Texas ejecuta a un condenado a pena de muerte a pesar de los informes psiquiátricos desfavorables

El Estado de Texas ejecutó el miércoles por la noche a Ramiro Gonzales, un hombre que confesó el secuestro, la agresión sexual y el asesinato de la joven Bridget Townsend hace 23 años, en enero de 2001. Los abogados intentaron que Gonzales no llegara al corredor de la muerte en diferentes ocasiones, la última apenas unas horas antes de la inyección letal. En todos los casos de pena de muerte, y según la ley texana, el jurado debe evaluar la “probabilidad” de que los presos continúen cometiendo actos criminales en el futuro, lo que condiciona la condena hacia la pena capital o la cadena perpetua. El psiquiatra que en 2006 avaló la peligrosidad futura de Gonzales se desdijo pasados los años y admitió su error, pero la Corte Suprema desestimó este miércoles frenar la ejecución.

En el juicio de 2006, el psiquiatra Edward Gripon testificó que Gonzales probablemente volvería a cometer otra agresión sexual y sostuvo que había violado a Townsend por buscar una satisfacción sexual. Lo consideró un mal candidato para la rehabilitación. Pero según reveló una investigación de The Marshall Project, 15 años después, el forense volvió a hablar con Gonzales y cambió su versión: “Los psicópatas te dirán que es culpa de otra persona. Ramiro no intenta salir con mentiras... Si la sentencia de este hombre fuera cambiada a cadena perpetua sin libertad condicional, no creo que sería un problema”. A pesar de que el forense sostuvo que el condenado no representaría una amenaza de peligro futuro para la sociedad, el tribunal texano decidió no indultarlo.

Townsend tenía 18 años cuando Gonzales la secuestró en una casa al noroeste de la ciudad de San Antonio. Justo este miércoles, la víctima habría cumplido 41 años. Patricia Townsend, su madre, mostró a USA Today su satisfacción por la decisión: “Cuando me dijeron que [la ejecución] era el 26 de junio, me puse a llorar, a llorar y a llorar. Ese es su cumpleaños”.

Después de secuestrarla, de acuerdo a los documentos judiciales, Gonzales llevó a la joven al rancho de su familia en un condado aledaño, la agredió sexualmente y la mató a tiros. Luego escondió sus restos. Las autoridades encontraron el cuerpo dos años después, cuando el mismo Gonzales confesó el crimen mientras enfrentaba dos cadenas perpetuas por el secuestro y violación de otra mujer.

A pesar de su historia criminal, su defensa lleva años tratando de evitar la ejecución al alegar que el reo tenía un buen historial dentro de la prisión, que no representaría un peligro para el futuro, su dedicación al ministerio de la fe cristiana y sus intentos fallidos de donar un riñón a un extraño. Así, argumentó que el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas había violado sus derechos constitucionales al negarse a revisar las afirmaciones erróneas del forense de la fiscalía, el doctor Gripon.

Los abogados apelaron ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que suspendiera la ejecución y explicaron que el preso tenía 18 años cuando cometió el crimen y que había tenido una infancia traumática: señalaron que la madre de Gonzales consumía alcohol durante su embarazo y que había sido abusado sexualmente cuando era niño. Sus defensores presentaron una serie de estudios que proponen aumentar la edad de elegibilidad para la pena de muerte de 18 a 21 años, basándose en el desarrollo del cerebro.

En un video dado a conocer este miércoles, horas antes de la inyección, Gonzales mandó un mensaje: “Solo quiero que (la madre de Townsend) sepa cuánto lo siento realmente. Le quité todo lo que era valioso a una madre”. David Townsend, el hermano de la víctima, ha criticado los intentos de retratar a Gonzales como algo más que un asesino convicto que cometió “actos imperdonables”. Por eso para él y el resto de su familia, la sentencia de muerte debía ejecutarse.

Esta es la segunda ejecución en el Estado del sur estadounidense en lo que va de 2024. Texas dio muerte a Iván Abner Cantú, en febrero pasado, por el asesinato de dos personas en Dallas. Durante estos días, Oklahoma prevé otra ejecución, por lo que serían dos en una misma semana en Estados Unidos; nueve solo durante este año, según los datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización sin ánimo de lucro que ofrece a los medios de comunicación y al público análisis e información sobre la pena capital en el país.

La lucha por revertir la condena de Gonzales duró años. En otro momento, el preso pidió retrasar su ejecución para donar uno de sus riñones al integrante de su congregación religiosa, pero su tipo de sangre no era compatible con el del potencial receptor. Además, un grupo de líderes religiosos envió una carta al gobernador Greg Abbott pidiéndole que le perdonara la vida y le permitiera pasar el resto de su vida sirviendo a otros detenidos. Todo resultó en vano.

Gonzales recibió la inyección letal en la penitenciaría estatal de la ciudad de Huntsville a las 6.50 pm. “Lo siento, no puedo articular. No puedo poner en palabras el dolor que he causado a todos ustedes” fueron sus últimas palabras.