El asistente especial de Biden: “No tenemos una frontera preparada. Trump desmanteló nuestra capacidad”

Los encargados del presidente Joe Biden para tratar de atajar la llegada de migrantes a la frontera, Juan González y Ricardo Zúñiga, reconocieron que “en estos momentos” Estados Unidos no tiene una frontera “capaz de procesar” la llegada de más migrantes y admitieron que se sigue utilizando el Artículo 42, una ley vinculada a la pandemia que ...

Los encargados del presidente Joe Biden para tratar de atajar la llegada de migrantes a la frontera, Juan González y Ricardo Zúñiga, reconocieron que “en estos momentos” Estados Unidos no tiene una frontera “capaz de procesar” la llegada de más migrantes y admitieron que se sigue utilizando el Artículo 42, una ley vinculada a la pandemia que permite la deportación inmediata de migrantes sin trámite alguno. “Debido a la pandemia y a la falta de infraestructuras y recursos en la frontera, estamos usando el Título 42. Trump desmanteló nuestra capacidad”, dijeron este viernes durante una entrevista vía telefónica en español con un grupo de medios de México y Centroamérica.

Juan González, asistente especial de Seguridad para el Hemisferio Occidental, y Ricardo Zúñiga, designado para América Central, estarán a las órdenes de la vicepresidenta Kamala Harris para los temas fronterizos. Ambos son los encargados de poner en marcha una estrategia que ha prometido legalizar a 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, 4.000 millones de dólares en ayudas para Centroamérica y poner fin a las agresivas medidas de Trump para restringir el asilo humanitario.

Sin embargo, sus primeros meses en el poder han coincidido con un repunte en la llegada de migrantes —habitual durante los meses de febrero y de marzo— que ha desbordado a la nueva administración y ha proporcionado a los republicanos munición suficiente para agitar nuevamente la bandera del muro y recordar crisis de los menores no acompañados que sacudió la frontera en 2016. El mes pasado, las autoridades estadounidenses contabilizaron más de 100.000 cruces ilegales, casi 3.500 personas diarias, la cifra más alta desde 2019. Paralelamente los albergues de Texas están desbordados y 16.000 menores están bajo custodia del Gobierno estadounidense.

Según Juan González, se está trabajando en tres campos: atención a los que llegan, desplazar las gestiones a los países de origen y atender las causas que provocan la emigración. Sin embargo, González también insistió en el mensaje habitual del equipo de Biden: “No vengan”. El funcionario señaló: “Número uno, la frontera no está abierta. Número dos, estamos tratando de responder de forma rápida y robusta a la situación humanitaria en países que recibieron el impacto de los huracanes y número tres, estamos desarrollando estrategias en conjunto con esos países de la región para crear las oportunidades y combatir la inseguridad que lleva a los individuos a emigrar”, detalló.

Tres días después de la visita de la embajadora Roberta Jacobson a México, González reveló que su objetivo es que las solicitudes de asilo se tramiten en el país de origen, un enfoque que contrasta con el principio natural del asilo que es facilitar la seguridad a quien tiene que huir de su país para salvar el pellejo. “Quienes tengan peticiones creíbles de asilo, tenemos que crear caminos legales para que ellos no tengan que huir a sus países y puedan desde su país origen”, dijo González a los periodistas.

La entrevista con los funcionarios coincidió con la visita a la frontera que realizó este viernes un grupo de senadores republicanos encabezados por Ted Cruz. Los senadores acusaron a Biden de provocar una crisis al eliminar las políticas de Trump como la construcción del muro y el programa Quédate en México que obligaba a los centroamericanos a solicitar asilo humanitario en México mientras se estudiaba su caso. “Eso causó que los números bajaran dramáticamente”, dijo Cruz. “Las políticas funcionaron y, ¿qué hizo Biden? Llegó e inmediatamente eliminó este acuerdo internacional con el Gobierno de México, y eso causó que el mes pasado 100.000 personas fueran interceptadas entrando ilegalmente a Estados Unidos”, dijo el republicano, quien aseguró en Twitter que durante su recorrido se encontró con supuestos traficantes de personas.

Para González, sin embargo, las soluciones propuestas por Trump fueron “alzar muros e ignorar nuestras obligaciones internacionales humanitarias y desmantelar el sistema legal migratorio y de asilo”, dijo durante la entrevista. “Esa era la respuesta y olvidarse de todos los problemas al sur de la frontera. Cuando sabemos que el flujo migratorio y el flujo de drogas y de armas van por los puntos de entrada; los muros no funcionan”.

En su repaso por Centroamérica, González y Zúñiga, quienes tuvieron que aplazar su visita de esta semana a Guatemala por la erupción del volcán Pacaya, insistieron en vincular las conversaciones migratorias a acuerdos comerciales y a los Derechos Humanos. Según González, después de la salida de la CICIG de Guatemala y de la Maccih de Honduras (dos fiscalías internacionales que lograron importantes golpes y encarcelamientos para el combate a la corrupción) “vimos la necesidad de tener un esfuerzo para mover rápido en contra de la corrupción usando las herramientas de los Estados Unidos, incluyendo la habilidad de suspender visas, de sancionar a individuos y de congelar bienes usados en corrupción por violación de Derechos Humanos y el lavado de activos del narcotráfico”. González también insistió en la necesidad de apoyar las instituciones de esto países, donde muchas veces hay fiscales trabajando solos contra la corrupción”.

El recién nombrado Ricardo Zúñiga reconoció que para Estados Unidos fue “decepcionante” ver la salida de MACCIH y del CICIG “después de un esfuerzo tan importante por parte del entonces Vicepresidente Biden y de EE UU para apoyar esas estructuras”. Sobre El Salvador, Zúñiga dijo que “todos los países de Centroamérica (son importantes) pero El Salvador es “importantísimo” y reconoció el trabajo de la oficina anticorrupción de reciente creación, el CICIES, como una “herramienta que está ayudando a fortalecer el Estado de Derecho”. Sobre Guatemala, Zúñiga dijo que “hemos visto esfuerzos muy importantes para colaborar en los esfuerzos contra el crimen organizado y el narcotráfico (…) y también hemos recibido señales claras de combatir lo que ven como una amenaza al Estado de derecho de estas mismas organizaciones”, dijo Zúñiga, hondureño de nacimiento.

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