FRANCESC ARROYO | Barcelona
Una veintena de edificios han sufrido desperfectos de diversa índole en Cataluña en el último año. Algunos han sido desalojados, otros han desparecido. Hay un par de casos vinculados a explosiones de gas (uno en Lleida y otro en Tarragona) y otros dos de etiología distinta.
Las primeras tareas de derribo de la casa de Tarragona en la que el día 10 se produjo una explosión de gas que causó cinco muertos comenzaron ayer. Los especialistas recogieron los últimos enseres de los pisos siniestrados y tenían que comenzar a sacar el material de precisión de una óptica instalada en los bajos.
"¿Estamos a tiempo para impedir esta ley surrealista que nos va a conducir a un estado policial?" La pregunta de uno de los 400 empresarios de la restauración que se reunieron ayer en Barcelona para debatir sobre la norma que regulará el consumo de tabaco en sus locales muestra la indignación con la que el sector está encajando la nueva normativa.
Los centros escolares concertados recibirán el año próximo 894 millones de euros de la Generalitat, el 8,5% más que el año anterior.
¿Dónde fue a parar el dinero? Esa es la cuestión que pretende esclarecer el magistrado Francisco González Maíllo, que investiga el pago de 45.556 euros por parte del Departamento de Trabajo de la Generalitat para realizar ocho informes jurídicos que se copiaron de tratados de derecho ya publicados.
Joaquim Nadal, consejero de Política Territorial, explicó ayer en el auditorio de La Caixa a un nutrido grupo de empresarios, que en Cataluña se están haciendo muchas obras y hay más previstas.