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Los generales José Antonio Beltrán y Vicente Navarro
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha citado para el próximo lunes, en condición de imputados, a cuatro mandos militares que acudieron el 26 de mayo de 2003 a Trabzon (Turquía) para identificar y repatriar los cuerpos de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42.
Los Reyes almorzarán el próximo día 24 con el presidente de EE UU, George W. Bush, y su esposa, Laura, durante el viaje que don Juan Carlos y doña Sofía realizarán a ese país, según informaron fuentes diplomáticas. Este anuncio coincide con la polémica suscitada por la entrevista mantenida el martes por José María Aznar con Bush.
La Audiencia Nacional confirmó ayer la prisión preventiva de dos de los imputados en el caso de los atentados del 11-M, Rafá Zouhier y Mohamed Bouharrat. El abogado del primero había reclamado del tribunal que valorase la colaboración de su cliente con la Guardia Civil, pero los magistrados rechazan la pretensión por el "confusionismo generado deliberadamente" por el propio Zouhier, que no dio datos hasta después del 11-M
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denegó ayer por tres votos a dos la propuesta de los dos vocales designados en su día a iniciativa del PP de abrir una investigación, previa a una eventual actuación disciplinaria, sobre las declaraciones del juez Baltasar Garzón en las que insistió en que "no existe" conexión entre ETA y los supuestos autores del 11-M.
Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) cerraron ayer el acuerdo sobre los Presupuestos con un encuentro político al más alto nivel en La Moncloa, en el que participaron el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de ERC, Josep Lluis Carod, y el secretario general del partido, Joan Puigcercós.
La Generalitat de Cataluña postula en el borrador del nuevo estatuto "el derecho a utilizar y el deber de conocer las dos lenguas oficiales". El texto presentado por el Instituto de Estudios Autonómicos y entregado ayer a la ponencia parlamentaria para su debate supone un salto respecto al actual estatuto.
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se quedaron solas ayer en su oposición a la regularización de inmigrantes que residen en España desde hace seis meses y tienen contrato de trabajo.
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