Primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno
Un nuevo estilo se ha impuesto en La Moncloa desde la misma entrada del equipo de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Alfredo Pérez Rubalcaba como superministro. Ayer, en la primera sesión del Gabinete, dedicada monográficamente a su papel en la etapa de recuperación de la crisis económica, el presidente exigió a todos sus ministros que sean portavoces de la política económica del Gobierno.
EL PAÍS | Madrid
El vicepresidente fija la posición sobre la agenda política y carga contra el PP
Iba a ser el comité federal en el que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, expresaría el sentir propio, aunque también de otros barones, en demanda de "gestos" y cambios en el Gobierno. También iba a ser el comité federal en el que el líder del PSM, Tomás Gómez, se encontrara por primera vez desde su triunfo en las primarias para Madrid con el aparato federal que, claramente, prefería a Trinidad Jiménez.
La acción policial descartó ayer cualquier cambio en la política antiterrorista del Gobierno. Un espectacular dispositivo del Cuerpo Nacional de Policía, en el que tomaron parte más de 300 agentes, permitió descabezar la organización juvenil ilegalizada Segi, considerada la cantera de ETA, por segunda vez en menos de un año.
Hasta ayer, el PP era un balneario los viernes. No había ruedas de prensa, apenas se planteaban actos, la presencia en los medios era muy reducida. Era el día de asueto antes de un fin de semana que sí suele estar lleno de actos de partido. Pero todo ha cambiado.
Emilio Silva Faba, fusilado por falangistas junto a otras 12 personas en 1936, fue el primero. Hace diez años, su nieto, Emilio Silva, recuperaba sus restos en Priaranza del Bierzo (Ponferrada), ayudado por un grupo de arqueólogos y forenses amigos. Fue la primera exhumación de una fosa del franquismo realizada con técnicas científicas.
El catalán no es el único idioma protegido con multas. La Agencia Catalana de Consumo (ACC), ente que depende de la Generalitat, impuso el año pasado 94 sanciones a comercios por no etiquetar en castellano, de un total de 205 actas abiertas. En el mismo periodo, la Administración abrió expediente sancionador a 152 empresas por vulnerar la política lingüística catalana, con un montante de 148.100 euros, según los últimos datos oficiales.
Gerardo Camps, consejero de Economía del Gobierno valenciano, está implicado en el sumario del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la recogida de basuras en el sur de Alicante), según uno de los informes policiales de la causa.
