El Ejército mexicano usó 11 empresas fantasma en la modernización de las aduanas en el sexenio de Peña Nieto

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) participó en un plan de modernización de infraestructura en las aduanas más importantes del país, donde utilizó 11 empresas fantasma a las que desvió 385,1 millones de pesos (unos 24,1 millones de dólares al tipo de cambio de entonces). Para realizar los trabajos la dependencia militar firmó un convenio de colaboración con la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del que no se conocían detalles hasta ahora porque lo habían clasificado como reservado por 12 años al...

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) participó en un plan de modernización de infraestructura en las aduanas más importantes del país, donde utilizó 11 empresas fantasma a las que desvió 385,1 millones de pesos (unos 24,1 millones de dólares al tipo de cambio de entonces). Para realizar los trabajos la dependencia militar firmó un convenio de colaboración con la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del que no se conocían detalles hasta ahora porque lo habían clasificado como reservado por 12 años alegando seguridad nacional. El SAT justificó que tuvo que encomendarle las obras a la Sedena porque el crimen organizado dificultó la ejecución de las trabajos contratados con empresas privadas en proyectos de modificación de aduanas, así como de la planeación de nuevas instalaciones. “Por lo anterior es que se tuvo que recurrir a una instancia de seguridad nacional, como la Sedena para la construcción de diversas obras”, se lee en un oficio otorgado vía transparencia para esta investigación.

El Plan de Modernización de Infraestructura en Aduanas 2013-2018 tenía como objetivo la renovación y construcción de nuevas instalaciones que mejoraran la operación aduanera y el comercio exterior en el país. Entre marzo de 2013 y noviembre de 2018 la Administración General de Aduanas del SAT firmó 30 convenios específicos con la Dirección de Ingenieros de la Sedena donde acordaron una cláusula de confidencialidad para “evitar que información sensible que pudiera desprenderse de los proyectos, así como los detalles de la forma en que operan las aduanas pudiera ser utilizada en contra del Estado mexicano”. Ahora es posible conocer detalles de esos acuerdos —como la ubicación de las obras y los costos— después de que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) echara abajo la clasificación y solicitara brindar una versión pública de los convenios.

En los documentos se señalaba que los militares serían los encargados de las contrataciones que se requirieran para llevar a cabo los trabajos y que estos se financiarían con recursos del Fideicomiso para Programas de Mejoramientos de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras (Fidemica). Las obras se realizaron por administración directa, lo que permitió que el Ejército subcontratara a decenas de empresas para que le ayudaran a concluir cada uno de los proyectos. La documentación comprobatoria de estas contrataciones sería responsabilidad de los militares y quedaría bajo su resguardo. Debido a que eran obras consideradas de “seguridad nacional” esos contratos nunca se publicaron en los portales de transparencia de la dependencia ni en Compranet, el sistema que registra las compras del Gobierno.

Ahora, tras una base de datos proporcionada por la Administración General de Servicios al Contribuyente del SAT a EL PAÍS vía transparencia, es posible saber que en nueve de los 30 proyectos de infraestructura aduanal, la Sedena subcontrató a 11 empresas que luego fueron declaradas fantasma por el SAT, la dependencia que le encargó las obras y la misma que determina y elabora los listados de contribuyentes que realizan operaciones inexistentes. En los datos revisados se lee que esas compañías que ya fueron catalogadas de forma definitiva como fantasma facturaron una serie de bienes y servicios a la razón social de la Defensa Nacional y a su registro federal de contribuyentes en las aduanas de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California y Chiapas. Para este reportaje se buscó a Sedena y al SAT a fin de saber si se habían iniciado investigaciones por el uso de empresas fantasma en los proyectos aduanales, pero no hubo respuesta.

En agosto de 2015 la Sedena firmó con el SAT un contrato específico para la ampliación de la aduana de Ojinaga, en Chihuahua, donde las obras ascendieron a 342,3 millones de pesos (21,5 millones de dólares). Casi la mitad de los recursos, el 48,4%, se destinaron a un proveedor fantasma denominado Ramón René Lara Marín. Esta persona emitió 88 facturas durante 2016 por un total de 165,9 millones de pesos a la Sedena con lo que se justificó la venta y renta de diversa maquinaria, como retroexcadoras, montacargas, camiones de volteo, grúas, cargadores y camionetas. En 2014 en el proyecto de reordenamiento Integral de la aduana de Ciudad Juárez, en el puente internacional Zaragoza, en Chihuahua, la Sedena pagó al mismo Lara Marín 103,1 millones de pesos. El costo de esa obra fue de 260,1 millones de pesos (19,5 millones de dólares), lo que significa que el 40% del presupuesto se desvió a esta firma de papel. Entre los servicios contratados estaba la renta de maquinaria y el suministro de grava, arena y piedra.

