El Supremo abre la puerta a que el Estado compense con 2.500 millones a las regiones por el IVA de 2017

El Estado tendrá que rectificar la liquidación fiscal del ejercicio 2017, efectuada en 2019, y compensar económicamente a Castilla y León abonándole la cuantía pendiente del reparto del IVA recaudado que no le fue entregada, según acaba de dictaminar el Tribunal Supremo. Al estar todas las regiones en la misma situación, el fallo podría acabar imponiendo a Hacienda el pago de un total de unos 2.500 millones de euros al conjunto de las comunidades autónomas por el IVA de aquel año.

De momento, la Sala III del alto tribunal ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo impulsado por Castilla y león, condenando Administración del Estado a abonarle el importe que finalmente se calcule oportuno en la ejecución de la sentencia.

La estimación de la demanda no es total porque el cálculo de 182 millones que reclama cobrar Castilla y León no ha sido debidamente justificado, por lo que será recalculado y abonado según se acabe estimando en la ejecución de la sentencia.

El fallo considera inadecuada la liquidación del IVA del ejercicio de 2017, realizada como es habitual dos años después, tras la entrada en vigor del Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, que fue recurrida por esta comunidad autónoma, entre otras, como Madrid que acudió a la Audiencia Nacional.

El Supremo le da la razón ahora a Castilla y León al entender que la norma supuso un desequilibrio que “determinó la vulneración del derecho a la autonomía financiera de la comunidad autónoma, pues, como acertadamente afirma esta en su demanda, es notoria la disfunción que se deriva del hecho de que las entregas a cuenta se le abonasen en 12 mensualidades y, en cambio, en la liquidación definitiva se atendiese únicamente a la recaudación de IVA correspondiente a 11 mensualidades, derivándose de ello un resultado anómalo”.

El origen: el SII

El problema surgió por la implementación del nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) del impuesto sobre el valor añadido, una suerte de control electrónico del IVA, impulsado por el PP en el ejercicio 2017. En solo un año desde su implementación, la medida permitió rebajar el tiempo que la Agencia Tributaria tardaba en estar al tanto de la emisión o pago de facturas por parte de las empresas de una horquilla inicial de entre 30 a 90 días a apenas tres jornadas. Como contrapartida, sin embargo, el lanzamiento del sistema en mitad del ejercicio provocó un desajuste contable en el calendario del impuesto que derivaba en una liquidación de solo 11 de los 12 meses correspondientes al año 2017.

Tras la moción de censura que llevó al poder al primer Gobierno de Pedro Sánchez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trató de resolver la anomalía incluyendo un pago adicional en los Presupuestos Generales de 2019, año en el que se liquidaban los impuestos de 2017. Al ser tumbadas las cuentas en el Congreso de los Diputados, provocando la primera de las dos convocatorias electorales de aquel año, el Gobierno dio por imposible solventar la pérdida de un mes de recaudación en el reparto de los fondos a las regiones. Teniendo en cuenta que la recaudación media de un mes de IVA rondaba entonces los 5.000 millones de euros y que a las regiones les corresponde el 50% de lo ingresado, las comunidades dejaron de recibir unos 2.500 millones.

Por este motivo, el recurso legal de Castilla y León abre la puerta ahora a que el resto de regiones afectadas reclamen también por vía judicial el dinero que no les fue entregado. Está por ver, en todo caso, si Hacienda decide impulsar una solución generalizada en lugar de esperar al goteo de fallos judiciales en su contra.