“Cárceles para bebés”: la Administración Trump vuelve a detener a familias inmigrantes con niños

Padres con niños de tan solo un año han comenzado a llegar a un centro de detención para inmigrantes en Karnes, en el sur de Texas. Son las primeras familias detenidas por el Gobierno de Donald Trump, que ha recuperado una práctica en gran medida restringida durante la Administración de Joe Biden y denunciada por organizaciones de derechos humanos como inhumana. Las familias permanecerán en custodia federal, en instalaciones que los críticos han descrito como “cárceles para bebés”, hasta que sean expulsadas del país bajo la campaña de deportaciones masivas del presidente.

Más de una docena de familias con niños están recluidas en el centro de detención de Karnes, una pequeña localidad de unos 15.000 habitantes situada a unos 80 kilómetros al sureste de la ciudad de San Antonio. De acuerdo con RAICES, organización con sede en Texas que presta servicios a los migrantes en el centro, entre las familias detenidas hay algunas que cruzaron la frontera recientemente, tanto la mexicana como la canadiense, pero también otras que fueron capturadas en la reciente oleada de redadas de inmigración en todo el país. Algunas llevaban en el país hasta 10 años, aseguró la organización.

Entre los detenidos en Karnes hay inmigrantes originarios de Colombia, Rumanía, Irán, Angola, Rusia, Armenia, Turquía y Brasil. Un segundo centro en el sur de Texas, en la localidad de Dilley, a 115 kilómetros al sur de San Antonio, está siendo habilitado para recibir cientos de familias en los próximos días. En total, las dos instalaciones, gestionadas por empresas penitenciarias privadas contratadas por el Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas inglesas), tienen capacidad para casi 3.800 personas.

Trump ya hizo uso de esta práctica durante su primer mandato, en un esfuerzo por disuadir la migración a través de la frontera sur. Las Administraciones de George W. Bush y Barack Obama también lo hicieron, pero Trump dio un paso más y separó por la fuerza a los menores de sus padres y los retuvo en centros de detención que se asemejaban a cárceles o perreras. Allí, no tenían acceso a servicios básicos, como duchas, camas o alimentos suficientes. La política generó tal indignación pública que el presidente decidió dar marcha atrás, pero el daño ya estaba hecho. Más de 4.600 niños fueron arrancados de sus familiares y se estima que, a día de hoy, casi el 30% de ellos sigue en paradero desconocido.

Las detenciones familiares se detuvieron en gran medida, pero no se abolieron, durante el Gobierno de Biden. El demócrata liberó a algunas de las familias detenidas por Trump y reconvirtió las instalaciones de Karnes y Dilley en centros de detención de adultos. Pero cuando los cruces fronterizos alcanzaron máximos históricos durante los tres primeros años de su mandato, sopesó reinstaurar la práctica en 2023. Sin embargo, la idea suscitó tantas críticas que finalmente no la llevó a cabo.

Ahora, Trump —que no presta ninguna atención a la indignación que ha provocado la agenda migratoria de su segunda Administración, en medio de los aplausos de sus seguidores— ha vuelto a ponerla en marcha. Así lo confirmó el propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a principios de este mes, cuando el 7 de marzo anunció que los dos centros de detención en el sur de Texas volverían a albergar a familias. En un comunicado, la portavoz Tricia McLaughlin aseguró que las familias detenidas tienen órdenes de deportación y están en Estados Unidos ilegalmente. “Esta Administración no va a ignorar el Estado de derecho”, afirmó. “La mejor opción para los extranjeros ilegales es la autodeportación. Si se van ahora, aún pueden tener la oportunidad de regresar y vivir el sueño americano”, añadió.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, se hizo eco de ese comentario en una entrevista con CBS un par de días después. Cuando se le preguntó si se sentía personalmente cómoda con la práctica de la detención familiar, Noem insistió en que las familias que han abandonado sus países en busca de una mejor vida para sus hijos, huyendo de la violencia, la represión y la pobreza, tienen la opción de “autodeportarse” si no quieren ser detenidas.

“Todo el mundo tiene una opción. Tienen la opción de estar aquí legal o ilegalmente, y también pueden autodeportarse. Hemos creado un sistema y un sitio web donde las personas que están aquí ilegalmente en este momento pueden registrarse, y pueden optar por volver a casa por su cuenta y mantener a sus familias unidas”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional.

Una práctica “inhumana, injusta e innecesaria”

Defensores de migrantes y expertos en bienestar infantil llevan mucho tiempo denunciando las detenciones familiares. Sostienen que es una práctica especialmente perjudicial para los niños y señalan como prueba la larga lista de acusaciones de malos tratos, abusos sexuales y falta de acceso a la atención médica y a otras necesidades básicas en los centros donde son detenidos.

Varios niños han muerto bajo custodia de las autoridades migratorias. En 2018, durante el primer mandato de Trump, una niña de un año murió después de ser liberada del centro de Dilley, que se prepara para recibir a familias nuevamente. Su madre alegó que el centro no le proporcionó la atención adecuada después de que la pequeña contrajera una infección respiratoria en las instalaciones, pero un jurado dictaminó el año pasado que la misma compañía que hoy sigue operando el centro, CoreCivic, no era responsable.

“Privar a un niño de su libertad y someterlo deliberadamente a estas condiciones es inconcebible, como lo es negar a un padre su función más fundamental de proporcionar a su hijo un entorno afectuoso y enriquecedor. La detención familiar, como todas las detenciones de inmigrantes, es inhumana, injusta e innecesaria”, señaló en un comunicado Setareh Ghandehari, de Detention Watch Network, una coalición nacional que aboga por el fin de la detención de inmigrantes en Estados Unidos.

A las organizaciones proinmigración también les preocupa que esta práctica esté a un paso de traer de vuelta las separaciones familiares. De momento, una orden judicial actualmente prohíbe a Trump volver a separar familias, por lo que la Administración ha apostado por deportarlas juntas, como hizo con la de la niña de 10 años en recuperación de cáncer cerebral expulsada a México el mes pasado. La menor, sus padres —indocumentados— y sus cuatro hermanos fueron detenidos cuando iban a una cita médica en Houston, también en Texas, un caso que ha puesto de relieve la crueldad con la que el Gobierno del republicano está deportando a inmigrantes.