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Rubalcaba, Zapatero y Rajoy a la salida de la capilla ardiente de Ignacio Uria / EFE
En la foto hubo unidad. El Congreso de nuevo sirvió de marco para que las fuerzas políticas, empresariales y sindicales condenaran sin paliativos el asesinato del empresario Ignacio Uria Mendizabal con un comunicado de repulsa total a ETA y ensalzamiento de los valores democráticos.
El PNV va a activar la maquinaria para arrebatarle la alcaldía de Azpeitia a Acción Nacionalista Vasca (ANV), la formación sucesora de Batasuna que no condenó hace dos días el último asesinato de ETA contra el empresario nacionalista Ignacio Uria.
No es fácil que los empresarios expresen directamente lo que les provoca el asesinato de su compañero Ignacio Uria. Hasta en privado resulta complejo conseguir que se explayen. La sola mención de ETA o del impuesto revolucionario les hace palidecer. Para eso tienen ya sus asociaciones corporativas que se pronuncian por todos ellos.
El etarra que asesinó el miércoles de dos disparos al empresario Ignacio Uria no utilizó la misma pistola empleada por ETA el pasado 7 de marzo para matar, en un atentado de similares características, al ex concejal del PSE-EE en Mondragón Isaías Carrasco.
En Azpeitia lamentan la falta de valentía de los radicales para repudiar a ETA
La Fiscalía de la Audiencia Nacional instó ayer al juez Ismael Moreno a que solicite los documentos de la Dirección General de Política Exterior para América del Norte sobre los llamados vuelos de la CIA y, en concreto, el informe número 3329/02 , de 10 de enero de 2002, firmado por el entonces director del citado departamento, Miguel Aguirre de Cárcer.
Hicham Ahmidan fue condenado ayer a 10 años de cárcel -la mitad de la pena máxima prevista en el Código Penal marroquí- por complicidad con los autores del 11-M, cuyo principal ejecutor fue, muy probablemente, su primo Jamal Ahmidan, El chino, que se suicidó en Leganés (Madrid) al mes siguiente.
La Audiencia Nacional hizo pública ayer una resolución por la que da cerrojazo a la causa abierta por el juez Baltasar Garzón contra Franco y otros 44 miembros de sus Gobiernos a los que acusaba de "delitos contra Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno", así como de "detención ilegal con desaparición forzada de personas", en un marco de "crímenes contra la humanidad".
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