Isabel Ferrer | Leicester
Los maestros británicos de primaria y secundaria pueden solicitar ya a sus directores los formularios donde defenderán su derecho a recibir una bonificación, cifrada en 2.000 libras más al año (unas 540.000 pesetas), por haber logrado que sus alumnos obtuvieran mejores notas que el resto de los inscritos en centros similares de todo el país. Criticado por la Unión Nacional de Docentes, pero aplaudido por otros sindicatos del ramo, el aumento ha desatado la polémica sobre la retribución del profesorado y ha dividido al sector en dos bandos: los profesionales que sostienen que la paga les enfrentará y destruirá el trabajo en equipo y los partidarios de subir como sea los sueldos del profesorado.
S. P. DE P | Madrid
La mejora de la retribución del profesorado es una petición que lleva años en boca de los sindicatos españoles. Pero los factores en los que consideran que se debe basar cualquier mejora salarial están muy lejos de la iniciativa que acaba de anunciar el Reino Unido, que califican como "una barbaridad", principalmente por tres cuestiones: crea importantes desigualdades, presiona a los docentes y es casi imposible de evaluar de una forma homogénea el trabajo de cada profesor. CCOO, UGT, STES, CSIF y los padres de CEAPA piden que se acuerde un sistema para evaluar e incentivar al profesorado.
Neus Caballer Gil | Valencia
El pulso del Gobierno valenciano con las universidades, que centró la legislatura pasada, ha alcanzado tintes surrealistas en los últimos días. La Conferencia de Rectores ha acusado a Zaplana de violar la autonomía universitaria por tener desde hace dos años y medio paralizada la entrada en vigor de la reforma de los Estatutos de la Universidad de Valencia. La reforma fue realizada en 1997 y quedó aprobada automáticamente, pero no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Generalitat, algo imprescindible para su puesta en marcha. Zaplana interpreta que un artículo de los estatutos, que en realidad fue redactado en 1985, obliga a los docentes a conocer la lengua autonómica, lo que califica de inconstitucional.
