Los equilibrios de la política interior de López Obrador: centralización y choques con el Poder Judicial

Pocos presidentes como Andrés Manuel López Obrador redefinen el cargo según su manera personal de concebir la política. No es la investidura presidencial la que determina al inquilino de Palacio Nacional: es el habitante el que moldea su entorno. Algunos lo llaman estilo de gobernar. En los casi seis años de la Administración obradorista, la política interior, el equilibrio de fuerzas entre las instituciones, eso que define en qué sitio del espectro democrático se ubic...

Pocos presidentes como Andrés Manuel López Obrador redefinen el cargo según su manera personal de concebir la política. No es la investidura presidencial la que determina al inquilino de Palacio Nacional: es el habitante el que moldea su entorno. Algunos lo llaman estilo de gobernar. En los casi seis años de la Administración obradorista, la política interior, el equilibrio de fuerzas entre las instituciones, eso que define en qué sitio del espectro democrático se ubica un país, ha experimentado una metamorfosis, un reacomodo. Como en los años del presidencialismo priista, y para agasajo de sus críticos, el mandatario saliente ha centralizado en su figura gran parte de la toma de decisiones de Estado y, con ello, ha atraído hacia él toda la atención y los dardos de los sectores críticos al Gobierno y de la oposición, como un pararrayos.

Los cambios simbólicos están a la vista, de acuerdo con los expertos. López Obrador ha provocado que el PAN, el PRI y el PRD, en otra época enemigos irreconciliables, se aliaran en una insólita coalición electoral de la izquierda y la derecha, cuya principal bandera es oponerse a él y su partido, Morena. La Secretaría de Gobernación (Segob), en otros tiempos un poderoso ministerio en el que se tejían acuerdos políticos tras bastidores, perdió fuerza en este sexenio (la puerta se movió a Palacio Nacional). El Congreso federal, dominado por el oficialismo —Morena y sus aliados del PVEM y PT—, fue una aceitada aplanadora que aprobó las reformas legales del presidente. En respuesta, el Poder Judicial, bajo constantes descalificaciones del Ejecutivo, ejerció un papel más efectivo de contrapeso, y también fungió como vehículo de la agenda de la oposición.

Se instauró la consulta popular y la revocación de mandato, dos instrumentos que promueven la participación ciudadana y penalizan la mala actuación de los gobernantes. Se decretó la austeridad en el gasto gubernamental, lo que redujo el dispendio, pero también impactó negativamente en la calidad de los servicios públicos. La relación del presidente con los medios de comunicación fue tensa, a la vez que las puertas de Palacio Nacional se abrieron a influencers y youtubers leales al obradorismo. Se volcaron a las calles ciudadanos de clase media que no solían manifestarse, mientras que muchos de los simpatizantes de la izquierda, que en los sexenios pasados ejercieron intensamente la protesta callejera, ahora se replegaron.

El desplazamiento de la oposición

El politólogo Javier Rosiles sostiene que López Obrador optó en el Congreso por ejercer más una mayoría aplastante que por construir consensos. Para contrastar, el académico pone de ejemplo del Pacto por México, el acuerdo político por el cual el PRI de Enrique Peña Nieto negoció el apoyo del PAN y el PRD para la aprobación de profundas —y polémicas— reformas constitucionales, como la educativa y la energética. Ese pacto fue lo que provocó la ruptura de López Obrador con el PRD y lo lanzó a la construcción de su partido, Morena. “En México se entendía que el presidente tuviera cierta influencia en el Congreso y que ahí jugara con su contingente legislativo. Después de dos décadas se recuperó este modelo de gobierno en donde el presidente tiene una mayoría aliada [el PT y el PVEM] con la cual puede gobernar de manera más sencilla. A esto hay que añadir que López Obrador intentó todo el sexenio recentralizar las funciones principales de la figura presidencial”, explica.

La lingüista y analista política Violeta Vázquez-Rojas disiente de esta lectura. Señala que durante el mandato de Peña Nieto el Congreso ejerció uno de los papeles más complacientes con el Ejecutivo. “El Pacto por México implicó un arreglo cupular mediado por millones de pesos”, dice, en referencia a los supuestos sobornos pagados por el PRI a la oposición para conseguir su voto a favor de las reformas. “Y lo que pasó en el sexenio de López Obrador fue una serie de arreglos políticos para poder revertir muchas de las reformas que se hicieron durante la legislatura del Pacto por México. Pero no se pudo con todas. Cuando hablan de López Obrador como un autoritario, una persona que concentra todo el poder, se les olvidan las batallas perdidas contra el legislativo”, indica.

