Un antídoto contra la economía sumergida

Durante la campaña electoral, desde el Colegio de Economistas de Madrid y en colaboración con el Consejo General de Colegios de Economistas, hemos invitado a los representantes de los principales partidos políticos que se encargan de asuntos económicos y financieros a debatir y exponer sus propuestas electorales.

Los principales temas en materia económica de los distintos programas electorales han girado en torno a las pensiones, los salarios, las cuestiones fiscales y la transformación digital. Dentro de esta última, los pagos electrónicos juegan un papel cada vez más relevante en nuestras sociedades. Los gobiernos y los partidos políticos son conscientes de ello, hasta el punto de que existen referencias específicas en alguno de los programas electorales. Por ejemplo, el del Partido Popular promovía el uso de los pagos electrónicos en todos los servicios públicos, y el Ciudadanos planteaba que se garantice a los consumidores que puedan pagar cualquier bien o servicio con tarjeta de crédito, limitando las comisiones.

Sin embargo, cuando comparamos a España con el resto de países de nuestro entorno en el uso de pagos electrónicos, resulta que estamos a la cola de Europa. Y es que el último estudio publicado por el Banco Central Europeo (BCE) en materia de pagos, sostiene que el 87% de las transacciones comerciales en España se realizan en efectivo. Tan sólo tres países de la zona euro utilizan más el efectivo que nuestro país: Malta (92%), Grecia (88%) y Chipre (88%). Además, en aceptación de medios de pago alternativos al efectivo, España tampoco consigue buenos resultados: solamente el 66% de los puntos de venta en España aceptan pagos electrónicos, mientras que la media europea llega al 72%. Y todo ello a pesar de la bajada en 2015 de las comisiones de los pagos con tarjeta, primera consecuencia de la aprobación de un reglamento europeo que España complementó reduciendo tales comisiones a la mitad de la media europea para pagos de pequeño importe.

Si a esto le sumamos que los estudios más recientes sobre economía sumergida sitúan esta práctica en nuestro país por encima de la media de los países de la OCDE y de la Eurozona, en porcentajes que oscilan entre el 18,5% y el 24,5% del PIB, el panorama es sin duda poco alentador. Y es que en la transformación digital que los países estamos atravesando, los pagos electrónicos aportan cuantiosos beneficios, tanto a consumidores y comerciantes como a las administraciones públicas, aportando más seguridad y menos costes de gestión; más comodidad y rapidez a la hora de hacer los pagos; mayor control sobre la recaudación y una mayor planificación de políticas públicas para mejorar la experiencia de los ciudadanos y los turistas y aumentar así los ingresos de las economías locales.

Gracias a estos beneficios, los gobiernos a nivel local, autonómico y nacional están prestando una mayor atención al desarrollo de políticas públicas para impulsar el uso de los pagos electrónicos, como aumentar su uso en las gestiones de los ciudadanos con la Administración, el turismo de compras, la digitalización del pequeño comercio y facilitación de su adaptación a las nuevas tecnologías, la integración de la tecnología EMV en el transporte público, la inclusión de pagos electrónicos en el desarrollo de ciudades inteligentes, etcétera.

Sin embargo, a la luz de los datos aquí expuestos, es evidente que el uso de los medios de pagos electrónicos en España no crece al ritmo que debería, por mucho que el legislador bajara en el pasado las comisiones en el pago con tarjetas. En un reciente informe publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el impacto en la competencia de las nuevas tecnologías en el sector financiero, el regulador ensalza el valor de los pagos electrónicos, pero al mismo tiempo, cuestiona que se limiten las tasas de intercambio de las tarjetas, cuando no se limitan las comisiones de otros medios de pago cuyo uso se está extendiendo cada vez más en la sociedad. Con esto, se pretende evitar potenciales perjuicios desde el punto de vista de la competencia, sorteando posibles favoritismos a determinados tipos de medios de pago en detrimento de otros, máxime cuando las administraciones públicas pretenden que la sociedad se aproveche de los beneficios de los pagos electrónicos en su conjunto, independiente del tipo de medio que se utilice. Así lo pretendió el legislador en la transposición de la Directiva de Servicios de Pago 2 en nuestro país. En un primer borrador, se promovió la obligación a empresarios o profesionales de ofrecer a los consumidores la posibilidad de utilizar instrumentos de pago alternativos al efectivo en transacciones superiores a 30 euros, pero al final dicha medida no fue incluida en la norma.

Por todo ello, y en un país como España, cuya cultura de uso de pagos electrónicos dista mucho de estar todavía al nivel de los países de nuestro entorno, las claves para incrementar su uso pasan precisamente por asegurar el despliegue de nuevas tecnologías y alternativas y garantizar su aceptación por igual.

Si España no quiere continuar en los puestos de cola de Europa en el uso y aceptación de medios de pago electrónicos, si queremos ser efectivos en la lucha contra la economía sumergida y en fomentar mayor transparencia y eficiencia en pagos públicos y privados, los gobiernos que salgan de las elecciones generales, autonómicas y locales deberán implicarse a fondo para impulsar y garantizar una mayor aceptación de medios de pago distintos al efectivo.

 Pascual Fernández es Decano Presidente del Colegio de Economistas de Madrid