¿Y ahora qué?: ¿Cómo cobrarán los funcionarios catalanes?

Cristóbal Montoro ha anunciado hoy, al término del Consejo de Ministros, la decisión de exigir a la Generalitat un acuerdo que congele los pagos de la Generalitat a funcionarios y proveedores, después del rechazo del Govern a informar semanalmente de los gastos.

R. ¿Qué ha anunciado hoy el Gobierno?

R. Ha exigido a la Generalitat que firme un decreto de no disponibilidad presupuestaria que ceda a Hacienda el control de los pagos de la autonomía, y garantizar así que no se destinen fondos a la celebración del referéndum. Hacienda se hace cargo así del pago de nóminas y de los servicios públicos fundamentales de la comunidad y da 48 horas (desde la publicación del acuerdo en el BOE) al Govern para aceptar el acuerdo de no disponibilidad sobre el presupuesto de la Generalitat, y presentar el resto de facturas pendientes, o negarse y dejarlas sin pagar.

R. ¿Qué significa eso?

R. Se trata de un control directo de pagos por parte de la administración central. El Ministerio de Hacienda se encargaría de pagar directamente a los proveedores de la Generalitat y las nóminas de los empleados. Para realizar este pago se usarían fondos que en condiciones normales se transfieren periódicamente a la Generalitat.

R. ¿Por qué se ha tomado esta medida?

R. Por la negativa del Govern a informar semanalmente de los gastos, medida exigida por Hacienda para garantizar que no se use dinero público para un referéndum declarado ilegal por la Justicia.

R. ¿A cuánto dinero ascienden estos fondos?

R. Cristóbal Montoro ha asegurado que las transferencias a la Generalitat suponen 1.400 millones de euros cada mes.

R. ¿Supone intervenir todas las cuentas de la Generalitat?

R. No, dado que algunos tributos, como por ejemplo el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, tienen recaudación y gestión autonómica. El Govern aún tendría fondos a su disposición.

R. Entonces, ¿la Generalitat podría pagar a sus funcionarios?

R. No a todos, dado que la recaudación autonómica es del todo insuficiente para realizar los abonos. Montoro calcula en 250 millones mensuales los recursos propios de la Hacienda catalana.

R. ¿Y cómo cobrarían los funcionarios catalanes la nómina de septiembre?

R. El Estado solicitará al Govern la justificación de los pagos pendientes de realizar, y será Hacienda el que los ejecute, si la Generalitat le remite la información necesaria.

R. Entonces, ¿no podrán comprar urnas?

R. No con los 1.400 millones procedentes del Estado, pero sí con los 250 de recursos propios. El Gobierno ha advertido, no obstante, que pondría en manos de la fiscalía el uso de fondos para el referéndum. Es posible, además, que las urnas ya hayan sido adquiridas escapando al control de Hacienda.

R. ¿En qué normativa se ampara la medida?

R. Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el incumplimiento de los objetivos presupuestarios faculta a Hacienda a tomar medidas “preventivas, correctivas y coercitivas” sobre las cuentas autonómicas. Cataluña ha incumplido objetivos y ha rechazado facilitar información al Gobierno, por lo que Hacienda considera que está habilitada para la intervención. No obstante, numerosas autonomías han incumplido objetivos. Aunque es la primera vez que se toma una medida tan drástica, tampoco ninguna había rechazado anteriormente informar al Estado de sus gastos.

R. ¿Es una intervención definitiva?

R. No, el Ejecutivo ha anunciado la intervención de forma indefinida, mientras se dé la “circunstancia excepcional” de la negativa a enviar información a Hacienda.

R. ¿Qué más pasos puede dar el Estado?

R. La ley contempla que en el caso de que la autonomía incumpla las exigencias excepcionales aplicadas, se active el artículo 155 de la Constitución para la ejecución forzosa de dichas medidas. Se da la circunstancia de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria fue aprobada con votos de CiU.

R. ¿Qué puede hacer la Generalitat?

R. Más allá de las acciones legales que considere, tiene tres escenarios. Uno es acatar la obligación de remitir información semanalmente, lo que supondría la retirada de las medidas de excepción aprobadas este viernes. Otro, aceptar el decreto de no disponibilidad de gasto y ceder a Hacienda el control de sus cuentas facilitándole las facturas pendientes. El tercer escenario sería rechazar el decreto de no disponibilidad, en cuyo caso los efectos prácticos serían los mismos: el control estatal de las cuentas, pero incurriendo en el impago de los servicios no fundamentales. Si la Generalitat rechaza facilitar al Estado la información necesaria eso complicará algunos abonos clave. El pago a proveedores sería más sencillo de realizar dado que Hacienda tiene en sus manos las facturas hasta ahora enviadas por éstos, dentro del Fondo de Liquidez Autonómicas.