Rescate de cadáveres e indemnización: la promesa del presidente que cierra heridas en Pasta de Conchos

La paz parece abrirse camino en Nueva Rosita 14 años después de la explosión que dejó enterrados a 65 mineros en la carbonífera Pasta de Conchos, sin que hasta la fecha hubiera reparación alguna ni intención de proseguir con el rescate de los cuerpos. El desasosiego espiritual y la falta de respuestas económicas han ido agrietando las relaciones entre los deudos, organizados en dos grupos, el de los familiares (padres, hijos, hermanos) y el de las viudas. El presidente del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, ha sido en las últimas semanas el bálsamo que ha venido a mitigar esas asperezas, a...

La paz parece abrirse camino en Nueva Rosita 14 años después de la explosión que dejó enterrados a 65 mineros en la carbonífera Pasta de Conchos, sin que hasta la fecha hubiera reparación alguna ni intención de proseguir con el rescate de los cuerpos. El desasosiego espiritual y la falta de respuestas económicas han ido agrietando las relaciones entre los deudos, organizados en dos grupos, el de los familiares (padres, hijos, hermanos) y el de las viudas. El presidente del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, ha sido en las últimas semanas el bálsamo que ha venido a mitigar esas asperezas, a decir de los afectados. Su triple oferta, sacar a la luz los restos de los 64 mineros que aún están bajo tierra, indemnizar a cada familia y organizar un mausoleo que recuerde la tragedia concilia las reclamaciones de todos y les devuelve la esperanza. Aunque la justicia es el gran fleco que queda pendiente en este asunto, es decir, por qué pasó lo que pasó y quién debe pagar por ello.

En 2012, López Obrador andaba en campaña cuando emparejó con doña Trini en Coahuila. “Tuve la oportunidad de platicar con él y me dijo que si llegaba a presidente rescataría a los mineros muertos. Creo que no se le olvidó. Llegó el momento y no se ha echado para atrás”, dice Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana, uno de los 65 mineros que quedaron atrapados tras la explosión cuando tenía 32 años, esposa y tres hijos. La de Pasta de Conchos fue una de las desgracias más sonadas de los tiempos recientes en México, una tragedia cuyas causas quedaron tan enterradas como los cuerpos de aquellos obreros. A los 14 meses, Grupo México suspendió el rescate alegando una imposibilidad técnica que ahora se demuestra falaz. “Seguir adelante hubiera revelado las causas de la explosión, es decir, las condiciones en que estaban trabajando aquellos hombres y eso no convenía a la empresa”, dice la activista Cristina Auerbach, que se desplazó al lugar el día después del accidente y acabó trasladando su residencia a la zona. Aún vive allí y su lucha por los mineros no tiene fin. El “carbón rojo”, como le llaman, tiene la zona llena de viudas y huérfanos. Pero Pasta de Conchos supuso una inflexión que estos días parece alcanzar un primer fin.

Después de varias reuniones con la Secretaría de Trabajo y tras sucesivos desencuentros entre los familiares de las víctimas que se aferraban al rescate y el grupo de las viudas que, sin renunciar a él, aceptaron la oferta única de indemnizaciones, el presidente reunió a representantes de todos en el Palacio Nacional. El encuentro, el pasado 14 de septiembre, vino precedido de varias cartas que le fueron entregadas a López Obrador y que modificaron la oferta: habría rescate y también reparación económica. En un país donde algunas desgracias parecen infinitas, algunas familias temen ahora las extorsiones de los delincuentes que quieran sacar partido de esos 3,7 millones de pesos (unos 184.000 dólares) que recibirá cada viuda y que se esperan de inmediato, a más tardar en diciembre, según las últimas informaciones. “Quizá ha sido un poco imprudente hacer eso público de la forma en que se ha hecho”, sostiene Cristina Auerbach. “Siempre tenemos ese temor, por los hijos y la familia, hay mucha delincuencia. Pero ya los medios se encargan de hacerlo saber, se hizo público y ya no está en el control de nadie pararlo. Ahorita solo nos queda cuidar a las familias y confiar en Dios”, dice Claudia Escobar, viuda de Raúl Villasana Cantú, el hijo de doña Trini.

Doña Trini y la viuda Claudia Escobar lloraron aquella madrugada y las que vendrían, al mismo hombre, la primera, por madre y la segunda, por esposa. Sin embargo, el tiempo fue poniendo a prueba las relaciones en San Juan de Sabinas. La Organización Familia Pasta de Conchos, a la que pertenece Trinidad, ha puesto hincapié desde aquel día en la prioridad de que sean devueltos los restos de los mineros a sus familiares. Un sentimiento religioso inspira esta petición que jamás ha decaído. “Ojalá Dios me permita verlo, siempre he estado muy sanita”, dice Trinidad a sus 70 años. “Soy una mujer muy creyente y para algo se hicieron los camposantos. Tenemos tradiciones y queremos ir a llevar flores y ofrendas, ese es nuestro consuelo. Primero está el rescate y luego la indemnización”, afirma.

El Gobierno, dice Auerbach, les anunció un día que “las viudas aceptaban la indemnización a cambio de no proceder al rescate de los restos. Se nos hacía raro, llevaban 15 años pidiéndolo”, cuenta por teléfono. Y el día que el presidente visitó la zona, el 23 de octubre pasado, solo las viudas pudieron formar parte de la comitiva, algo que resultó doloroso para el resto de los familiares. Ahora las aguas parecen volver a sus cauces. “Nosotras no hemos renunciado nunca al rescate, pero es que, al principio, el presidente dijo que o una cosa o la otra y hay muchas viudas que ya están muy grandes, algunas van en sillas de ruedas y tienen necesidades económicas. Además, el presidente aseguró que la mina, que ahora es del Gobierno, nunca más se tocaría, que se quedaría como un memorial. Lo dimos por bueno, pero no porque hubiéramos renunciado nunca al rescate”, afirma Claudia Escobar.

