Alfonso Guerra vs. Miguel Boyer, Pablo Iglesias vs. Nadia Calviño

Los últimos gobiernos socialistas no pueden esgrimir espectaculares desempeños en la gestión de la economía, aunque tal circunstancia no debe empañar que tuvieron también facturas de mérito durante el primer decenio de González, y que lo lograron cuando enfrentaban situaciones de la economía tan complicadas como suponía reconvertir un país industrial y agrario en una economía de servicios, y hacerlo con las arcas públicas vacías, sin aparataje fiscal y con desatada demanda de derechos sociales antes inexistentes. Del flamante actual y del primero de Sánchez que ha estado más tiempo en funciones que funcionando tenemos pocos elementos para la valoración, pero los que hay no son espectaculares por su resultado: la economía y el empleo, lo que más le interesa a los españoles, crecen la mitad que cuando Sánchez llegó al Gobierno, y por vez primera desde 2012 el déficit fiscal, lo que le interesa más a las autoridades de Bruselas, no se logra reducir ni una sola décima. Y este es el tema: si el Gobierno de coalición con Podemos que ha diseñado Sánchez, y con el reparto de poder que en él ha realizado, logrará seguir reduciendo con una considerable prima de crecimiento la brecha de progreso y desempleo que nos separa de Europa, y convencer a los financiadores de la descomunal deuda de España de que se mantendrá el rigor fiscal para honrar sin duda de ningún género las obligaciones contraídas.

Dado que ambas condiciones están encadenadas, el pasado inmediato arroja poco optimismo y siembra muchas dudas: qué cantidad de fe hay que depositar en que se reducirá el déficit con un Gobierno sesgado hacia las ambiciones del gasto por la coalición con Podemos, si durante el último año, pese a estar viviendo con el Presupuesto presuntamente austero de Cristóbal Montoro, España repite con un déficit del 2,5% del PIB, cuando el compromiso era el 2%, y entramos en una etapa de crecimiento pobre, que rondará el 1,5% durante casi toda la legislatura. Qué capacidad tiene la vicepresidenta del Gobierno para Asuntos Económicos de imponer sus criterios para que no descarrilen las variables capitales de la economía y del Estado. ¿Estará en sus manos la última palabra en cuestiones de gasto público?; ¿será suficiente garantía el arbitraje y decisión final del presidente Sánchez en caso de abierta discrepancia en el Consejo de Ministros?

Los sucesivos Ejecutivos que ha tenido España en democracia han entendido la importancia de la economía para el país, y muchos de ellos pusieron en manos de vicepresidencias fuertes los asuntos económicos, además de contar con la convicción presidencial de que el crecimiento era el mejor equipaje para progresar y mantener el poder, y quien olvidó tal precepto precipitó su fracaso. El actual dispone de una vicepresidencia tercera para Asuntos Económicos en manos de Nadia Calviño, estandarte que Pedro Sánchez utilizó en la última campaña electoral para exhibir su moderación y compromiso con la economía abierta y el rigor fiscal, y para alejarse de la supuesta pesadilla de Podemos. Pero los dados del 10 de noviembre salieron mal y la obligada e “ilusionante” coalición con Podemos ha creado por vez primera una vicepresidencia segunda para Asuntos Sociales en manos de Pablo Iglesias, contrapeso desequilibrado de los Asuntos Económicos de Calviño. Si tradicionalmente los gobiernos funcionan como una coalición de todos los ministros frente al Ministro de Economía y Hacienda, en este caso el tándem Calviño-Montero tendrá enfrente a un comando del gasto reforzado numérica y jerárquicamente con una vicepresidencia segunda. Un desequilibrio que solo puede solventar a favor de las decisiones sensatas el presidente del Gobierno, si no quiere que haya dos Gobiernos en uno, o que la oposición esté dentro del Ejecutivo, dos situaciones bastante recurrentes en los ejecutivos de coalición forzada y en la que a los ministros de Podemos (en cantidad proporcional al número de votos) los designa Iglesias y no Sánchez.

No lo tendrá fácil Nadia Calviño para imponer decisiones ajustadas a su criterio, porque no es Pablo Iglesias persona que acepte con deportividad lo que no le guste, y no dejará pasar ocasión sin forzar un debate en el mismísimo seno del Consejo, (“Pedro, esto no es lo que tú y yo habíamos hablado...”; “Pedro, no es para esto para lo que nos ha votado la gente...”) aunque las decisiones colegiadas deban pasar necesariamente por el pronunciamiento del jefe.

Ya en el pasado los pareceres políticos y los económicos han chocado si no iban convenientemente cerradas de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, sobre todo en los gobiernos socialistas, siempre con almas divididas. Alfonso Guerra impuso su criterio en el primer choque con el equipo económico que lideraba Miguel Boyer ya en 1982, cuando este trataba de justificar una subida de la bombona de butano, la energía más popular y extendida en la España de los ochenta, o cuando estando ya Carlos Solchaga en Economía quiso aprobar una actualización severa de los valores catastrales. Después fue el propio Guerra quien logró consumar el compromiso con la UGT de que la jornada laboral se limitase a 40 horas semanales, aunque el vicepresidente único estaba allí, como recordaría más tarde Nicolás Redondo, no tanto para lograr ciertas cosas como para impedir otras.

Pero el punto álgido de la disputa entre política y economía en la gestión gubernamental, que siempre han simbolizado Economía versus Trabajo, fue la renuncia de Miguel Boyer en 1985 a seguir en el Gobierno de González por no lograr ser nombrado vicepresidente en igualdad jerárquica con Guerra, y precisamente por el veto de Alfonso Guerra. Bastante más tarde, ya en este siglo, el presidente Rodríguez Zapatero impuso el criterio social que defendía personalmente frente al rigor que encarnaba, con relativa vehemencia como siempre, Pedro Solbes, que dejó el Consejo de Ministros y la vicepresidencia para Asuntos Económicos en las sumisas manos de Elena Salgado. ¿Dará para tanto esta coalición? ¿Hará valer sus reales Nadia Calviño pese a estar jerárquicamente en desventaja con Iglesias, para preservar el reformismo, el crecimiento y el empleo? ¿Será Sánchez el guardián del rigor fiscal con tanta fuerza centrífuga a su alrededor?