo sería la implementación de los cambios transformadores que deben darse para alcanzar las metas climáticas con las que se comprometió el país: reducir 51% sus emisiones de GEI a 2030 y ser carbono neutrales en 2050.

El tema ambiental es un elemento que, indudablemente, debe estar en la balanza de decisión de las y los electores. El mundo y la región han mostrado que la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas han sido determinantes en las elecciones de países como Francia, Estados Unidos, Australia y Chile.

Las consecuencias de llegar a 2026 sin hacer la tarea con la rigurosidad que se requiere serían catastróficas. Perder cuatro años de una acción climática real y efectiva nos dejaría en un escenario tardío para que el país aporte a la meta global de no aumentar la temperatura más de 1.5°C y, al mismo tiempo, se perdería tiempo valioso para adaptarnos a los impactos adversos del cambio climático y para implementar una transición planeada.

Hace unas semanas, una noticia en el Bajo Cauca pasó desapercibida. Los campesinos y comerciantes de Tarazá bloquearon la vía a Medellín con camisetas blancas y pancartas. Sus reclamos se resumían en uno solo: la construcción de un muro en el río que disminuya los riesgos de inundaciones, que en los últimos dos meses han dejado 2.000 personas afectadas y un niño fallecido. El cambio climático no está, como muchos creen, a la vuelta de la esquina. Lo estamos experimentando desde hace años, vemos sus impactos en el presente, y el tiempo para actuar se nos está acabando. Por esto, el 19 de junio la cita no sólo es con la democracia; es con nosotros mismos, con la visión del futuro que queremos construir.

Ir en la senda de los objetivos propuestos debe incluir una transición energética justa, que tenga una visión integral. Será tarea del nuevo presidente liderar un plan que le permita al país recorrer de forma segura y ordenada un camino que modifique radicalmente la dependencia económica hacia el carbón, el gas y el petróleo.

Electrificar los usos de la energía es el primer paso y el más importante. En menos de 15 años sectores como el transporte, la industria, la agricultura, solo por mencionar algunos, deberían usar electricidad producida por fuentes de energía renovables no convencionales, que no generen contaminación.

Bajo este escenario, es fundamental aumentar la capacidad de fuentes renovables dedicadas a producir hidrógeno verde, que se perfila como un combustible limpio que podría reemplazar el consumo y uso del gas en el transporte y la industria. Llegar allá implica que Colombia no caiga en la trampa de seguir desarrollando infraestructura nueva para combustibles de “transición”, cuya vigencia debería ser de muy corto plazo. Este es el caso del gas y el hidrógeno gris. Seguir apostándoles nos alejaría por lo menos tres décadas de las metas trazadas.

Para todo lo anterior, y otros temas relacionados con la agenda climática, se requiere financiación, que hasta el momento no ha sido priorizada en el presupuesto del país. En Colombia la financiación para el cambio climático, por ejemplo, ha dependido en gran parte de recursos de cooperación internacional. Apoyo que debe continuar, pero que se vuelve insostenible si no se dan señales claras de que el país está encaminado en el cumplimiento de los compromisos pactados en el Acuerdo de París; lo que incluye añadir con urgencia rubros específicos para cambio climático en la priorización del presupuesto nacional. Combinar la diplomacia climática y reportar con transparencia es la clave para mantener e incrementar estas ayudas.

En esta carrera presidencial también se ha mostrado la venta de bonos de carbono como una solución para obtener recursos y financiar la acción climática. Una solución que podría convertirse en una maldición si no se reglamentan esos mercados de carbono de forma que garanticen salvaguardas sociales y ambientales. Pero, además, una solución que pondría en riesgo el cumplimiento de las metas nacionales de mitigación, beneficiando únicamente a los países compradores de bonos, los cuales sí alcanzarían sus objetivos.

Algunas de estas ideas las hemos escuchado en boca de los candidatos, con preocupantes confusiones frente a los términos, así como falta de precisión. Sin mencionar que en ninguno de los planes de gobierno están los “cómos” que marquen un camino coherente con el contexto actual del país y del mundo.

Quien llegue a la Casa de Nariño debe priorizar instrumentos ya establecidos, pero que requieren de mejoras. Un primer paso es buscar que se amplíe la cobertura del impuesto al carbono, incluyendo al carbón y de ser necesario aumentar su valor. Así mismo, destrabar en el Congreso la destinación de los recursos que se perciben por el impuesto, para que realmente financien proyectos de cambio climático.

Podríamos seguir enumerando temas y prioridades, entre los que estarían la deforestación, la ratificación del Acuerdo de Escazú, la protección a líderes y lideresas ambientales, la gestión de áreas protegidas y ecosistemas marinos. Temas que no son sencillos y que requerirán de soluciones integrales y de una mayor ambición. Una ambición respetuosa por los derechos humanos, por las mujeres, por las comunidades étnicas. Una ambición colaborativa, que nos permita actuar con los países de la región para, de una vez por todas, trabajar de manera conjunta en una agenda de interés colectivo.

Las prioridades ambientales y de cambio climático ya no pueden ser leídas como separadas de ámbitos como la economía, el desarrollo rural, la salud pública, la geopolítica y la construcción de paz; y deben mantener importancia y relevancia como cualquier otra cartera del país. Denota una visión muy estrecha seguir pensando lo ambiental como algo aparte, como cosa de unos pocos, y una negligencia colectiva elegir sin tener en cuenta este aspecto crucial para la vida de todos los seres vivos.

Más allá de las elecciones e independientemente de quien gane, debemos seguir participando de manera informada. El próximo paso será la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que deberá contar con un proceso nacional de consulta y una veeduría activa por parte de la ciudadanía, pues podría ser la última oportunidad para encaminar al país en la senda del cumplimiento del Acuerdo de París.