La primera mitad del sexenio de López Obrador, Morena fue capaz de negociar el apoyo del PRI y de Movimiento Ciudadano para aprobar algunas reformas constitucionales. Sin embargo, la segunda mitad, el PRI afianzó su alianza con el PAN y el PRD para formar el Frente Amplio, una especie de resurrección del Pacto por México. A partir de entonces, el bloque opositor se enclaustró y anunció que no apoyaría ninguna iniciativa legislativa del Ejecutivo. El bloque oficialista decidió pasar de largo de las bancadas del Frente y, solo con los votos del PT y el PVEM, aprobó reformas que luego terminaron siendo invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el “Plan B” electoral o la militarización de la Guardia Nacional. El presidente comenzó a ver en el Poder Judicial la encarnación de los valores de una oposición conservadora, y anunció una reforma para purgar a los ministros de la Corte y demás jueces federales, lo que abrió un largo capítulo de enfrentamientos entre los dos poderes de la Unión.

“Yo sí veo en el Poder Judicial el último reducto en el que la oposición tuvo un espacio para tratar de impedir algunas acciones del presidente”, afirma Rosiles. “Creo que la mayoría de los ministros vio cierto peligro de que López Obrador estaba ejerciendo una centralización con rasgos autoritarios, y ellos entendieron que eran el último dique que podría ponerse enfrente del Poder Ejecutivo en la idea de contrapesar. El papel de la Suprema Corte es fundamental, porque limita el ejercicio mayoritario y de recentralizar las decisiones”, añade.

El cambio en la gobernabilidad

Rosiles advierte de un cambio en la relación de fuerzas entre partidos y sociedad. Señala que, por un lado, la unión de partidos tan disímiles ideológicamente en Frente Amplio fue una medida desesperada de supervivencia, frente a la poderosa locomotora de Morena. Por el otro, destaca el vigor de una sociedad civil opositora al Gobierno de López Obrador. Sin embargo, señala Rosiles, hay una desconexión o una relación desigual de poder entre ambos polos, pues los partidos no han incorporado las agendas ciudadanas, sino que, al contrario, han impuesto sus objetivos a los grupos civiles. El analista pone de ejemplo el movimiento de la Marea Rosa, que terminó por abrazar la candidatura de Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, sin recibir a cambio alguna posición en la toma de decisiones.

“Yo veo una sociedad civil debilitada, que no está inmiscuida lo suficiente para buscar cargos públicos. El Frente Amplio comenzó haciendo un llamado a que las organizaciones civiles se acercaran, pero en las listas de candidatos no aparece nadie que pertenezca a ese ámbito. Sí hay una parte de la sociedad civil que está atendiendo ciertos problemas que afectan al país, pero la veo poco interesada en lo político, ahí está teniendo muy poca influencia”, observa. Vázquez-Rojas destaca la politización de la sociedad entera, si bien reconoce que los militantes obradoristas, durante mucho tiempo dueños de las calles, se han desmovilizado en alguna medida. “Desde luego que la inconformidad cambió de manos”, resume. “Lo interesante es la politización de todos los sectores. No solamente están inconformes, sino que también salen a marchar, lo sienten como algo necesario, se dieron cuenta de que tienen que ejercer su derecho a la protesta. La gente está muy politizada e informada”, afirma.

La académica hace notar que, tanto para la oposición como para los simpatizantes obradoristas, la percepción sobre cómo debe ejercerse el gobierno ha cambiado. Vázquez-Rojas afirma que esta Administración ha introducido la honestidad como requisito para los servidores públicos, por encima de las competencias o los títulos escolares. “Es verdad que se corre el riesgo de tener perfiles no muy preparados. Pero también hay perfiles muy competentes y muy honestos. Son técnicos al servicio del pueblo, no son tecnócratas”, describe. Agrega que también se ha reducido la brecha entre Gobierno y gobernados, a través de los programas de ayudas sociales y los brigadistas (llamados Servidores de la Nación). “El ir puerta por puerta es un pilar de la política obradorista. Fue así en la campaña [de López Obrador a la presidencia] y así es en el ejercicio del gobierno”, resume.

La impronta personal de López Obrador sobre la administración pública durará, al menos, hasta el 1 de octubre, cuando entregue la banda presidencial a su sucesora (que indiscutiblemente, por primera vez en la historia de México, será una mujer, entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez). Está por verse si la nueva mandataria ejercerá el poder de mando siguiendo el cartabón dejado por López Obrador, si retornará a lo anterior, o si modificará el molde según su concepción del mundo.

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