Pese a no estar siquiera inscrito en el padrón de contratistas de la dependencia militar, Lara Marín fue el proveedor fantasma que facturó el monto más alto al Ejército al sumar un total de 269,1 millones de pesos (15,5 millones de dólares) desde septiembre de 2014 a diciembre de 2016 en dos proyectos aduanales. Tres años después, en febrero de 2019, la autoridad fiscal detectó que había estado emitiendo comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o para producir o entregar los bienes que amparaban sus facturas. Aunque se le advirtió para que presentara sus alegatos de defensa, nunca logró desvirtuar las acusaciones del SAT y en julio de 2019 fue exhibido en el Diario Oficial de la Federación —el boletín de Gobierno— como un contribuyente que simuló sus operaciones. Esto implicó que todos los comprobantes fiscales que había emitido en el pasado fueran declarados inválidos.

Los oscuros antecedentes del Ejército

En esta Administración, el presidente López Obrador ha apostado por los militares para diversas tareas —desde la construcción de importantes obras de infraestructura hasta el reparto de libros de texto gratuito— bajo el argumento de que son personas honestas. En julio pasado encomendó a la Marina y la Sedena el control en los puertos y aduanas del país ante el asedio del crimen organizado. Sin embargo, el mandatario parece minimizar la actuación de la Defensa Nacional en el pasado. Los rastros de empresas fantasma en los trabajos realizados por la milicia en las aduanas más importantes del país durante el sexenio anterior son un ejemplo de los malos antecedentes del Ejército como un brazo constructor del Estado, ya que carece de procesos rigurosos de contratación, abusa de la asignación directa y los procedimientos son poco transparentes.

Para Irene Tello, directora de la organización Impunidad Cero, que ha analizado el tema de la facturación falsa, el hecho de que la Sedena haya usado empresas fantasma es una prueba de que no son instituciones impolutas y que sí pueden cometer actos de corrupción. “Yo no puedo darle un cheque en blanco y un pro al hecho de que cada vez se asignen más contrataciones a la Sedena por este argumento que saca el Gobierno de que es una fuente de honestidad, disciplina y falta de corrupción”, menciona. Pese a que hay antecedentes de los desvíos de recursos que se han dado en las Fuerzas Armadas, es complicado sancionarlos porque el sistema de leyes y normas con las que se ha contado el país para investigar y sancionar casos de corrupción tiene una impunidad atroz, señala la experta en temas de transparencia.

La disciplina militar que algunos destacan como una virtud del Ejército puede también representar un problema en este tipo de contrataciones porque los militares están acostumbrados a acatar órdenes de sus superiores, explica Tello. Si sus jefes les ordenan realizar una asignación a una empresa fantasma puede que estos no se den cuenta de la situación de la compañía y actúen sin percatarse que están incurriendo en una falta administrativa. “Son redes muy bien instaladas que requieren de la supervisión y cooperación de funcionarios de todos los niveles y me parece ilógico que al darse estas transacciones entre dependencias y compañías fantasma donde los bienes o servicios se supone que no llegaron a la institución, los encargados de estas áreas no se den cuenta y exijan cuentas a sus subordinados”, explica.

En 2013 y 2014 la Dirección de Ingenieros militares se encargó de los trabajos de la segunda etapa del programa para el fortalecimiento de la frontera sur en el punto de inspección integral en Catazajá, Chiapas. Las obras tuvieron un costo de 314,3 millones de pesos, de los cuales al menos el 28% se destinaron a supuestos servicios contratados a Comercializadora del Valle Central, una empresa declarada fantasma de forma definitiva por el SAT en 2018. El domicilio fiscal que reportó la empresa es una casa sin rótulos en la capital poblana y sin rastros de la existencia de algún comercio, mientras que el de uno de los dueños es una veterinaria, según las imágenes que se pueden visualizar en google maps justo en los años que fue contratista de Sedena. Además, el objeto social de la firma abarca una variedad de giros. En un padrón de contratistas de Puebla se lee que brindó servicios de impresión de proyectos y en otro del Estado de México fungió como intermediaria de comercio al por mayor, mientras que en las aduanas se encargó de la colocación de canceles de aluminio, el detallado de anaqueles y la instalación de muebles de madera.

Los trabajos de la Sedena en las aduanas también consistieron en la construcción y equipamiento de alojamientos para los oficiales de comercio exterior adscritos a seis aduanas de la frontera norte. En las obras realizadas en el punto de revisión fiscal en Colombia, en Anáhuac, Nuevo León, contrató a Estrucxa, que supuestamente le vendió camas, sábanas, cobertores, almohadas y colchones por 3 millones de pesos. En la edificación de alojamientos para los agentes del puente I y II de la aduana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, el Ejército contrató a la misma firma fantasma y constituida en Xalapa, Veracruz, para que le vendiera camas, persianas y juegos de ropa por cerca de 3 millones de pesos. En 2017 durante la modernización de la sección aduanera de San Emeterio, en la localidad de Sonoyta, Sonora (norte de México) también recurrió a una firma fantasma denominada Morcoba Comercializadora. La compañía constituida en Oaxaca, al sur del país, supuestamente le vendió tableros profesionales para basquetbol.