Querían prensa crítica. Ahora ya no

En diciembre de 2017, el académico John Ackerman publicó un artículo deplorando el alto número de periodistas asesinados ese año en México al tiempo que elogiaba investigaciones periodísticas que habían revelado el desvío de recursos públicos para favorecer al PRI en las elecciones. La importancia de un periodismo libre e independiente era un tema recurrente para el investigador de la UNAM.

Dos años y medio después, ...

En diciembre de 2017, el académico John Ackerman publicó un artículo deplorando el alto número de periodistas asesinados ese año en México al tiempo que elogiaba investigaciones periodísticas que habían revelado el desvío de recursos públicos para favorecer al PRI en las elecciones. La importancia de un periodismo libre e independiente era un tema recurrente para el investigador de la UNAM.

Dos años y medio después, en un mensaje en Twitter el mismo Ackerman comparó a periodistas con sicarios. Días antes, una investigación periodística reveló detalles de propiedades de su esposa, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

De igual forma, en 2017, la periodista Sanjuana Martínez, en una entrevista lamentaba la “indefensión absoluta” en la que trabajan los periodistas mexicanos. Las palabras de Martínez ganaban peso por los reconocimientos internacionales que había recibido por su trabajo: Reporteros Sin Fronteras la distinguió como Periodista del Año en 2014; EL PAÍS, con el premio José Ortega y Gasset en 2008.

Dos años después, como directora de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, Martínez ha sido señalada como impulsora de una campaña de desprestigio en redes sociales contra extrabajadores de la agencia y periodistas críticos de su gestión al frente.

Si algo ha transformado la Cuarta Transformación que abandera el presidente, Andrés Manuel López Obrador, son las visiones de simpatizantes o funcionarios de su Gobierno sobre el periodismo independiente que investiga y revela lo que el poder quiere oculto.

El mismo presidente es el ejemplo más visible de ese cambio. En 2014, desde la oposición, celebraba el reportaje que descubrió la casa que un contratista le había vendido a la esposa del entonces presidente, Enrique Peña Nieto. Pero en 2019, ya en el Gobierno, el reportaje sobre la posesión de más de 20 propiedades del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, mereció su condena no por las acciones de su subordinado sino por el hecho de que fue investigado.

Los mismos periodistas que antes eran libres y valientes porque investigaban a los gobiernos en turno, ahora son conservadores y adversarios.

López Obrador dice que él respeta la libertad de expresión y al menos en lo personal es cierto. Pero sus actitudes, sobre todo los mensajes que manda desde las conferencias mañaneras están cargados de hostilidad contra la prensa crítica.

El presidente mexicano bien puede ser reconocido como el inventor del “insulto respetuoso”. La proclama de tolerancia a sus críticos antes de despotricar contra ellos. Una declaración de hace unos días es una joya.

“Lo que recomiendo es que haya respeto”, dijo ante una pregunta sobre las acusaciones de “sicariato mediático” que lanzó Ackerman. Pero acto seguido, sin duda con el mismo respeto que recomendaba, dijo: “Están muy molestos los conservadores, además de la hipocresía que los caracteriza, de ser muy corruptos, son fanáticos…podría yo decir algo más fuerte”.

En estas acrobacias, López Obrador ha elevado la disonancia cognitiva a toda una categoría filosófica. En una conferencia reciente, cuestionado sobre el reportaje que exhibía la red de bots y troles de Notimex, el presidente dijo que le creía tanto a la directora señalada, Sanjuana Martínez, como a la periodista Carmen Aristegui, quien difundió la investigación de Artículo19 y Signa Lab.

Este desprecio por la labor periodística crítica permea a otros niveles de Gobierno. Un ejemplo reciente es el de los distintos conflictos que ha tenido con la prensa el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encargado de las acciones del Gobierno mexicano ante la pandemia de covid-19. En junio, López Gatell sugirió que hay periodistas alineados con los intereses de la industria farmacéutica y que “quieren desprestigiar” las acciones del Gobierno. En días anteriores, varios medios habían cuestionado las cifras del subsecretario sobre las muertes por covid-19 en el país.

Fue hace dos años que empezamos a observar la transformación: personas que antes pensaban que el periodismo crítico e independiente era una condición necesaria para la democracia, ahora consideran que reportajes sobre corrupción u opacidad en el Gobierno son un intento golpista para derrocarlo. Personas que cuestionaban los malos indicadores económicos o de seguridad en gobiernos anteriores, ahora se ofenden cuando las mismas fuentes oficiales indican caídas del PIB o el alza en homicidios.

Pero esa transformación no se dio en un vacío. Desde hace años se advierte un deterioro en la cultura de la libertad de expresión en México, que se materializa principalmente en la violencia contra periodistas, desde los homicidios hasta las amenazas y desde el espionaje digital hasta el acoso legal.

2017 fue el año con más periodistas asesinados en México, 12 según la organización Artículo 19. Pero esa violencia no se frenó y en 2019, el primer año completo del Gobierno de López Obrador, 10 periodistas murieron por hacer su trabajo. Otras formas de violencia se aceleraron: en 2018, también según reportes de Artículo 19, un periodista fue agredido en México cada 26 horas; en 2019 ese lapso se recortó casi a la mitad, cada 15 horas.

El Gobierno de López Obrador no se ha dado cuenta. En su embestida contra los fideicomisos públicos, para desaparecerlos e incorporar ese dinero al gasto del Gobierno, estuvieron a punto de desaparecer el que sostiene el Mecanismo de Protección de Periodistas. La Fiscalía que persigue delitos contra periodistas no ha aumentado su presupuesto a pesar del aumento en las agresiones.

A este panorama, que se arrastraba de años anteriores a la llegada de López Obrador al poder, se añade ahora la estigmatización del periodismo crítico. Quien revele un acto de corrupción en el actual Gobierno es tachado de corrupto y sujeto a los intereses de los adversarios. Desde el Gobierno federal se activan embestidas en redes sociales que impiden un estudio mesurado y cuidadoso de cualquier reportaje “ofensivo”. Los mismos funcionarios utilizan sus cuentas en redes sociales para estigmatizar a periodistas.

Muchos de ellos, empezando por el propio presidente, fueron actores clave en las luchas para lograr en México más libertades políticas, incluyendo la de prensa y la de expresión. Querían una prensa crítica y en buena medida la lograron. Ahora que ya la tienen, la quieren destruir.

Javier Garza Ramos es periodista en Torreón, Coahuila.