La Fiscalía redobla el compromiso por la protección de mujeres víctimas de violencia de género
La violencia no es inevitable, podemos cambiar las normas y estructuras que la perpetúan
En 2023, el Ministerio Público chileno atendió a 99.808 mujeres mayores de 18 años víctimas de violencia de género (fundamentalmente delitos sexuales y/o de violencia intrafamiliar), mediante las Unidades Regionales de Atención a Víctimas y Testigos. Ese mismo año, 32.765 niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar recibieron atención. Estas unidades de atención cuentan con equipos especialistas que ...
En 2023, el Ministerio Público chileno atendió a 99.808 mujeres mayores de 18 años víctimas de violencia de género (fundamentalmente delitos sexuales y/o de violencia intrafamiliar), mediante las Unidades Regionales de Atención a Víctimas y Testigos. Ese mismo año, 32.765 niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar recibieron atención. Estas unidades de atención cuentan con equipos especialistas que entienden la gravedad de la violencia, ofrecen medidas de protección de manera respetuosa, sensible y profesional, sin discriminación de ningún tipo. La Fiscalía debe proporcionar medidas de protección que cautelen la integridad física, psicológica y moral, evitando tratos victimizantes, asegurando que los niños y niñas que presencien eventos de violencia reciban cuidados adecuados.
Las mujeres víctimas de delitos de violencia de género que acuden por atención y protección son víctimas de violencia física, sexual, psicológica o económica. Esta violencia, además de ser una violación de los derechos humanos, tiene un impacto devastador en la salud física y mental de las mujeres, limitando su capacidad para participar plenamente en la sociedad. Las alarmantes cifras son un llamado, una expresión de la emergencia a la que estamos asistiendo y nos exige redoblar nuestro compromiso para que la violencia y la discriminación deje de ser una realidad cotidiana de muchas mujeres, niñas y adolescentes. Sólo así avanzaremos en seguridad, en una mejor convivencia, en una sociedad inclusiva. La violencia de género es una interrupción para que las mujeres, las niñas y adolescentes, y la sociedad en general, pueda desarrollarse.
La atención y protección de estas víctimas es tarea del Ministerio Público. Los funcionarios y fiscales deben facilitar el acceso a la información de manera clara y oportuna, brindar un trato digno y respetuoso, otorgar protección oportuna cuando sea necesario, facilitar su participación en el proceso penal y respetar su voluntad como víctima.
Desde el Ministerio Público nos comprometemos a fortalecer la atención y protección de estas víctimas, asegurando que reciban la atención adecuada en todas la Fiscalías a lo largo del país, capacitando a nuestros funcionarios y funcionaras y fiscales para mejorar la sensibilidad y la calidad de la respuesta institucional, coordinando especialmente con las policías, para mejorar la atención en las denuncias previniendo la revictimización.
Queremos promover la denuncia, facilitando el acceso a la justicia para que las víctimas de violencia de género puedan avisar sobre sus casos de manera segura y sin temor a represalias.
Esperamos que cada 8 de marzo podamos mostrar avances y esperanza en la reducción de la violencia hacia las mujeres. Seguiremos trabajando juntos para promover la igualdad, el respeto y la seguridad de todas las personas. La violencia no es inevitable; podemos cambiar las normas y estructuras que la perpetúan.
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