El Gobierno amplía el impuesto a la banca extranjera y aplicará un 4,8% sobre sus ingresos
Incluye en su propuesta definitiva una de las recomendaciones del BCE. Deberán abonar la tasa las entidades extranjeras supervisadas por el banco central
El Gobierno ampliará a las entidades financieras extranjeras con actividad en España el nuevo impuesto que gravará la banca, incluido en la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales al sector energético y la banca. El Ejecutivo (a través del Grupo Socialista y el de Unidas Podemos) añadió este jueves una enmienda en esta proposición de ley a su propuesta inicial por la que los bancos extranjeros supervisados por el Banco Central Europeo (BCE) deberán abonar una tasa del 4,8% sobre su margen de intereses y comisiones, independientemente del volumen de sus ingresos.
Se trata de una las recomendaciones que incluyó la semana pasada el BCE en su dictamen para no distorsionar la competencia y una de las reclamaciones de los bancos.
En un principio, la propuesta del Ejecutivo se basaba en aplicar una tasa impositiva del 4,8% sobre el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras que en 2019 hubiesen ingresado más de 800 millones de euros, sumando estos dos conceptos. De esta forma, preveía recaudar 3.000 millones entre los años 2022 y 2023, que estará vigente el tributo. Eso descartaba a los bancos extranjeros cuya cuota de negocio en España es minoritaria y no alcanzaban esas cifras.
Sin embargo, el texto definitivo prevé que se aplique ese mismo gravamen a las filiales de los bancos extranjeros con sucursal en España, independientemente del volumen de sus ingresos. “Deberán satisfacer el gravamen las entidades sujetas a supervisión directa por el BCE, incluidas las sucursales establecidas en España de entidades de crédito extranjeras, con independencia de la suma de sus ingresos por intereses y comisiones”.
De esta forma, el Ejecutivo ha recogido el guante tanto del sector bancario como del BCE, ya que era una de las principales críticas que se le hacían al diseño del nuevo tributo. “La aplicación del gravamen únicamente a determinadas entidades de crédito españolas podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria”, señalaba la semana pasada el BCE al respecto.
Según los cálculos de este periódico, se verán afectados nueve bancos españoles: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar. Con la inclusión de esta enmienda, el principal impactado será la entidad holandesa ING.
Más allá de la inclusión de las sucursales de bancos extranjeros, el Ejecutivo ha incluido también en el texto los fines para los que se emplearán. “El rendimiento de la prestación se ingresará en el Tesoro Público y se destinará a financiar medidas para hacer frente al incremento coyuntural de los gastos derivados de las políticas dirigidas a mitigar el impacto en los precios producido por la invasión de Ucrania”. El BCE, por contra, considera que no es deseable utilizar los ingresos de los impuestos recaudados de la banca con fines presupuestarios generales.
El Gobierno ha introducido también enmiendas para desarrollar el articulado de los gravámenes a energéticas y grandes fortunas, además de la limitación del 50% a la posibilidad de que los grandes grupos consolidados compensen las pérdidas de sus filiales en Sociedades.
En el impuesto energético, finalmente, el Ejecutivo ha decidido mantener su idea original y gravará al 1,2% el importe neto de la cifra de negocios anual de las compañías del sector que facturen más de 1.000 millones de euros anuales. Había dudas de qué haría el Ejecutivo, pues desde la Comisión Europea se había propuesto gravar al 33% los llamados beneficios extraordinarios, entendidos como aquellos que superen en un 20% la media anual registrada por cada empresa entre 2019 y 2021.
