De Michoacán a Veracruz, la ley de hierro de la extorsión
Las mafias cobran “sus impuestos” alegando muchas veces que dan protección al que paga, protección ante otros grupos o ante la misma policía
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Esta vez han sido los limones y las naranjas. El año pasado fue el pollo y antes las tortillas o el aguacate. En Michoacán, Veracruz, también en el Estado de México o en Guerrero. El poder depredador del crimen organizado somete a prácticamente cualquier negocio, cualquier pata de la economía de la que sacar algo de dinero. Un poder parásito, como esos bichos que se enganchan con los dientes a los peces más grandes para alimentarse de su sangre. A Bernardo Bravo lo mataron de un disparo en la cabeza porque se atrevió a desafiar ese poder, a denunciar las extorsiones a sus compañeros agricultores del limón en Apatzingán, el corazón de Tierra Caliente en Michoacán. Cuatro días después también asesinaron a balazos Javier Vargas, productor de naranjas en Veracruz.
Bravo presidía una asociación de productores de Apatzingán y había conseguido organizar a sus socios amenazados para enfrentarse al crimen organizado. Unos días antes de morir, había convocado una manifestación masiva en la que tiraron cajas de limón en las calles. Uno de los agricultores le contó a mi compañera Micaela Varela que las extorsiones vienen de lejos, pero que en los últimos tiempos ha empeorado con la entrada de más grupos criminales: “Antes nos quitaban 10 centavos, o 50 en el peor caso, una cuota ligera. Ahora que se hicieron muchos carteles estamos mucho peor”. Otro analista entrevistado subraya los incentivos para este negocio criminal: “Es más sencillo extorsionar que traficar droga. No necesitas precursores, ni laboratorios, ni cruzarlo por la frontera. Impones el miedo y es productivo”.
La extorsión tiene además un componente paraestatal. Una especie de suplantación de un trabajo que sólo debería corresponder al Estado. Las mafias cobran “sus impuestos” muchas veces alegando que a cambio dan protección al que paga, protección ante otros grupos o ante la misma policía. Sobre todo las autoridades locales son, en grandes partes del país, poco más que una extensión de una hidra criminal con unos límites muy difusos. “En Tierra Caliente, el orden es un orden criminal. Aquí es frecuente oír decir: si no te soluciona la autoridad, busca solución en el cerro”, contaba el mismo experto en el reportaje sobre Michoacán.
Las cifras de extorsión, siempre difíciles de leer ante el altísimo porcentaje de casos no denunciados, han crecido durante el último año. El Gobierno mexicano prepara ya una ley específica contra este crimen con más competencias para las fiscalías y más labores de Inteligencia. “La extorsión es el delito que no hemos podido disminuir”, dijo la presidenta, Claudia Sheinbaum, hace unos meses. “Todos los delitos van a la baja, pero la extorsión sigue aumentando”.