Biden propone proteger a los trabajadores contra el calor

De aprobarse, sería la primera regulación federal para evitar el aumento de enfermedades, accidentes y muertes relacionados con las altas temperaturas y afectaría a unos 38 millones de empleados

Trabajadores agrícolas cosechan apio en California, en 2020.Brent Stirton (Getty Images)

Coincidiendo con el comienzo de una nueva ola de calor en California que se va a extender por otros Estados de la Costa Oeste, además de otra que barre el sureste del país, el presidente Joe Biden ha presentado este martes una normativa por parte de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA) para proteger a los trabajadores del campo, la industria, construcción y servicios del calor extremo. Si esta regulación, la primera federal para este tipo de emergencia, sale adelante, se estima que unos 36 millones de empleados tendrán derecho a dos niveles de protección dependiendo de las temperaturas que se alcancen.

Bajo la nueva normativa, en caso de que el índice de calor sobrepase los 80 grados Fahrenheit (26 ºC), los trabajadores deberán tener acceso a agua potable y a áreas de descanso aclimatadas cuando sea necesario. Si este índice, que incluye temperatura y humedad, es superior a los 90 grados Fahrenheit (32 ºC), entonces el descanso tiene que ser de al menos 15 minutos cada dos horas y los empleadores deberán hacer seguimiento de las condiciones de salud de los trabajadores. Las normas propuestas también incluyen que los trabajadores nuevos en sectores con una exposición directa a las condiciones medioambientales tengan un periodo de aclimatación a las temperaturas.

Además, OSHA quiere que se identifiquen los peligros para la salud por el calor, se dé respuesta a emergencias por enfermedades y accidentes que se deriven de estas circunstancias y se entrene a empleados y supervisores para implementar las regulaciones. El objetivo es reducir las enfermedades y muertes en el lugar de trabajo. Las multas por no dar cumplimiento a la normativa podrían ser superiores a 16.000 dólares. El presidente Biden dijo durante su presentación este marte que el calor es el fenómeno meteorológico que mata a más personas, “más que la combinación de huracanes, tornados e inundaciones”.

Ese calor extremo se está viviendo estos días a lo largo del país: en California, está previsto que en Death Valley se llegue a los 130 grados Fahrenheit (más de 54 ºC) la semana que viene. De hecho, 2024 ya ha roto récords con respecto a las altas temperaturas alcanzadas en 2023. No obstante, no está previsto que las nuevas normas anunciadas por el presidente entren en vigor hasta 2026. Es decir, que se apliquen o no quedarán en manos de la nueva Administración que se elija este año en las elecciones.

La alternativa republicana en estas elecciones no comparte la sensibilidad del actual Gobierno ante el cambio climático. Donald Trump ha prometido cancelar buena parte de la agenda medioambiental de Biden y desconfía del consenso científico que asocia el uso de combustibles fósiles con la aceleración del cambio climático.

Al presentar estas propuestas, Biden recordó que ningún republicano ha votado a favor de la legislación para la transición energética y protecciones medioambientales. Criticó que quienes niegan el cambio climático viven “en un agujero y lo hacen a expensas de la salud y seguridad de sus votantes”. “Ignorar el cambio climático no solo debe enfurecer, sino que hay que considerarlo estúpido y condena a Estados Unidos a un futuro peligroso”. El presidente añadió que el año pasado los daños producidos por los efectos del cambio climático se cifraron en 90.000 millones de dólares.

Trabajadores recogen fresas al sur de San Francisco, California. Joe Sohm/Visions of America (GETTY IMAGES)

En Estados como Texas y Florida, gobernadores republicanos han firmado legislaciones que impiden medidas de protección por parte de administraciones locales para trabajadores por motivos de calor por suponer un obstáculo regulatorio para pequeñas empresas. Si entra en vigor la normativa federal, estas decisiones estatales quedarían sin efecto.

Entre 2011 y 2020 hubo 33,890 enfermedades y accidentes laborales relacionados con el calor, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). En 2022 BLS reportó 51 muertes debido a la exposición a altas temperaturas y 43 de ellas debidas específicamente al calor extremo, pero se estima que son cifras que se quedan cortas, ya que ni pacientes ni doctores siempre identifican enfermedades relacionadas con el calor. De hecho, un estudio de Public Citizen de hace dos años estima que el calor es una de las tres primeras causas de muerte en el trabajo y que hay entre 600 y 2000 fallecimientos al año por ello.

Según este mismo informe, una normativa de seguridad de California para el trabajo al aire libre redujo un 30% los problemas de salud, lo que “sugería que se evitarían 50,000 lesiones y enfermedades en todo el país si OSHA adoptara unos estándares de calor” a nivel federal. La regulación en California establece la obligatoriedad de acceso a agua, sombra, descansos y un plan de emergencia por parte de empleadores.

Además de California, los Estados de Oregón, Washington, Nevada, Colorado y Minnesota tienen medidas de seguridad laborales para el calor. Maryland es el único Estado de la costa Este que tiene una legislación lista para entrar en vigor. En Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts, la legislación aún está en la fase inicial de propuesta.

Hispanos entre los más vulnerables

Un informe del Center for American Progress (CAP) señala que los riesgos de los golpes de calor son más elevados para trabajadores ya vulnerables como hispanos, negros, nativos de Hawái y de las islas de Pacífico. “Los trabajadores de bajos ingresos y los inmigrantes no ciudadanos están en un riesgo mayor por estar desproporcionadamente expuestos a condiciones laborales peligrosas que incluyen el calor extremo y tener más dificultades para protegerse debido a las desigualdades subyacentes”, señala el reporte.

Los trabajadores en la agricultura son particularmente vulnerables al efecto del calor no solo por las condiciones de trabajo, sino por su posición social y económica vulnerable. Suelen tener mayores tasas de pobreza, más problemas para tener acceso al sistema de salud y dificultades asociadas a su estatus migratorio. Según el CAP, el 45% de los trabajadores del campo son inmigrantes indocumentados que entre otras barreras apenas tienen acceso a seguros médicos.

Aunque tienen derecho a trabajar en condiciones seguras, pueden tener menos familiaridad con las regulaciones y temer sufrir represalias si hacen valer sus derechos. En este sentido es importante recordar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) simplificó en 2023 el proceso para que los indocumentados que reporten una violación laboral pidan una protección temporal frente a la deportación, para protegerles así de las represalias en caso de abuso de los empleadores, algo que es útil para los protegidos por las legislaciones estatales, pero que aún tardará en llegar a nivel federal.

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