El Gobierno no logra definir sus últimas iniciativas. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, no fue ayer capaz de despejar tras el Consejo de Ministros ninguna de las dudas suscitadas por el propio Ejecutivo en torno a las descargas ilegales de música y cine en Internet, que pretendía regular a través de la Ley de Economía Sostenible con la posibilidad de un cierre administrativo de páginas web, ni sobre la retirada obligatoria de los crucifijos en las escuelas.
Aminetu Haidar hizo la uve de la victoria desde su silla de ruedas antes de franquear los controles de policía en el aeropuerto de Lanzarote. El centenar de personas que la acompañaba dejó estallar su júbilo. La alegría duró poco.
En la muerte de Jordi Solé Tura
Dirigente comunista exiliado, catedrático de Derecho Político, uno de los tres padres de la Constitución que militó en el antifranquismo -junto a Miquel Roca y Gregorio Peces-Barba- y ministro de Cultura en uno de los Gobiernos de Felipe González, Jordi Solé Tura falleció ayer a los 79 años en su domicilio barcelonés, acompañado de familiares, entre ellos su sobrina Montserrat, consejera de Justicia de la Generalitat.
La proposición de ley del PP para declarar Día de Euskadi el 25 de octubre, fecha de la aprobación en referéndum del Estatuto de Gernika, pasó ayer su primera prueba en el Parlamento, con el respaldo de la mayoría de 39 escaños que suman los proponentes, el PSE-EE y UPyD.
"No hago declaraciones", aseguró Javier Borderías a un periodista cuando salía del hemiciclo. El joven de 16 años era uno de los cientos de alumnos que participaron ayer, junto a celebridades del deporte, la cultura y la televisión, en la lectura de la Constitución, artículo por artículo.
El PP descolocó ayer al presidente de Baleares, Francesc Antich (PSOE), quien tuvo que manejar dos estrategias distintas para intentar salvar la presencia socialista al frente del pacto de Gobierno. Primero buscó la manera de desprenderse de Unió Mallorquina (UM), un aliado incómodo e inestable por los casos de corrupción que afectan a varios de sus representantes pero que le da la mayoría.
"El acusado buscó de propósito un lugar donde asegurar la muerte [del alcalde de Fago] y su impunidad". Ése es uno de los argumentos en que se basan los magistrados de la Audiencia de Huesca para condenar al guarda forestal Santiago Mainar a 20 años y nueve meses de cárcel como autor del asesinato del ex alcalde de Fago Miguel Grima el 12 de enero de 2007.
El Consejo de Ministros saldó ayer, con carácter testimonial, la deuda moral de la democracia española con los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD), que fueron perseguidos por la dictadura e ignorados durante la Transición por temor al fantasma del golpismo.
PABLO X. DE SANDOVAL | Madrid
El Ayuntamiento de Talavera, condenado a pagar 54 millones por expropiar un solar para hacer columpios