La crisis migratoria alimenta el empleo infantil en Estados Unidos, un agujero con 6.000 casos en 2023

El trabajo consistía en operar una máquina que transforma planchas de metal en componentes para autos. El lugar era la planta de Smart en Luverne, Alabama, que proporciona componentes para la fábrica de la automotriz Hyundai del mismo Estado. La persona a cargo de esta labor trabajó entre 50 y 60 horas semanales durante un mínimo de seis meses. Todos estos datos constan en una reciente demanda interpuesta por el departamento de Trabajo y es que quien realizaba el trabajo era una niña de 13 años. A veces no hay que viajar a lugares remotos para ponerle cara al empleo infantil.

La demanda, algo infrecuente en estos casos, abre un procedimiento judicial con la automotriz Hyundai, un fabricante de componentes—Smart, desde 2023 ITAC Alabama— y una empresa de contratación, Best Practice Services. Hyundai dice que el trabajo infantil está en contra de los valores de la empresa y que es injusto que les incluyan en una demanda por lo que hace un proveedor.

La realidad es que la situación de esta niña no es un hecho aislado en Estados Unidos. El departamento de Trabajo ha verificado un aumento de los casos de trabajo infantil contraviniendo las leyes federales, el Fair Labor Standard Act de 1938 que incluye legislación para el trabajo de menores. El año pasado se investigaron casos que afectan a 5.792 niños en todo el país, y cientos de ellos estaban empleados en ocupaciones peligrosas. El Departamento no hace públicos los nombres ni la nacionalidad de los menores pero Reuters y The New York Times han investigado que en numerosos casos quienes terminan trabajando en fábricas son niños migrantes latinos, muchos de ellos llegados a Estados Unidos sin la compañía de adultos.

“Hay aspectos en el estatus de los jóvenes inmigrantes no acompañados que les hace más vulnerables a este tipo de situaciones”, explica Nina Mast, analista de la Red de Investigación y Análisis del Economic Policy Institute (EPI). “Por su situación pueden estar forzados a trabajar en puestos quizá con sueldos más elevados que en un turno de restaurante de comida rápida pero a la vez poniendo en peligro su salud, su seguridad y su educación y no tienen un padre o guardián que asegure que lo que hacen es apropiado”. Daniel Costa, director de Investigación de Ley y Política Inmigratoria del EPI, explica que los menores migrantes tienen “todo tipo de presiones” por su estatus precario, lo que los lleva a aceptar condiciones difíciles. Además, no tienen ningún incentivo para reportar la situación de la ilegalidad por la situación migratoria en la que están.

La analista apunta a que hay un consenso bipartidista sobre el hecho de que las multas por las violaciones a la legislación laboral son bajas y nada disuasorias. Las multas son un costo más, apenas notable, del negocio para muchas grandes empresas. Las leyes “son importantes pero relativamente débiles para estándares laborales, además de anticuadas”, evalúa Mast.

Elevar la penalización económica, sin embargo, es solo una de las prácticas que se pueden actualizar o incorporar a la lucha contra el trabajo infantil ilegal. Otra alternativa que señalan los expertos es perseguir criminalmente estas prácticas siempre y cuando se vaya contra la organización empresarial y no contra gestores de nivel medio que pueden ser también vulnerables al abuso que haya dentro de la organización”, matiza Mast.

Tara Watson, economista centrada en política y red social, además de inmigración, en el centro de análisis Brookings, explica que las multas no son suficientes y que hay motivos para considerar la criminalidad en casos en los que se contrate a un niño de 11 años para una actividad peligrosa. Una de sus propuestas es mejorar la aplicación de la ley por parte del departamento de Trabajo, algo complicado cuando está infradotado en materia de presupuestos y personal.

Costa explica que hay menos de 800 investigadores, un nivel mínimo histórico desde los años setenta, que suena escaso cuando son los responsables de vigilar un mercado laboral de 160 millones de personas. “Se podría multiplicar por tres el número de personal en el departamento y aún así estar por debajo de lo que se necesita”, apunta. El nivel de financiación no se ha actualizado desde 2006 hasta 2022. Costa apunta que se dedican 25.000 millones de dólares al año al ICE (encargado del cumplimiento de la ley migratoria), pero apenas 2.000 millones para proteger los estándares laborales y las agencias de trabajo. Actualizar la legislación a la realidad del siglo XXI es otra de las materias pendientes, así como reelaborar la lista de labores peligrosas para menores. Actualmente hay una lista con 17 actividades de este tipo, pero no se ha actualizado en mucho tiempo por más que se ha intentado.

Mast cree que para incentivar el reporte de estas ilegalidades hay que eliminar la responsabilidad criminal de los padres: “A nivel estatal hay lugares donde se criminaliza a los padres que están al tanto de la ilegalidad del empleo de un hijo y eso crea un efecto negativo”. Estos especialistas consideran que se puede dar a las familias un alivio monetario por reportar violaciones, algo que hasta ahora no ocurre porque las multas se destinan a un fondo general, aunque en los últimos meses el departamento de Trabajo ha obligado a que la empresa entregue el equivalente al beneficio de este trabajo infantil a los menores. Esto se debe a uno de los mayores acuerdos a los que se ha llegado en esta materia. El Gobierno acordó con una procesadora y distribuidores de pollos de Los Ángeles que, entre otras cosas, se restara un millón de dólares de los beneficios conseguidos con la labor opresiva de niños menores de 14 años que usaban cuchillos afilados para deshuesar la carne.

Incrementar el salario mínimo y que no haya un submínimo dependiendo de la edad, además de apoyar a los trabajadores de tal manera que puedan protestar por las condiciones de trabajo y permitir los reportes anónimos de circunstancias ilegales con una aplicación son algunas de las vías que se están intentando llevar a cabo para lograr un cambio.

Acción deferida

Hay una novedad fundamental desde principios de 2023, cuando el departamento de Seguridad Nacional anunció el proceso de acción deferida para proteger de deportación a trabajadores migrantes que fueran víctimas o testigos de violaciones de leyes laborales. Esta acción ya existía, como recuerda Costa, pero la administración de Biden la formalizó. Aun así, muchas de las medidas que se pueden poner en marcha ahora requieren la acción del Congreso y eso complica que salgan adelante. Según Costa, no solo cuesta contar con los votos republicanos en esta materia, sino también con algunos demócratas.

Aunque hay ciertas modificaciones a nivel estatal que refuerzan algunas de las herramientas para frenar el trabajo de menores como elevar multas o eliminar la responsabilidad criminal de los padres, Mast dice que se están produciendo una serie de intentos en algunos Estados “por legalizar las violaciones que están ocurriendo en algunas industrias”.

Especialmente preocupa el interés por eliminar los permisos de trabajo por parte de una agencia o departamento de educación o la ampliación de trabajos de riesgo. En Florida se aprobó inicialmente una ley que permitiría a menores de 17 y 16 años trabajar en escaleras y tejados, lo que está prohibido a nivel federal. Mast considera que esto solo es un ejemplo entre muchos: “Finalmente no se puso en marcha, pero es el tipo de cambios que se quieren hacer”.