La zona la visitaron ingenieros alemanes, estadounidenses, chinos, australianos y mexicanos, además del Instituto Geológico, el pasado agosto y “derribaron una verdad que parecía incontrovertible: el rescate era posible”, cuenta el responsable de la Secretaría de Trabajo que ha estado al pendiente de todas estas negociaciones, el técnico Alejandro Salafranca. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encargará de los trabajos. Se trata, prácticamente, de empezar una mina desde cero, con un nuevo túnel de entrada. Costará unos 75 millones de dólares y el Gobierno pretende que todo haya concluido antes de finalizar el sexenio, una previsión muy optimista para algunos.

Las máquinas escarbarán a decenas de metros de profundidad y nadie sabe aún qué encontrarán ni en qué condiciones. Los técnicos de la CFE ya están en la zona tomando medidas. ¿Por qué la CFE?, se preguntan muchos. Por su Dirección Corporativa de Ingeniería de Proyectos de Infraestructura, “donde hay ingenieros altamente especializados en obra civil que han construido presas, una actividad que comprende también la excavación. Es ingeniería del más alto nivel”, asegura un portavoz.

“Habrá una fase más rápida, que es la de las tuneladoras, y después, cuando se acerquen a los mineros, será ya más detallada y lenta, con pincel”, añade el técnico Salafranca.

“Nosotros, como familiares, aún seguimos a la espera de recuperar los restos de mi hermano para poder darle cristiana sepultura y pueda descansar en paz en un camposanto”, dice una de las cartas que le entregaron al presidente del Gobierno. “Le rogamos y escuche nuestras peticiones y nos ayude a poder cerrar este ciclo tan doloroso que nos cambió la vida para siempre. Él era sencillísima persona y nos gustaría que nos tomara en cuenta porque esa herida nunca cambiará ni sanará”. “Por eso volvemos a lo anterior, al rescate, siempre al rescate… usted es el único que tiene el poder de ayudarnos”. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, fue el encargado de entregar al presidente las misivas que imploraban un rescate. “Es un hombre bueno”, dice de él Cristina Auerbach.

“Queremos que se haga el rescate y se haga justicia”, dice otra carta de familiares que perdieron a tres de los suyos en aquella mina. “Han transcurrido 14 largos años y ellos siguen ahí sepultados, ellos merecen un lugar digno donde descansar ya que por negligencia de Grupo México murieron”. Auerbach piensa que estas cartas fueron decisivas para detonar una decisión del presidente más generosa que las ofertas de semanas precedentes. “Cuando López Obrador planteó la posibilidad de no hacer el rescate [sino las indemnizaciones] algunas familias se mostraron inquietas, de tal forma que, finalmente, aunque la mayoría de las viudas optaban por renunciar al rescate, el presidente dijo que también se haría”, explica el técnico de la Secretaría de Trabajo Salafranca.

“Es una buena decisión”, afirma Claudia Escobar. Y cuenta los años de lucha, el campamento instalado donde han manifestado todos estos años sus reclamo, el altar donde han depositado las flores. “Éramos amas de casa y ahora sabemos el camino para llegar al Gobierno. No dejaremos que esto se quede así. Que vean las demás empresas y pongan atención, en aquella no había medidas de seguridad y no queremos más muertes”.

El caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se busca una solución amistosa antes de que el asunto llegue a la Corte, donde el Estado puede salir condenado. El rescate ha abierto las opciones para llegar a esa conciliación. Pero faltan algunos extremos. “Aquellos días [los últimos del mandato del panista Vicente Fox, en 2006] se emitieron pensiones con certificados de muerte ilegales, se han violado los derechos a la vida, a la protección judicial, a la salud, pero también culturales, económicos y sociales de todos lo mineros. Todas las reformas energéticas y sociales los dejaron en estado de indefensión. Y eso no se resuelve con un rescate. ¿Por qué explotó la mina, qué se hizo después con las familias, qué medidas se tomaron para que no vuelva a ocurrir. No basta con garantizar inspecciones, eso se tiene que hacer de oficio”, dice Auerbach. Solo en las últimas semanas, explica la activista teóloga, “se han detectado 20 yacimientos clandestinos, algunos de políticos, que operan las minas en terribles condiciones, peor que en Pasta de Conchos”, asegura. “Ni cubrebocas tienen”.

Los mineros “no son héroes, son trabajadores; ni la mina les arrebata la vida, como suele decirse, se la arrebata el patrón con sus condiciones de trabajo”, añade Auerbach, que en estos años ha aprendido tanto de yacimientos mineros que ya parece uno de ellos.

A la espera de que la justicia ponga paz entre el carbón, la última decisión del presidente comienza a cerrar heridas en la zona, entre los familiares cercanos y las propias viudas. Que si las indemnizaciones son para unos o para otros, que si el rescate o el dinero… “Ahora ya no hay divisiones. Ya ahorita eso salió fuera del plano. Ya solo somos un grupo”, asegura Claudia Escobar. Pasta de Conchos tuvo la virtualidad de aunar muchas voluntades en torno a una desgracia repetida y silenciosa que cada año ensangrentaba el trabajo de miles de mineros.